El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado este martes por los dichos del presidente Javier Milei, quien había asegurado que el Gobierno “deportó a 20.000 terroristas” a lo largo de este año. En respuesta, el portavoz sostuvo que parte de los extranjeros extraditados podrían representar un “peligro para la seguridad nacional”, aunque evitó dar precisiones al respecto.

Durante una rueda de prensa emitida desde la Casa Rosada, Ravier sostuvo que el Presidente se refirió de este modo a una serie de medidas que se llevaron a cabo en los pasos fronterizos. Este endurecimiento habría apuntado a “proteger el territorio” frente a perfiles de riesgo.

Tras una serie de repreguntas por parte de los periodistas acreditados sobre si efectivamente todos ellos formaban parte de organizaciones o entramados terroristas, el vocero dijo: “Parte de ellos sí, y otra parte no cumplía con los requisitos de ingreso que establece nuestro país. En todo caso, es importante que cuidemos nuestras fronteras para proteger a los argentinos, algo que no pasaba antes con otros gobiernos”.

Según detalló más tarde, el 72,3% de los rechazos correspondieron, en realidad, a personas que intentaron entrar sin cumplir las exigencias legales, con condenas previas o antecedentes. En cuanto a la procedencia de los involucrados, el portavoz precisó que el 21,7% provino de Brasil, seguido —en cantidad— por ciudadanos provenientes de Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia.

Estas expresiones buscaron fundamentar lo señalado por Milei en una entrevista en LN+, donde aseveró que el Gobierno echó a 20.000 terroristas en lo que va de 2026 y a otros 10.000 durante el año anterior.

Sin embargo, tal como informó LA NACION, las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad no incluyen registros de personas calificadas bajo esa figura. Los números del área arrojan que entre diciembre pasado y agosto se concretaron 744 expulsiones y se registraron 18.947 impedimentos de ingreso.

Dentro de las planillas oficiales de la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva, la mayoría de las intervenciones respondieron a faltas administrativas o cuestiones judiciales. Hubo 8008 casos encuadrados como infracciones migratorias y 6298 personas rechazadas por no contar con documentación habilitante.

Además del eje sobre el control fronterizo y la situación de los extranjeros expulsados del país, el portavoz justificó las modificaciones recientes en el esquema de personal de la residencia de Olivos, donde se despidió a al menos 12 personas del equipo.

Sobre ello, aseguró que los cambios respondieron a dos motivos: las previsiones de seguridad ante la visita del papa Francisco y la detección de “amenazas dirigidas a funcionarios de alto nivel”. En ese marco, confirmó que la Casa Militar asumió de forma directa la protección de cualquier residencia que ocupe el jefe de Estado.

En materia económica, Ravier sostuvo que la Argentina presenta “de los salarios en dólares más altos de la región” y defendió la desregulación del mercado para bajar costos y ganar competitividad en las exportaciones. Al ser consultado sobre el impacto laboral de las importaciones en ciertos sectores industriales, admitió la complejidad del proceso, pero ratificó la orientación oficial.

En cuanto a los índices sociales, el vocero relacionó los niveles de pobreza con la evolución de la inflación y afirmó que la pobreza bajó del 50% a un 32%, aunque reconoció un impacto reciente en la canasta básica a raíz de lo que calificó como “un ataque político”. “Como el IPC volvió a bajar, creemos que es una situación transitoria”, sostuvo, al tiempo que aseguró que la economía atraviesa un cambio estructural impulsado por el sector energético y petrolero.

Frente a la suba del riesgo país, el funcionario atribuyó el indicador a condicionantes externos, entre los que citó los conflictos en Medio Oriente y el alza de la tasa de interés en Estados Unidos, factores que afectan la liquidez de los mercados emergentes.

En relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que el país “sobrecumplió las metas de acumulación de reservas” y negó recortes estructurales en los pagos a prestadores del sistema de salud y de discapacidad: “Este gobierno no emite moneda para cumplir con el presupuesto; reasigna recursos. Más allá de alguna demora puntual, cumplimos con los pagos”.

Consultado sobre una eventual actualización sobre las metodologías del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el vocero descartó una modificación en el corto plazo. “Hoy no hay fecha. Quizás no es el mejor momento para hacerlo en pleno proceso de estabilización y tan cerca de las elecciones”, argumentó.