El peritaje sobre uno de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, ex socio y amigo de Elías Piccirillo, reveló un sistema paralelo para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Migueles actuaba junto a otras personas, según surge de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo. De los chats y los audios analizados, hay al menos tres personas identificadas que permitían “gestionar” los permisos de importación.

En las conversaciones de WhatsApp obtenidas del teléfono de Migueles hay chats con una persona agendada como “Ariel Viken”, que en realidad se trata de Ariel Germán Saponara, un abogado que cumplía funciones en el Gobierno de la Ciudad. Según registros comerciales, ingresó en 2013 con un cargo en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Y habría trabajado hasta comienzos de 2025.

El 2 de marzo de 2023, en plena vigencia del cepo cambiario, Saponora le escribe: “Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas”.

Migueles le contesta: “Creo que tengo uno al 12″. La conversación avanza y Saponora agrega más datos: “Las SIRA son de 100 mil y del 150 mil. Tiene como 4. Esta gente está con máquinas. Y tengo varios !!! Se pueden sumar unos mangos ahi si las sacan bastante rapido en lo posible”.

El ex socio de Piccirillo luego manda un audio: “Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que dependiendo si tiene vuelta…o sea, si hay laburo yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10… Ahora te digo bien”.

En otro de los intercambios de 2023, Saponora asegura que está en el “ministerio”, sin dar precisiones. Llamativamente, en su sitio de Linkedin vigente figura como personal de Presidencia de la Nación.

“¿Qué haces Martín? ¿cómo andas? Sisi, quédate tranquilo. Pasa que estoy laburando acá en el Ministerio. Ya lo llamé y arreglamos. Ellos lo tienen que chequear con el despachante. No es que voy a salir corriendo. Que se queden tranquilos. Es Neme, boludo, Neme Sociedad Anónima. Son un monstruo, no se van a escapar, es un día más. Si no, prefiero no hacer nada. Si va a ser un rompedero de huevos tan grande prefiero no hacer nada y chau”, se escucha en un audio enviado el 14 de marzo.

La Justicia finalmente levantó este viernes el secreto de sumario en una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue y en la que se detectaron irregularidades con el (SIRA). Antes de tomar esa decisión, Lijo ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de tres empresarios ligados al mundo financiero.

Según consta en el expediente, al que accedió este medio, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Migueles.

“A lo largo del intercambio ambos interlocutores delinean con mayor precisión el esquema económico de la operatoria. Migueles explica que la aprobación de la SIRA podía obtenerse en un plazo aproximado de una semana o diez días como máximo, y propone estructurar la operación de modo tal que a la empresa importadora se le cobrará un 13% calculado sobre el valor del dólar informal (“al blue”), quedando para ellos un margen aproximado del 2% a dividir entre ambos, luego de afrontar el pago de las sumas necesarias para obtener la aprobación", dice el expediente que estaba bajo secreto de sumario hasta este viernes.

En otro de los audios, enviado por Migueles el 2 de marzo, se escucha: “Ari, querido, escúchame, sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinas? Blue, ¿no?”. Saponora le confirma la operación y le manda un formulario de la AFIP.

El intercambio continúa el 3 de marzo. Saponara le manda a Migueles los datos de la empresa interesada en realizar la operación, Nemes S H De Fuentes N y Mazza (CUIT 30-68529714-7), y le indica que el monto de la importación involucrada ascendía a US$54.600. Más adelante agrega que ya había hecho gestiones similares para esa empresa, e incluso refiere que también había intervenido en operaciones de este tipo junto con un amigo suyo, propietario de la firma TEFASA.

La gestión tiene resultados. El 13 de marzo a las 15:15, Migueles avisa con un mensaje escrito: “Ya está aprobada”. Saponara insiste con el porcentaje: “Decile que te dejen el 11 que tengo muchas para pasarle de esta misma empresa”. Migueles contesta con un audio: “Te pague el 12% de 54.600. Yo ya lo pagué. Ya le dije que lo pasen a buscar por una oficina. Después me lo das, boludo. Yo me voy mañana a Punta del Este y me lo das el lunes y a la mierda”.

Y agrega una dirección donde dejar el dinero: “Libertador 8008″. Esa misma tarde, la supuesta coima había sido entregada.

“De la lectura integral de la conversación también surge que Migueles aseguraba poder obtener la aprobación de la solicitud en plazos significativamente inferiores a los habituales, que -según surge de diversa información pública y de la experiencia de los operadores del mercado durante el período en cuestión- podían oscilar aproximadamente entre 30, 90 o hasta más de 120 días, dependiendo de la evaluación de los organismos intervinientes”, detalló el fiscal Picardi en un dictamen del mes de marzo, cuando la causa seguía bajo secreto.

Migueles había sido allanado tres veces en la causa contra Elías Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en su detención. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras, y tres tablets. Ese día, el empresario llegó a su casa cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular y hasta aportó su clave.

Los teléfonos se peritaron y luego se agregaron a la causa donde se investiga la operatoria del dólar blue y la supuesta connivencia entre financistas como Migueles y Piccirillo con funcionarios del Banco Central.

Antes de levantar el secreto de sumario, que se prorrogó tres veces en los últimos dos meses, el juez Lijo, a pedido del fiscal Picardi, ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”, el financista Fernando Rubén Tacchi, y Alejandro “El Turco” Calian, que ya había sido allanado en marzo pero en un domicilio que ya no utilizaba. Al ordenar los allanamientos, el juez reveló que fue clave la pericia sobre el celular de Migueles.

En este teléfono también se encontraron chats con un contacto agendado como “Adriel La Plata”, que según la investigación se trataría de Adriel Dono Miniot, sobre gestiones vinculadas con la obtención de aprobaciones en el marco del sistema SIRA. En ese caso, la comisión ronda el 12%, calculado sobre el tipo de cambio paralelo “dólar blue”. “Ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tienes una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá. Pero bueno ante todo necesitas la cuenta bancaria. Así que pásame todo, que ahí lo llamo, le mando, le digo como que es mía también, a ver qué podemos inventar (...)”, se escucha en un audio de Migueles del 17 de marzo de 2023.

Su interlocutor le contesta con una constancia de la AFIP de la firma Fizika. Pero de esa conversación puntual “no surge de manera expresa la concreción del pago de suma alguna en concepto de dádiva o comisión”, aclaró el fiscal al repasar los mensajes.

Migueles no actuaba solo. Una de las personas que colaboraba en las gestiones sería Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”. Según la investigación, se encargaba de “canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación”.

La Justicia infirió que el teléfono atribuido a “Pipo” con el que Migueles se contactaba era utilizado por Caputto. Su foto de WhatsApp coincidía con la del perfil de Instagram. En esos intercambios, hay constancias de conversaciones entre Migueles y “Pipo” sobre el valor de su intermediación.

- “El costo es el 8%, ¿verdad? Vos me habías dicho el 8%. Yo le pasé el 10 para tener un puntito cada uno, porque pensé que iba a ser más”, escribió Migueles.

- “Papucho, es el 15 oficial, no sé cómo lo sacaste lo del 8. Pero es el 15 oficial el costo, lo que hayas marcado arriba es lo nuestro. Pero el 15 oficial es lo que tenemos que rendir adentro”, respondió “Pipo”. Y luego le mandó un audio: “Martincho, ¿cómo andás? Bueno, ahí te pasé la cuenta. Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro. O sea que esos 4356 es lo que tenemos que pagar adentro nosotros. Vos le cobraste el 10% blue, o sea el 10 blue de 54600 son 5460 dólares más o menos. Menos lo que tenemos que pagar adentro, nos quedan 1100 USD para repartir más o menos".

Un negocio redondo

En su investigación Picardi también menciona a otros dos presuntos intermediarios no identificados que trabajaban a la par de Migueles. En el expediente se alude a ellos como “Pato” y “La Señora”, quien “presumiblemente tendría intervención en áreas estatales vinculadas con la evaluación o aprobación de dichas solicitudes -posiblemente dentro de la Secretaría de Comercio u otros organismos”.