Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri que fue declarado rebelde por la justicia argentina, volvió hoy a Buenos Aires y se presentó a las 13 en los tribunales de Comodoro Py. Estaba radicado en Uruguay desde hacía más de tres años para eludir a la jueza María Romilda Servini, que lo buscaba para indagarlo por amenazas y extorsión.

Rodríguez Simón se declaró perseguido del kirchnerismo y ante el cambio de gobierno, solicitó regresar al país sin que lo arrestaran. Servini le concedió su pedido el 8 de mayo pasado. El objetivo de la jueza es que finalmente él declare en la causa por supuesta extorsión a los dueños del grupo Indalo. En la Argentina no existe el juicio en ausencia. Por eso, explicó la magistrada, estaba dispuesta a darle este permiso: si él no volvía -ni lo extraditaban-, el caso nunca avanzaría.

El exfuncionario llegó a los tribunales de Retiro media hora antes del cierre del horario de atención al público, de traje, corbata verde y anteojos de sol.

En el juzgado de Servini, que lo citó a indagatoria hace tres años y medio, lo esperaban para que firmara un acta para comprometerse a no fugarse. Pese a ello, Rodríguez Simón debió aguardar más de 50 minutos en el pasillo, frente a la puerta del juzgado de Servini. Esperó junto a los dos abogados que lo acompañaron, uno uruguayo y el otro argentino. El trámite duró menos de 15 minutos y Rodríguez Simón se retiró de Comodoro Py a las 14:20. Todavía no hay fecha para su indagatoria, dijeron a LA NACION fuentes de la causa.

Como paso previo al regreso a la Argentina, el exfuncionario había presentado a un amigo como su “fiador” para cubrir la caución que le puso la jueza para habilitarlo a volver y levantarle la orden de captura. El amigo en cuestión fue José María Torello, exjefe de asesores de Macri durante su presidencia. Según el acta labrada en el juzgado, Torello “aportó un inmueble” sobre el que “se celebró la correspondiente escritura pública de garantía hipotecaria hasta alcanzar la suma fijada en 3.120.000.000″. Torello, dice el acta, se comprometió “solemnemente a presentar a Rodríguez Simón cada vez que sea convocado” por el tribunal, “responsabilizándose in solidum por la suma de $3.120.000.000″.

Rodríguez Simón permaneció en Uruguay con un pedido de refugio político. En todas las instancias la autoridad administrativa uruguaya rechazó ese pedido de refugio, pero el trámite, con todos sus recursos, le permitió a Rodríguez Simón que no se activara la orden de captura internacional que Servini había dictado en su contra.

En mayo pasado, la Cámara Federal confirmó la decisión de la magistrada de habilitar el regreso de Rodríguez Simón sin que quedara detenido, pese a que el Ministerio Público Fiscal se había opuesto. Y en el mismo sentido falló la Cámara Federal de Casación, también con la oposición del fiscal.

La Cámara Federal ratificó el fallo de Servini con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que entendieron que en el caso se daban circunstancias excepcionales que justificaban ratificar la decisión de la jueza, pese al tiempo que hacía que el acusado era buscado por la justicia argentina. El camarista Martín Irurzun votó en disidencia. Afirmó que “el mantenimiento en el tiempo de la condición de prófugo” de Rodríguez Simón constituía “un factor de envergadura a la hora de merituar el riesgo de fuga”. Sostuvo que si ya “se sustrajo voluntariamente a la jurisdicción”, hay “razones fuertes para presumir un peligro procesal”, en referencia al peligro de que vuelva a escapar de la Justicia. En el mismo sentido se había pronunciado el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, que apeló la decisión de Servini de conceder la exención de prisión.

Bruglia, en cambio, dijo que “no se desconoce que fueron tres años” en los que el imputado estuvo rebelde, pero que no estuvo “oculto y con paradero desconocido”, sino que se instaló en Uruguay para “ejercer un derecho que entendió legítimo”: pedir que lo reconocieran como “refugiado político”. Bruglia destacó que Rodríguez Simón informó todo esto en el expediente. Consideró además clave que, tal como advirtió Servini, si el acusado no regresa el proceso no puede avanzar, y recordó que ella le impuso una serie de condiciones con el objetivo de impedir que vuelva a irse.

Bertuzzi coincidió con Bruglia en que había que tener en cuenta las excepcionales circunstancias de este caso, que colocan al acusado en una “situación procesal atípica” (porque estuvo tramitando siempre un refugio). Subrayó que la misma jueza que lo declaró rebelde después accedió a darle la exención de prisión y que la defensa siempre le informó al juzgado los trámites que el exasesor de Macri llevaba adelante en Uruguay.