CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei les pidió a los gobernadores que pongan en marcha un ajuste de US$60.000millones para reducir el gasto total a 25 puntos del PBI el año próximo. Si bien los mandatarios esperaban que se refiriera a ellos en el discurso, la cifra los sorprendió por “disparatada”. Así lo definieron en diálogo con LA NACION varios gobernadores y funcionarios provinciales. Coincidieron en plantear que, con la “federalización” de las obligaciones y el recorte de las transferencias nacionales, un achique de esa magnitud equivaldría “a cerrar” el Estado.

Frente al rechazo inmediato que generó este planteo de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrán esta tarde una reunión vía zoom con gobernadores aliados.

“Corresponde que a las cuentas las paguen las provincias. Las provincias van a tener que hacer los ajustes que necesiten”, dijo el vocero Manuel Adorni, al ser consultado por el tema del recorte mencionado por el Presidente.

Los más molestos con la expresión de Milei se cuentan en Juntos por el Cambio (JxC).Cuatro mandatarios -que vienen insistiendo en que “colaboraron” todos estos meses con la gestión libertaria- subrayaron que la Nación “llegó al equilibrio de sus números gracias a los gobernadores aliados y gracias a haber cortado todas las transferencias a las provincias, programas, fondos, obras. Todo”.

Un dato clave en el marco de las negociaciones entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la devolución de la coparticipación ordenada por la Corte Suprema es que en la planilla donde está la proyección de envíos para el 2025 surge implícitamente que no hay una variación diferencial para ese distrito; los giros crecen al mismo ritmo que para el resto. Es decir, de manera automática no se cumpliría con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí podría hacerlo de manera indirecta al incrementar transferencias discrecionales.

Entre enero y agosto. las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibieron $6,4 billones menos entre transferencias discrecionales y coparticipación en comparación con 2023. Además, las fuentes consultadas repasaron que entre las “incógnitas” que todavía no resolvió la Casa Rosada es quién le pagará la deuda por obra pública acumulada con las empresas en los casos en que estos trabajos fueron transferidos.

“Sin esa cancelación, nada se puede reiniciar, y eso lo señalamos claramente al firmar los convenios con Nación”, apuntó un gobernador de la región Centro. También continúa el “incumplimiento” del pago de la compensación del Pacto Fiscal y el flujo de las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.

Sobre ese punto, el artículo 59 del proyecto señala: “Establécese como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales de la Anses $ 254.421.000.000 para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Grupo 07, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales”.

Es decir, fija crédito presupuestario, pero en ese mismo artículo sostiene que se va a destinar a aquellas provincias que acrediten déficits previsionales (2021 en adelante) y que firmen convenio con la Anses, organismo que será, además, el que reglamente estos envíos. El economista Alejandro Pegoraro, de Politikon Chaco, adviertió: “Tranquilamente podrían seguir en $0 las transferencias si Anses determina que no corresponde hacerlas y/o no avanza en convenios”.

Un mandatario patagónico ratificó que “gran parte del logro de haber equilibrado las cuentas fue por todo lo que les sacaron a las provincias”. Los agrupados en JxC señalaron que la Casa Rosada deberá negociar con ellos para lograr la aprobación del presupuesto 2025 y, en ese caso, para reunir apoyos “deberá pagar algunas de las deudas que fue postergando”.

Desde el lado de los “peronistas dialoguistas” -Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)- reaccionaron con menos enojo ante los dichos de Milei. Para uno de ellos, el mensaje estuvo dirigido al bonaerense Axel Kicillof y al riojano Ricardo Quintela. “Esperamos más precisiones”, planteó otro.

Precisamente, el ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue terminante este lunes: “No vamos a hacer ese ajuste, nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque queremos lo contrario”.

En el Pacto de Mayo firmado en San Miguel de Tucumán el 9 de Julio figura el objetivo de que el gasto público consolidado alcance al 25% del PBI, pero no establece fecha. Para los economistas consultados por este medio es claro que “llevará varias administraciones, no de un año para otro”.

Politikon Chaco analizó algunos aspectos del presupuesto relacionado a la distribución a provincias y CABA: las transferencias automáticas (coparticipación) representarían el 49% la recaudación (excluyendo comercio exterior y seguridad social), un nivel superior al de los años 2021- 2024. El texto proyecta que alcancen los $57 billones en el 2025, equivalente a 7,5% del PBI. Si se comparan estos envíos respecto al proyecto de presupuesto 2024 (no aprobado), indican una suba del 117,2% aunque esa comparación no es representativa debido a la modificación sobre los montos nominales, producidos principalmente, por inflación y en menor medida por el impacto de Ganancias de sociedades observado en mayo pasado.

Si se parte del supuesto que la recaudación tributaria crecería 37,6% en 2025 (según el mensaje del proyecto de presupuesto), las transferencias automáticas podrían crecer el 39%.

Las no automáticas rondarían los $3,6 billones ($3,3 billones corresponden a transferencias corrientes y $ 0,3 billones a transferencias de capital). La novedad es que, aun con una base nominal baja en relación con el presupuesto -equivaldrían al 3,1% del gasto- aumentarían 69,9% respecto al cierre estimado para el 2024.

“Esta estimación cae en cierta contradicción discursiva con el deseo del Estado nacional de continuar profundizando el recorte de envíos no automáticos. Sin embargo, no es posible determinar con exactitud cuál o cuáles serían los programas donde se apoyaría la suba estimada, al no contar con los datos desagregados de los mismos. De igual manera, el proyecto no desagrega la distribución de estas transferencias por distritos”, dice Pegoraro.