La investigación penal que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará el jueves en una nueva etapa procesal, con la declaración de un testigo, aunque la pesquisa se extenderá con más testigos y podría insumir meses antes de formalizar cargos, indicaron fuentes con conocimiento directo de estos procesos judiciales norteamericanos a LA NACION.

El testigo, cuya identidad permanece en reserva estricta y que sería el primero de al menos seis por citar, deberá presentarse el 30 ante un gran jurado (“grand jury”) federal en Miami para declarar bajo juramento. Y deberá entregar la documentación que posea sobre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero y hombre fuerte de la entidad, Pablo Toviggino; el productor teatral y empresario Javier Faroni, y Diego Lucero, en una pesquisa por presunto lavado de activos y otros posibles delitos financieros.

La convocatoria representa el avance procesal más relevante de la investigación estadounidense que comenzó diez meses atrás, según reconstruyó LA NACION. A diferencia de una entrevista voluntaria con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el gran jurado es el órgano que analiza la evidencia presentada por los fiscales para determinar si existe “causa probable” suficiente para emitir una acusación penal formal (“indictment”) contra una o más personas.

La comparecencia fue ordenada mediante una “subpoena” —la citación compulsiva prevista por la legislación estadounidense— emitida a pedido de Michael Berger, el litigante senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida que encabeza la pesquisa junto con Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, y Christopher Ting.

La difusión pública de la “subpoena” causó “profundo malestar” entre los fiscales, que pretendían avanzar la pesquisa por debajo de los radares públicos y requirieron “confidencialidad extrema” a las personas hasta ahora contactadas, en tanto que desde el Departamento de Justicia se negaron a confirmar o desmentir detalles sobre la investigación ante la consulta de LA NACION.

La audiencia se desarrollará a partir de las 9, a puertas cerradas, en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, sede de la Corte Federal, en el centro de Miami. Y no sólo obliga al testigo a comparecer, sino a entregar “todos los registros” vinculados con TourProdEnter LLC, la compañía estadounidense de Faroni que la AFA contrató para recaudar su dinero alrededor del mundo.

El testigo deberá presentar, además, “toda comunicación” que haya mantenido con Faroni, Tapia, Toviggino y Lucero, y el requerimiento, cabe aclarar, no detalla, ni limita, el tipo de documentación que podrá aportar, por lo que comprende tanto registros físicos como información almacenada en formato electrónico.

La amplitud del requerimiento sugiere que los fiscales buscan reconstruir con el mayor grado de detalle posible las comunicaciones y la documentación relacionadas con TourProdEnter LLC y las cuatro personas mencionadas en la citación, según indicaron las fuentes consultadas por LA NACION, para establecer cómo interactuaban durante la ejecución del contrato con la AFA y el recorrido de los fondos administrados por esa compañía.

La identidad del convocado permanece bajo reserva, una práctica habitual en esta etapa de las investigaciones federales estadounidenses. Pero fuentes con conocimiento del expediente indicaron a LA NACION que se trata de un testigo con información de primera mano sobre el funcionamiento interno de TourProdEnter y su vínculo con la conducción de la AFA.

La aparición de Lucero (51) en esa citación limita el universo de posibles convocados. Es uno de los supuestos testaferros vinculados a la compra de la mansión de Pilar. De acuerdo con la investigación judicial local, en 2021 creó Central Park Drinks SRL junto a Luciano Pantano, que luego pasó a llamarse Real Central. En 2022, le cedió las acciones a la madre de Pantano, la jubilada Ana Lucía Conte.

Según los documentos que analizó LA NACION, Lucero apareció en el radar de Toviggino y Beacon en 2019 a través de Fabián Saracco, dueño Odeama SL, la sociedad española que fue la precursora de TourProdEnter.

Las otras tres personas aludidas en la citación son los protagonistas del vínculo entre la AFA y TourProdEnter: Tapia y Toviggino, quienes firmaron el primer contrato (luego extendido hasta 2030), y Javier Faroni, quien viajó esta semana a Europa luego de presenciar varios partidos del Mundial, según dijo una persona de su entorno. “Está negociando la venta del club Peruggia. Tiene dos ofertas pero hasta ahora las rechazó”, confirmó a LA NACION una persona al tanto de las negociaciones.

La citación tampoco implica, por sí misma, que el convocado sea investigado o vaya a ser acusado, aunque deberá permanecer a disposición de la Justicia hasta que un juez o un funcionario judicial lo autoricen a retirarse del edificio de manera explícita.

La pesquisa del Departamento de Justicia busca determinar si pudieron cometerse múltiples delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos lavado de activos mediante un presunto fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa.

El eje de la investigación es TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que en 2021 firmó con la AFA un contrato de representación. Desde entonces recaudó y administró al menos US$ 300 millones provenientes de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), partidos amistosos y premios deportivos que ingresaron y circularon por sus cuentas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank, circunstancia que habilitó la jurisdicción estadounidense.

Desde septiembre pasado, según reconstruyó LA NACION, los fiscales y agentes del FBI analizan si durante esas transacciones pudieron violarse normas federales, entre ellas las vinculadas con el lavado de activos, el fraude financiero o las obligaciones de transparencia y reporte de operaciones sospechosas (ROS) por los bancos involucrados.

Los investigadores también procuran determinar si parte de los fondos administrados por TourProdEnter pudo haber sido derivada a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación irregular o con factura apócrifa En particular, US$ 57 millones que desde la compañía de Gillette y Faroni se remitieron a sociedades pantallas controladas por beneficiarios argentinos de planes sociales.

La pesquisa federal tomó impulso durante el último trimestre de 2025, cuando el empresario Guillermo Tofoni obtuvo dos órdenes judiciales (“discoveries”) en los estados de Delaware y Georgia para acceder a los registros bancarios de TourProdEnter LLC en cinco bancos: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC. Y con ese material acudió al Departamento de Justicia para denunciar la posible comisión de delitos federales.

Desde entonces, Berger, Gushue y Ting, junto con agentes de la oficina del FBI que en Miami lidera el agente especial Brett Skiles, comenzaron a contactar a exdirigentes, exempleados y empresas que mantuvieron relaciones comerciales con la AFA. Entre quienes ya aportaron información figura Juan Pablo Beacon, quien durante años fue el lugarteniente de Toviggino. “Quiere garantías, tiene temor de quedar detenido”, respondió un allegado que conoce sus últimos pasos.

Beacon es uno de los nombres que circulan desde hace días como el testigo que podría presentarse este jueves en Miami, pero no es el único. Las especulaciones también apuntan a Leandro Petersen, máximo responsable de Marketing y Comercialización de la AFA, como también al referente de la firma Socios.com, el empresario Alexandre Dreyfus.

También fueron contactadas empresas que celebraron contratos de patrocinio o prestación de servicios con la AFA y realizaron transferencias hacia cuentas bancarias estadounidenses de TourProdEnter, según reveló LA NACION días atrás, mientras que los investigadores amplían la pesquisa a personas vinculadas con TourProdEnter con nuevas medidas de prueba y pedidos de documentación.

Aunque la convocatoria ante el gran jurado representa un avance procesal significativo, la investigación todavía se encuentra en una etapa preliminar, indicaron fuentes consultadas por este diario. Pesquisas por presuntos delitos financieros transnacionales que involucran múltiples jurisdicciones, entidades bancarias y pedidos de cooperación internacional suelen demorar meses o, incluso, años antes de que los fiscales decidan si impulsan o no una acusación penal formal.

En ese sentido, el Departamento de Justicia inició en 2011 la investigación que se conocería como FIFAgate alrededor del mundo, pero sólo en mayo de 2015 se registró una gran ofensiva judicial con órdenes de arresto en Suiza. Presentó entonces los cargos contra 14 personas por asociación delictiva, fraude a gran escala y lavado de activos derivados de sobornos por más de US$ 150 millones.