Cristina Kirchner estira su racha de malas noticias judiciales. En la semana en que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, le prohibió el ingreso a los Estados Unidos, y la Cámara de Casación complicó su defensa en la causa Vialidad, la Justicia puso en marcha un peritaje y volvió a poner bajo la lupa viejas declaraciones patrimoniales suyas, en busca de presuntas inconsistencias.

El movimiento se da en el marco de una causa “residual”, que tramita por fuera de Hotesur-Los Sauces y Vialidad, y que investiga el empalme patrimonial de algunos bienes tras la muerte de Néstor Kirchner en 2009. El expediente permaneció cerrado unos meses, pero fue reactivado a fines del año pasado por la Cámara Federal, luego de que la UIF, querellante en el caso, apelara el archivo.

Por estas horas, un perito oficial del Centro de Información Judicial y tres del Ministerio Público Fiscal revisan las declaraciones juradas de Cristina Kirchner correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Bajo la lupa de los contadores están las exteriorización de algunos bienes inmuebles, como un terreno de 87 mil metros en El Calafate que la familia Kirchner comparte con Báez, otro lote en Río Gallegos, y una serie de plazos fijos y depósitos en dólares.

El recorrido y la suerte de este expediente guardan relación con otras causas que investigan a la expresidenta. Fue cerrado a mediados del año pasado por el juez Julián Ercolini luego de que el fiscal Gerardo Pollicita se lo pidiera, pero luego reabierto por la Cámara Federal porteña a principios de diciembre último. El tribunal le ordenó al fiscal Pollicita la realización de este nuevo peritaje, en el que también interviene un perito de Cristina Kirchner.

Pollicita investigó y pidió llevar a juicio a la expresidenta en dos de las principales causas que investigaron la corrupción kirchnerista, Vialidad y Hotesur-Los Sauces. En la primera, se juzgó el direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Lázaro Báez. Allí, Cristina cuenta con una condenada confirmada por la Casación. En la otra, cómo ese dinero retornaba al patrimonio de la familia Kirchner a través Valle Mitre, una de las firmas de Báez que alquilaba los hoteles familiares a precios muy por encima del mercado, entre otros negocios.

Por eso, en la fiscalía de Pollicita consideran que una porción de lo que hoy vuelve a estar bajo estudio de la Justicia tramita en las otras causas bajo delitos más graves, como lavado de activos. Además, los investigadores consideraron que algunos errores de la expresidenta no eran intencionados, como la falta de un cero en el metraje correspondiente al terreno del Calafate. Como en declaraciones previas sí estuvo bien plasmado, entendieron que no había “malicia” en el equívoco.

Algo similar ocurrió con un terreno de Río Gallegos. En una declaración de 2011, se exterioriza como de 625 metros cuadrados y en la de 2012 como de 265.

A su vez, la denuncia inicial solo tiene en cuenta que los plazos fijos declarados por Cristina Kirchner tras la muerte de Néstor son menos de los que él tenía en su última declaración jurada, pero no considera algunos movimientos bancarios entre esa fecha y su fallecimiento.

Por eso, el fiscal entendió que, en esta causa en particular, no había espacio para ningún tipo de reproche penal. Sin embargo, dos de los jueces de la Sala I de la Cámara, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, consideraron que algunos aspectos en las declaraciones “no se encontraban de manera completamente clara” y que, tal como pidió la UIF en su apelación, hacía falta que todo fuera revisado una vez más por profesionales de las ciencias económicas.

El tercer juez, Mariano Llorens, fue aun más lejos: sostuvo que el caso exige adoptar una “mirada integral” con “todo el entramado espurio desarrollado por la imputada” –en alusión a Vialidad y Hotesur-Los Sauces–, que las inconsistencias en las declaraciones ya estaban “acreditadas”, y que había elementos suficientes para citar a indagatoria a Cristina Kirchner.

“Los hechos que motivaron la formación de esta causa, relacionados con el incremento patrimonial de una funcionaria pública y la exteriorización de su patrimonio, no pueden examinarse en forma separada de aquellas, porque todas se encuentran lógicamente vinculadas. Estimo conducente que se convoque a Cristina Fernández a prestar declaración indagatoria”, afirmó.

Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que la UIF no ofreció en su apelación ningún elemento que pudiera desafiar el dictamen de Pollicita y que no había sentido en pedirle a un contador que realizara una nueva evaluación técnica.