A casi dos semanas de la millonaria subasta por la que el empresario Eduardo Constantini adquirió El Entrevero –el campo que perteneció a Lázaro Baez hasta su decomiso en 2018– la Justicia uruguaya se prepara para escuchar ofertas por otra propiedad del empresario patagónico en suelo charrúa: se trata de un lote de casi 2000 metros a no más de 5 kilómetros de San Ignacio, cuyo precio de venta podría superar los 400.000 dólares, según estima una fuente del rubro inmobiliario en el país vecino. “No es tan importante”, dice, en contraste con el campo de 150 hectáreas que Constantini adquirió por 11.200.000 dólares hace pocos días.

Al igual que El Entrevero hasta su venta, este terreno fue decomisado en 2018 por una presentación judicial y está en manos de la Justicia uruguaya desde entonces. De hecho, la intención de la Asociación Nacional de Rematadores y Tasadores, la organización que deberá poner en marcha la subasta, era vender las dos propiedades el 8 de enero, pero el trámite de la documentación de ambas propiedades corría a destiempo y por carriles separados. “Se va hacer de todos modos”, aseguran las fuentes consultadas.

Este lote está ubicado aún más cerca que el campo de la rotonda de acceso a la ciudad uruguaya de José Ignacio, a poco más de 30 kilómetros de Punta del Este. La fecha del remate se fijará recién cuando la entidad que preside Pablo Ponce de León reciba de Presidencia la notificación oficial para ejecutarla. A partir de allí serán entre 40 o 50 días, calculan las fuentes.

El terreno continúa dentro del Fondo de Bienes decomisados bajo la órbita de la Junta nacional de drogas, que depende del Poder Ejecutivo uruguayo. Según consignó el diario uruguayo El País, Presidencia ya autorizó la subasta.

En su momento, los legisladores argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña solicitaron que se investigue por la posible comisión del delito de lavado de activos a los directores y accionistas de un amplio conjunto de sociedades. Además de Austral Construcciones, la firma insignia del conglomerado empresarial de Baez, entre ellas estaban, Relway Company SA, Badial Sociedad Anónima, Teegan Incoporater, SGI Argentina SA; SGI Bursátil Sociedad de Bolsa SA y ATC Argentine Trust Company SA.

“Se cumplió el objetivo que nos propusimos al hacer la denuncia en Uruguay: que los hechos no quedaran en la impunidad. La corrupción atraviesa fronteras y por lo tanto la respuesta debe abarcar a todos los países involucrados en las maniobras ilegales”, dijo Garrido a LA NACION.

En la denuncia de abril de 2013, apalancada también en una investigación de LA NACION, se señalaba: “Según las declaraciones del Sr. Federico Elaskar, a principios del año 2011, el Sr. [Leonardo] Fariña se puso en contacto con él – en ese entonces dueño de S.G.I. Argentina S.A.- a fin de realizar una serie de operaciones por cuenta y orden del Sr. Lázaro Báez, a quien llamaba “su cliente”. Estas operaciones consistían en armar una estructura societaria y bancaria en el exterior para poder reciclar el dinero “negro”, es decir, ilícito, del Sr. Báez. Al efecto se habrían creado entre 40 y 45 sociedades off shore”.