ROSARIO.- Lo que hoy es un simple montón de tierra que llega hasta la orilla del río Paraná, en un predio que era una guardería de lanchas, en la localidad de Puerto General San Martín, a 35 kilómetros al norte de Rosario, es en realidad una firma ligada a Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, preso en Bolivia y acusado del intento de femicidio de su pareja Nadia Beller.

Esa firma, Sanabria SRL, brinda “servicios portuarios” a las barcazas que navegan por la hidrovía. Lo extraño, según pudo comprobar LA NACION, es que la empresa tiene el aspecto de ser un fantasma, aunque en que se encargaría de la provisión de combustibles a las barcazas que navegan esa ruta fluvial desde Bolivia y Paraguay a la Argentina.

Ese montículo de tierra que parece una bajada precaria hacia el Paraná, que hasta hace un año era una guardería de lanchas, se encuentra a pocos metros del puerto de Cofco, que es uno de los más importantes de la Argentina. En esa zona están asentadas las principales terminales portuarias agroexportadoras, como Bunge, Cargill, Terminal 6, entre otras.

Se trata de un lugar estratégico en la actividad portuaria y de la Hidrovía, aunque en el predio de Sanabria SRL no se ven inversiones en infraestructura. El predio no cuenta actualmente con la habilitación definitiva por parte del municipio de Puerto General San Martín, pero –según fuentes consultadas- tiene una autorización provisoria de parte de Prefectura Naval Argentina.

A partir de la revelación que hizo el periodista Fabricio Navone sobre este tema en el portal LPO, el nombre de Cerimedo y de esta empresa empezaron a preocupar y disparó la pregunta: ¿Para qué se usaría una firma en la Hidrovía que hoy es un fantasma? Esta ruta fluvial es un engranaje clave del negocio agroexportador, pero también se transformó durante los últimos años en una ruta de la cocaína hacia Europa, Asia y Oceanía.

El 11 de agosto pasado, LA NACION publicó que cuatro hombres fueron detenidos por la Prefectura Naval Argentina cuando, al amparo de la oscuridad de la medianoche, estaban a punto de concretar una maniobra conocida en la jerga como “contaminación” de un buque: subir desde una lancha un cargamento de cocaína a un barco granelero que navegaba aguas arriba, a la altura de la localidad bonaerense de San Nicolás.

El operativo terminó con casi media tonelada de droga secuestrada —497 kilos en total— y dejó al descubierto, una vez más, la mecánica con la que las organizaciones de la región intentan introducir estupefacientes en la ruta de exportación sin que quede registrado en las operaciones portuarias.

Sanabria SRL funcionaba originalmente como una guardería náutica —inscripta bajo el rubro AFIP 524220, servicios de guarderías náuticas— antes de reconvertirse para prestar servicios navales. Originalmente, ese lugar era una guardería de lanchas que se llamaba “Lo de Mirto”.

Según señaló gente de la zona a este diario, siempre fue un lugar precario, que ni siquiera tenía maquinaria especializada para bajar las embarcaciones, que se llevaban hasta el río en un tractor bastante deteriorado. Pero ese lugar prácticamente abandonado se transformó luego en una firma con capacidad para suministrar combustible a las barcazas que transitan la hidrovía.

Cerimedo entró en el negocio portuario a través de un traspaso accionario que se llevó adelante el 31 de mayo de 2024, pero que recién fue publicado en enero de 2026. Ingresó de la mano de la sociedad Surlibre Inversiones SA. Según datos del Boletín Oficial de Santa Fe, Sergio Ezequiel Amarilla cedió 100 cuotas sociales a favor de Surlibre Inversiones SA, e Iván Alberto Sanabria –quien era el referente de la guardería- cedió 50 cuotas sociales a favor de la misma sociedad, cuyo directivo es Fernando Cerimedo.

Pero la administración de esa sociedad quedó a cargo de Iván Alberto Sanabria, Amarilla y Vicente Federico Quintanal, en forma conjunta, como socios gerentes. LA NACION se contactó con Iván Sanabria, el socio local de Cerimedo y Quintanal, que se negó a contestar una serie de preguntas. Sanabria afirmó que difundiría un comunicado en el que se darán explicaciones sobre la empresa, que es mirada con desconfianza por los referentes del negocio portuario de la región.

Quien entró a la gerencia por el lado de Surlibre no fue Cerimedo en persona, sino Quintanal, su socio en más de una docena de firmas que se conformaron en los últimos tres años. Según fuentes del negocio portuario, desde el ingreso de Surlibre, la firma consiguió una autorización precaria de Prefectura Naval, y tiene en trámite el aval de la Agencia Nacional de Puertos.

El domicilio de Surlibre es Tucumán 1438, piso 2, oficina 202, CABA, la misma dirección que aparece en otras empresas ligadas al socio de Cerimedo , como Compañía Sudamericana de Inversiones SA, constituida en abril de 2024; y Australis Energy Group SRL, originada el 30 de julio de 2025, con un objeto que abarca la exploración geológica, de hidrocarburos, litio, oro y gas. Natalia Basil (casada con Cerimedo) posee el 50 % de esta última firma y ejerce la gerencia, mientras que Quintanal comparte el control. También comparten domicilio con Surlibre Patagonia Energy Holding SA, integrada por Quintanal, Basil y Roque Cambareri; y MDZ SA, creada el 18 de noviembre de 2025.

Quintanal también posee acciones en otras firmas, como Hollybar S.A., creada en 2015, que lo incorporó como director en 2021. Según denunció públicamente Nadia Beller, víctima del intento de femicidio en Santa Cruz de la Sierra, Quintanal sería el socio con quien Cerimedo “lava dinero” de sus negocios en Bolivia, y Natalia Basil –esposa del exasesor de Milei- estaría a cargo del “tancaje de combustible que entra por Argentina a Bolivia”.

Se trata de acusaciones de una de las partes, aún no probadas judicialmente, pero que tienen alguna consistencia con la lógica del negocio: existe una red documentada de intermediarios que compran combustible a las refinadoras argentinas y lo revenden a los armadores en los puertos de la Hidrovía, incluida Bolivia. Es el mismo corredor en el que opera Sanabria SRL con la provisión de diésel a remolcadores.

El expediente para que Sanabria pudiera operar en el río requiere el aval de la Agencia de Puertos y Vías Navegables, que aún está en trámite, según las fuentes. Su titular, el exfuncionario macrista Iñaki Miguel Arreseygor —abogado que pasó por los estudios Bomchil y Marval O’Farrell & Mairal, y fue director provincial de Compras y Contrataciones con María Eugenia Vidal— reemplazó a Pablo Piccirilli en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables en mayo de 2024, dos meses antes del movimiento societario en Sanabria.