Después de un extenso debate y tal como habían adelantado desde el Frente de Todos, el interbloque oficialista introdujo una serie de cambios en el proyecto que reforma le Ley de Alquileres y volverá a la Cámara de Diputados para una segunda revisión. La iniciativa, con las modificaciones en cuestión, tuvo 37 votos a favor y 29 en contra.

“Estamos parando la vergüenza que nos mando la Cámara de Diputados, que es retroceder los derechos que los inquilinos habían adquirido. Desde este Senado le vamos a seguir exigiendo al Poder Ejecutivo nacional y a los provinciales que hagan cumplir la ley”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti sobre el final de su exposición.

La legisladora, encargada de cerrar la lista de oradores designados para el tema, dijo que si bien el objetivo era “llevar adelante un tratamiento con celeridad” debido a la “la incertidumbre que generó la media sanción” tanto para los inquilinos como para el sector inmobiliario, aseguró que “la estrategia de campaña” de los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) demoró el análisis.

“Teníamos la voluntad de llevar adelante la media sanción para que sea sancionada por Diputadas, pero se nos hace imposible porque hay una decisión de Juntos por el cambio de no acordar ningún tema. Esa mezquindad es la que nos ha llevado a tener un dictamen de mayoría y uno de minoría”, dijo.

Más allá de los cuestionamientos hacia la actuación de la coalición opositora, Sagasti se refirió a la legislación vigente y recordó que, en 2019, la norma fue votada en un escenario en el que “los inquilinos reclamaban mas regularización”. Además, hizo una autocrítica.

“Quiero hacer un mea culpa porque muchas de las cosas que pasan es porque no hubo decisión política de parte de quienes tienen que garantizar que la ley actual sea aplicada”, señaló.

La propuesta que -con impulso de la oposición- fue aprobada hace un mes en la Cámara baja establecía que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

En cambio, el proyecto aprobado por el Senado propone tres años como plazo mínimo legal de locación y agrega que “los contratos de locación con destino a vivienda serán estipulados en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

En su intervención, el Senado modificó también el mecanismo de actualización del precio de los alquileres propiciando que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el Banco Central”.

Además, se incorporó en la redacción de la norma un último párrafo sobre el artículo 9 estableciendo que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”, agregó otro referido a que “las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Legislación General, el oficialista pampeano Daniel Bensusán, afirmó que “el dictamen que vino de Diputados no era del agrado de casi ninguna de las partes”.