Poco más de tres meses después de asumir, el abogado Joaquín Mogaburu dejará en las próximas horas el cargo de subsecretario de Derechos humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que se prevé que el próximo miércoles asumirá en su lugar el abogado penalista Leonardo Szuchet, quien cumpliera funciones en el área durante el gobierno nacional de Cambiemos y la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad.

El recambio en el área de Justicia, con la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro, selló la suerte de Mogaburu, cercano a Sebastián Amerio, ex número 2 de Justicia durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona. En el contexto del avance de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por sobre el asesor presidencial Santiago Caputo (frustrado promotor de Amerio para ese ministerio) Mahiques buscó “una persona de su confianza” para ese delicado puesto, eje de la batalla por la “memoria completa” que el Gobierno disputa con las organizaciones de derechos humanos.

Actual vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos, Szuchet fue jefe de gabinete de Claudio Avruj, cuando el actual director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), era secretario de derechos humanos del gobierno de Cambiemos. Mahiques también conoce bien a Avruj: fue parte del equipo de Germán Garavano, cuando éste fungía como ministro de Justicia de Macri, y tuvieron muchos temas en común.

Durante la segunda gestión de Macri en la ciudad (2011-2015), y con Avruj como subsecretario de derechos humanos, Szuchet ocupó la dirección de atención a las víctimas, e intervino en casos resonantes como la tragedia de Once.

La sede de la subsecretaría de Derechos Humanos se ubica en el predio de la exESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde se estableció uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura (1976-83).

Más allá de los cambios de nombres, no se esperan modificaciones de fondo para la política de derechos humanos, centrada en la búsqueda de “memoria completa” sobre lo ocurrido durante los años setenta en el país. Una posición que confronta con la de los organismos de derechos humanos y rescata la tarea de las Fuerzas Armadas en el combate a las organizaciones guerrilleras.

El video oficial, distribuido el martes pasado en las redes sociales en conmemoración del golpe de Estado de marzo de 1976, contuvo el testimonio de Arturo Larrabure, asesor del Ministerio de Defensa e hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, asesinado por el ERP en 1974, y el de Miriam Fernández, nieta recuperada número 127 pero distante de las posturas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Aún antes de la llegada de Mogaburu, y mientras la mayoría de los edificios presentaba graves signos de deterioro por la falta de inversión, con goteras en los techos y frentes descascarados, corrían los rumores sobre el eventual traslado de la sede de la subsecretaría desde la actual sede, en el predio de la ex Esma, hacia un edificio del barrio de San Telmo, aunque esa iniciativa volverá a ser examinada por la nueva conducción del área.

Bajo la gestión de Alberto Baños, antecesor de Mogaburu, se acondicionaron dos edificios de ese mismo predio en tiempo récord para trasladar allí los archivos de la causa por el atentado a la AMIA.

Archivos que cobran valor ante la inminencia del juicio oral en ausencia a los ex funcionarios iraníes acusados por su participación en el atentado terrorista contra la mutual judía, en julio de 1994. Otro edificio, denominado ex presidente Raúl Alfonsín, también se encuentra por estos días en refacciones, para instalar allí oficinas de la Procuración que encabeza, de modo interino, el procurador general Eduardo Casal.