La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó hoy un dictamen en el expediente que investiga posibles delitos en la licitación de la Hidrovía en el que señaló irregularidades en el proceso que está en marcha para la concesión de esta vía navegable, una de las mayores del mundo.

El dictamen reitera una serie de críticas que ya habían sido identificadas en procesos anteriores y añade nuevos cuestionamientos. Lleva la firma del fiscal Sergio Rodríguez y fue presentado en la fiscalía federal 9, de Guillermo Marijuan, informaron fuentes del caso. El juez de la causa es Sebastián Casanello.

El dictamen enumera presuntas irregularidades, pero no incluye ningún pedido. Se trata de información que la PIA, como organismo especializado, pone a disposición de Marijuan, fiscal del caso.

En paralelo, también hoy, el gobierno nacional dio a conocer un comunicado en el que afirmó que “con el apoyo multisectorial y sin impugnaciones, avanza el exitoso proceso de privatización de la vía navegable troncal”. La declaración oficial consignó que la gestión de Javier Milei “avanza hacia la etapa final de la adjudicación del proyecto, con la resolución que puso final a la etapa técnica” y que el martes próximo “será la apertura de la Etapa 3, con las propuestas económicas”. Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron a LA NACION que la PIA también le envió su dictamen al Gobierno.

En diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación llamó a licitación y aprobó los pliegos de bases y condiciones y de especificaciones técnicas. En el marco de este procedimiento, la PIA recibió una serie de denuncias sobre irregularidades del procedimiento y los pliegos licitatorios. Las presentaciones fueron hechas por organizaciones ambientalistas, por integrantes de consorcios portuarios y por una de las firmas participantes de la licitación, informaron fuentes del caso.

En primer lugar, la PIA advirtió el incumplimiento de la ley que regula en acceso a la información ambiental, dado que durante el proceso de la Audiencia Pública Informativa la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) presentó un volumen excesivo de información (más de 9000 páginas) cuando existía un breve para su consideración. Así, según la PIA, se impidió una participación ciudadana real y efectiva.

La PIA destacó además que la Anpyn repitió defectos que ya habían sido advertidos en procedimientos licitatorios anteriores y entre las irregularidades detectadas destacó: “la forma de redacción de la cláusula anticorrupción, las condiciones para una eventual cesión del contrato, los límites a la posibilidad de impugnar y a la presentación de ciertas formas societarias, y la limitación a que las empresas presenten ofertas bajo la modalidad de Uniones Transitorias de Empresas”.

En su dictamen, la PIA recuerda que ya había resaltado, anteriormente, “lo desvirtuado de la fórmula de evaluación de las ofertas y del procedimiento de etapa múltiple establecido, en el cual recaen reparos sobre un posible direccionamiento del proceso” y dijo que “a ello cabe agregar nuevas y sustanciales deficiencias advertidas”.

El dictamen sostiene: “Las conclusiones siguen siendo las mismas: surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los 138 pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la semana próxima se abra el sobre con la oferta económica para avanzar con la licitación de la principal via navegable de la región y definir quién la controlará por los próximos 25 años. Con esa apertura, tal como informó LA NACION, se terminará de dirimir la compulsa entre los dos oferentes en carrera: el consorcio conformado por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus (empresa de la familia Román), que compite con la también belga DEME, que iría junto con las norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR.