No se trata de una teoría científica, pero en la última década ha sumado evidencia empírica. El “síndrome del tercer año” remite a la problemática repetida a la que se han enfrentado los últimos gobiernos cuando empezaron a transitar la segunda mitad de su mandato.

En el libro “La última encrucijada” se desglosa el proceso en un párrafo: “El esfuerzo realizado para la elección de medio término en el plano económico, pero también en el político, en general desacomoda a las administraciones y las lleva a colapsar en el tercer año. La secuencia sería más o menos la siguiente: en el primer año los gobiernos tratan de asentarse, de encontrar una dinámica, y de integrar roles de un gabinete que cada vez se conforma más improvisadamente sobre el límite de la asunción. Es decir, tratan de ver dónde están parados. Al siguiente, necesitan revalidar electoralmente para tener un horizonte de continuidad, y en consecuencia ordenan los gastos y las prioridades en función de la campaña. El desequilibrio que generan en ese segundo año, ganen o pierdan, impacta en forma decisiva en el tercero, que es el que supuestamente está destinado a gobernar sin interferencias electoralistas. Y allí colapsan, en general en el primer semestre. Se quedan sin recursos, sin plan y sin financiación”.

No se trata de un designio del destino, pero sí de un fenómeno que empezó a cobrar algún fundamento en los últimos años de estancamiento económico y desilusión social.

Por distintos motivos, les pasó a los últimos tres gobiernos. Cristina Kirchner, con Axel Kicillof al frente de Hacienda, tuvo que apelar a una fuerte devaluación a principios de 2014, en medio de un programa económico que ya lucía insostenible. Mauricio Macri entró en crisis cuando le cortaron el crédito externo a principios de 2018 y en abril debió recurrir al FMI en medio de un tembladeral financiero y monetario. La gestión de Alberto Fernández colapsó en junio de 2022, cuando la salida de Martín Guzmán terminó por descalibrar todas las variables y se ingresó en una fase de artesanías y manualidades. En los tres casos, el quiebre del tercer año tuvo un origen económico y marcó la licuación definitiva del poder de esos gobiernos y un declive irreversible que terminó en derrotas electorales.

Javier Milei acaba de ingresar esta semana a su tercer año de gestión en un contexto que, a priori, no parece presagiar que será una nueva víctima del síndrome. Viene de ser revalidado con amplitud en las urnas, ensanchó sus bloques legislativos, la oposición exhibe un desconcierto paralizante, el equilibrio fiscal no se alteró por las elecciones, tiene por delante una cosecha provechosa, cuenta con alternativas para los próximos vencimientos de deuda y Estados Unidos apoya al Gobierno. Objetivamente está en una situación más favorable incluso que Macri al finalizar 2017 (Cristina y Alberto perdieron las elecciones de medio término así que su posición era sin duda mucho más compleja).

Pero el síndrome del tercer año está allí, latente, como un recordatorio molesto para moderar la embriaguez de los balances provisorios. Al mirar el horizonte, parece quedar claro que por el momento no emergen amenazas desde el plano político. El peronismo se quedó sin liderazgos ni recursos intelectuales para generar una alternativa creíble al plan libertario, y la representación social de los gremios y organizaciones está erosionada.

El resto de los actores se esfuerza por ubicarse en una incómoda situación intermedia, de espaldas al kirchnerismo y de frente al Gobierno, para ver cómo negociar del mejor modo. Está claro que la fuerza de atracción está en el polo derecho, hacia donde se desplaza el sistema. Algunos se pasan directamente a LLA; otros apenas se deslizan con elegancia. Pero la mirada está volcada hacia ese extremo. Es el nuevo factor ordenador frente a una polarización que quedó desbalanceada.

En definitiva, el único riesgo real en lo político reside en el propio oficialismo, en su capacidad para generarse problemas autoinfligidos. Si bien hoy la interna que tanto afectó la gestión cedió, también es cierto que recién a partir de esta semana el nuevo esquema de poder será puesto a prueba, cuando el Congreso reasuma su actividad.

Pero el panorama luce mucho menos lineal en el terreno económico y social. Allí se combinan indicadores favorables con otros menos promisorios. Si hay algún riesgo real para Milei en su tercer año, parece mucho más probable que emerja en este plano.

El foco principal de los dos primeros años estuvo depositada en el ordenamiento fiscal, la baja de la inflación, el sinceramiento de las variables macro y el manejo de las finanzas. Es un set de objetivos con los que Milei y el ministro Luis Caputo se sienten profundamente consustanciados. Ahora el desafío es sostener esos logros, pero al mismo tiempo recuperar el ritmo de actividad económica, el consumo y el empleo, conceptos con los que la mirada libertaria se siente menos identificada.

Los economistas Martín Rapetti y Pablo Gerchunoff sintetizaron esta problemática a través de un trilema que, según ellos, atraviesa la gestión libertaria, y que está definido por la imposibilidad de lograr al mismo tiempo bajar la inflación a través del anclaje cambiario, sostener el equilibrio fiscal y generar empleo.

“Tendemos a pensar que el Gobierno va a buscar sostener las dos primeras variables y va a resignar la última”, pronostica Rapetti. Apela entonces a la estadística de los primeros años del menemismo para demostrar que la retracción laboral fue la principal consecuencia de ese esquema cambiario con apertura comercial, que tiene analogías con el actual.

En sus gráficos expone cómo entre 1991 y 1994, el período virtuoso de la convertibilidad, hubo crecimiento económico, aumento de la producción y suba de salarios en dólares, pero al mismo tiempo una fuerte pérdida de puestos de trabajo.

El economista Lucas Tettamanti, de la consultora Empiria, tradujo los contrastes actuales al destacar, por un lado, que en el bienio 2025-2026 la Argentina podrá encadenar por primera vez desde 2010-2011 (excluyendo la pandemia) dos años seguidos de crecimiento. Pero al mismo tiempo advierte un doble riesgo en el horizonte. El primero, vinculado al tipo de cambio y la acumulación de reservas, donde ve “un esquema que parece estar agotado y que necesita recalibrarse, porque mientras el techo de las bandas sube al 1% por mes, la inflación acaba de dar 2,5% en noviembre”. El segundo, relacionado con la necesidad de reactivar y generar empleo, porque “hoy hay un crecimiento muy heterogéneo”.

El tercer año de gestión de Milei tiene como desafío central demostrar la sustentabilidad de su programa económico. No debe preocuparse por la gobernabilidad como hace unos meses, ni desvelarse por elecciones próximas. Tiene el camino despejado para lograr la transformación que prometió.

En ese recorrido que parece promisorio, afloran tres líneas de falla a monitorear, trazas en la superficie que pueden denotar problemas debajo de la corteza. La primera, de carácter económico, a partir de una división entre sectores que exhiben un notable dinamismo y capacidad de adaptación a las nuevas coordenadas económicas (energía, minería, campo, economía del conocimiento) y otros que se mantienen en retracción (industria, comercio, construcción).

La pregunta en este aspecto es si el país está en un proceso de recuperación en dos velocidades, o si avanza hacia un modelo que está concebido para que haya algunos ganadores y perdedores que jamás lograrán reconvertirse. Si es una cuestión de ritmo, debería empezar a recomponerse en el transcurso de 2026, antes de que el deterioro ahogue los síntomas de recuperación.

La segunda línea de falla es social, con segmentos dolarizados que hoy pueden viajar más al exterior y comprar vehículos de alta gama y propiedades, y otros que han relegado consumos básicos, no llegan a fin de mes y empezaron a endeudarse para gastos corrientes. Puede tratarse de una fase de transición natural después de muchos años de estancamiento económico, pero también podría ser el anticipo de una sociedad que se va estratificando en dos niveles cada vez más distanciados, en la cual la clase media ancha que caracterizó a la Argentina moderna deje de actuar como amalgama y factor de integración.

Y la tercera es de naturaleza geográfica, en la cual hay regiones muy dinámicas y promisorias, que se ubican en la zona andina con el boom minero, en la Patagonia con la energía y en el centro del país con la actividad agropecuaria; mientras que los grandes conurbanos vinculados al movimiento industrial y al comercio no logran repuntar y no visualizan un futuro expectante frente a la apertura comercial.

Esto tiene un correlato demográfico natural, ya que las zonas más favorecidas están mucho menos pobladas, por lo cual habrá que ver si ese corrimiento de los ejes productivos es acompañado por migraciones internas que la complementen. En caso contrario, estará germinando un conflicto distributivo en cámara lenta.

La pregunta de fondo al repasar esas tres líneas de falla es si la Argentina se está transformando en un país diferente, con una configuración económica y social distinta a la que la caracterizó en las últimas décadas. Y sobre todo, si ese nuevo país es estructuralmente mejor que el anterior, el que cerró un ciclo histórico con la elección de 2023.

El último estudio de la consultora Moiguer hace una radiografía de esas transformaciones y detecta una nueva anomalía en el comportamiento social de la era Milei. Al igual que todas las encuestas, midió una sustancial mejora en el ánimo después de las elecciones, pero dentro de una paradoja que es una recuperación de la esperanza sin que se recomponga el consumo.

Entre el tercer y el cuarto trimestre las expectativas de mejora económica para el próximo año subieron de 33% a 42%. Según Fernando Moiguer, titular de la consultora, esto se debe a la “estrategia multitarget del Gobierno, que sostiene a la clase baja con la AUH (está en su máximo en valores reales, después de haber llegado al piso en noviembre de 2023, paradójicamente), a la clase media con estabilidad cambiaria y ausencia de conflictos (nadie habla de ”diciembre caliente") y a la clase alta con apertura, RIGI y dólar barato”.

Pero así como identificó un aumento en la esperanza, el sondeo también revela que quienes dijeron que debieron reducir sus gastos cotidianos aumentaron del 35% al 37%, y los que admitieron que se quedan sin dinero antes de fin de mes fueron el 50%. En el trabajo volvió a surgir con fuerza la perspectiva laboral negativa, que fue del 37%, con un pico de 43% en el AMBA. Es decir, hay un optimismo frágil, una necesidad de creer, incluso contra la propia evidencia personal. Se trata de un fenómeno inédito que Milei ha logrado sostener, a pesar de todo.

La estrategia del Gobierno para enfrentar su tercer año de gestión ha sido apostar a las reformas estructurales. El planteo que verbalizan en la Casa Rosada es que, después del ordenamiento, viene la etapa de los transformaciones de fondo. Es decir que interpretan que por el momento no se requiere de ajustes coyunturales (tipo de cambio, acumulación de reservas) sino flexibilizar la legislación laboral y modificar la matriz impositiva.

Son cambios con impactos en el mediano y largo plazo, lo cual presupone que el Gobierno no está preocupado por un eventual incremento de la demanda social en los próximos meses. El Presidente ha demostrado una gran capacidad de resistencia a las presiones en distintos momentos de su gestión. En muchos de esos episodios, la firmeza le retribuyó con victorias; en otras, supo disimular con pragmatismo y negación.

Esta estrategia empezará a ser sometida a prueba a partir de esta semana, con el tratamiento del presupuesto en Diputados (el oficialismo aspira a aprobarlo el jueves) y de la reforma laboral en el Senado (el martes arranca en comisión). Es clave para demostrar que el Gobierno puede traducir en hechos concretos el amplio apoyo electoral que cosechó. Es una señal que espera darles a los mercados, al FMI, a EE.UU. y al sistema político en su conjunto.

También es fundamental para testear si el nuevo esquema de interlocución con los gobernadores resulta eficaz. La semana se inicia con dudas, porque el ministro del Interior, Diego Santilli, todavía no logra los guiños económicos necesarios para cumplir con las demandas de las provincias. El tramo final de la negociación promete ser muy dura.

No menos compleja emerge la discusión por la reforma laboral. Patricia Bullrich asegura tener el número de votos para avanzar en dos o tres semanas en el Senado. Lo que busca en realidad es lograr una aprobación de arremetida, porque si se abre un debate en profundidad corre el riesgo de que el proyecto de casi 200 artículos sea destripado. El problema no es la aprobación en general, sino en particular, porque como ocurrió con la ley ómnibus original, el Gobierno vuelve a apelar a proyectos maximalistas de amplio alcance.

Bullrich teme que los radicales condicionen su apoyo a la instrumentación de muchos cambios y desnaturalicen el proyecto. La exministra es, junto con Federico Sturzenegger, parte del ala dura del Gobierno en el tema. Son los que bregaron para embestir contra el poder sindical, pese a las advertencias del ala dialoguista de Santilli, Santiago Caputo y Martín Menem. Estas diferencias demoraron unos días la presentación del texto en el Congreso y podrían volver a emerger en el tratamiento legislativo.

Será el puntapié inicial para el tercer año de gestión, cuando Milei empezará a poner en juego el éxito definitivo de su plan económico y de su proyecto político. Es el punto de quiebre que diferencia a los gobiernos que inician su declive y los que saben que no pueden quedarse recostados en el confort de los logros obtenidos. Comienza la fase decisiva.