En el sprint final del proyecto de ley de reforma laboral rumbo a la votación en el Senado, prevista para este miércoles, el Gobierno se muestra abierto a sumar cambios, cuyos eventuales detalles y alcances son mantenidos bajo un fuerte hermetismo. Con algunas modifiaciones en el texto final, la Casa Rosada cree que lograría el apoyo de los gobernadores.

Por lo pronto, la mesa política se reunirá este martes, a las 11, en la Casa Rosada, en la previa al debate y con la mira puesta en el último tramo de definiciones. Para entonces ya tendrán los resultados de la reunión que este lunes, a partir de las 18, mantendrá la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con jefes de bloques aliados.

En paralelo, el titular de Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión con Leandro Zdero, gobernador de Chaco, y podría sumar nuevos contactos con otros mandatarios provinciales en las próximas horas.

Santilli se mostró hoy optimista sobre la aprobación del proyecto al sostener y dejó la puerta abierta a cambios. “Siempre es importante ver otras miradas y aceptar miradas de otros siempre y cuando el objetivo no sea modificar la ley”, dijo el exdiputado macrista.

Se trata de una postura compartida en otras terminales del oficialismo, en las que se muestran abiertos a receptar modificaciones, aunque no a cualquier precio. “No puede haber gatopardismo”, dijo otra fuente consultada.

En la mira está fundamentalmente lo que podría suceder con el impuesto a las ganancias a las empresas, apartado que en el Gobierno intentarán retener hasta último momento.

Todo se prevé que esté sobre la mesa en el encuentro de la mesa política, este martes. Encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lugar es el espacio elegido para canalizar posturas.

La mirada está puesta fundamentalmente en el futuro del capítulo fiscal del proyecto. En especial lo que tiene que ver con el artículo que reduce alícuotas del impuesto a las ganancias para grandes empresas, que alcanzaría a la recaudaciones provinciales y tensa la relación con los gobernadores.

“La realidad es que está todo en análisis. No hay ninguna definición”, aseguró otro alta fuente de Casa Rosada a LA NACION sobre el tema respecto del futuro del capítulo.

Según dejan trascender distintas fuentes consultadas, es que si bien la postura compartida por todos es que la ley idealmente debería salir completa, la realidad de las negociaciones podría terminar indicando otra cosa.

En las distintas filas del Gobierno descartan que haya una división entre dos bandas respecto de lo que hay que hacer con el capítulo. “No hay duros o blandos. Se está discutiendo cómo hacer frente a la situación”, dijo una de las personas que integra la mesa. “El mandato es sacar la ley”, simplificó. “El tema es si se puede o no negociar con los gobernadores”, completó.

Buscó así dar de baja las versiones que incluso salieron de la propia Casa Rosada, en la que se hablaba de una actitud más firme respecto a mantener el capítulo tal y como está, en la que estarían el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Y que apuntaba a que en la línea más abierta a la negociación se ubicarían Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; y el subsecretario y armador político, Eduardo “Lule” Menem. Quienes llevan adelante el diálogo con los gobernadores y legisladores, cuyas voluntades se necesitan para lograr la aprobación.

“No se trata de bandos o duros o blandos, lo que está en análisis es cómo proceder ante la situación dada”, aseguró una de las voces.

“Vamos a pelear hasta último momento para que salga como está, pero si a último momento no se puede, quedará afuera. La ley hay que sacarla”, dijo una de las voces de esa mesa a LA NACION.

Por lo pronto, durante la última semana, el Gobierno recibió dos buenas noticias que se transformaron en señales alentadoras: los gobernadores cancelaron la reunión que iban a tener en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para explorar una postura común y también se celebró que el gobernador cordobés, Martín Llaryora, haya cancelado su encuentro con la cúpula de la CGT.

Hasta ahora, las principales diferencias con los mandatarios provinciales están en lo respectivo a la baja al impuesto a las ganancias de las empresas, lo que afectaría los recursos coparticipables. “Si aprobamos la ley pasan seis meses y van a ver que tenemos razón. Nos lo van a agradecer”, explicó un hombre del primer piso de Balcarce 50, convencido de que las provincias terminarán recaudando más de lo que piensan. “Van a recibir más por las reactivación de la economía”, aseguraron.