La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, quedó bajo la mira tras el último reacomodamiento interno del Gobierno, que dejó a Santiago Caputo sin injerencia directa en el Ministerio de Justicia.

La funcionaria es considerada una aliada del asesor presidencial y ocupa un puesto especialmente sensible dentro del Poder Ejecutivo: el área encargada de revisar los decretos y normas que firma Javier Milei. En ese contexto, sus movimientos comenzaron a ser observados con mayor atención por el círculo más cercano al Presidente.

Las suspicacias se intensificaron a partir de un episodio reciente que dejó al descubierto las tensiones internas del oficialismo. Tras el traslado de Sebastián Amerio desde la Secretaría de Justicia a la Procuración del Tesoro, Caputo perdía una de sus principales palancas de influencia dentro del área judicial del Gobierno. En el lugar de Amerio asumió Santiago Viola.

En ese contexto, según fuentes oficiales, se evaluó la posibilidad de que la Procuración del Tesoro dejara de depender del Ministerio de Justicia y pasara a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica, el área que conduce Ibarzábal.

Bajo la órbita de Ibarzábal, y no del Ministerio de Justicia, Amerio habría tenido un margen mayor de autonomía.

La alternativa finalmente no prosperó. Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia entronizado por Karina Milei, no estaba dispuesto a resignar el control del patrocinio jurídico del Estado el mismo día de su designación. Tampoco en la Secretaría General de la Presidencia veían con buenos ojos esa opción, en un momento en que el sector que responde a la hermana del Presidente consolidaba posiciones dentro del gabinete.

El episodio quedó expuesto a partir de un comunicado difundido desde la Procuración del Tesoro, ya bajo la conducción de Amerio. Allí se informaba que el organismo “pasará a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, con el objetivo de fortalecer la coordinación estratégica en la defensa jurídica del Estado y acompañar, con mayor cercanía institucional a la Presidencia de la Nación, la estrategia jurídica de este Gobierno”.

Once minutos más tarde llegó una rectificación. En un nuevo mensaje −con emoji de alerta y texto en mayúsculas− se aclaró: “La Procuración del Tesoro NO pasa a la Secretaría Legal y Técnica. Mantiene su condición actual”.

La secuencia alimentó especulaciones dentro del oficialismo sobre el alcance de las gestiones que se habían realizado previamente para modificar la estructura del área. Algunos dirigentes interpretaron el episodio como una señal sobre a quién respondía políticamente Ibarzábal, lo que terminó por exponerla en medio de la disputa interna.

“Fue obsceno”, evaluaron cerca de la hermana del Presidente. Desde entonces, el rol de la secretaria Legal y Técnica comenzó a ser observado con mayor atención por el equipo político que rodea a Karina Milei, que en los últimos meses ganó peso dentro del armado libertario.

La interna se profundizó tras las últimas elecciones legislativas. En ese proceso, la hermana del Presidente y los primos Menem −Eduardo “Lule” y Martín− consolidaron su estrategia electoral, basada en priorizar la identidad propia del espacio por sobre acuerdos con otras fuerzas, una postura que contrastaba con la línea que impulsaban Caputo y su entorno político, identificado con Las Fuerzas del Cielo.

En ese marco, el asesor presidencial fue perdiendo espacios de influencia tanto en el armado electoral como en algunas áreas del Gobierno. El desplazamiento de Amerio de la Secretaría de Justicia fue leído dentro del oficialismo como parte de ese reordenamiento.

Ibarzábal llegó a la Secretaría Legal y Técnica en abril del año pasado, tras la renuncia de Javier Herrera Bravo por “motivos personales”. Hasta entonces se desempeñaba como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, desde donde ya coordinaba buena parte de la producción jurídica del Gobierno. Con su designación formal pasó a ocupar uno de los cargos más sensibles del Poder Ejecutivo: el área encargada de elaborar y revisar las normas presidenciales.

Abogada especializada en derecho administrativo, Ibarzábal tuvo un rol clave durante la discusión de la Ley Bases: participó en la elaboración y ejecución de buena parte de los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno.

Antes de sumarse a la gestión libertaria trabajaba en el estudio Cassagne, especializado en derecho público y regulación económica, donde se desempeñaba como abogada senior. También pasó por otros estudios jurídicos del sector privado, entre ellos Marval O’Farrell Mairal.

Según reconstruyó LA NACION, su llegada al Gobierno estuvo vinculada a la relación personal que mantiene desde hace años con Santiago Caputo, con quien comparte un círculo de confianza previo a la gestión.

Aunque la mayor parte de su trayectoria se desarrolló en el ámbito privado, Ibarzábal también tuvo un paso por la función pública durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese período trabajó en la Procuración del Tesoro, entonces encabezada por Bernardo Saravia Frías.