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El caso de la quinta de Pilar: la Corte resolvió que la causa por presunto lavado de dinero en la AFA pase al juzgado de Rafecas

El caso de la quinta de Pilar: la Corte resolvió que la causa por presunto lavado de dinero en la AFA pase al juzgado de Rafecas
Dufume

El máximo tribunal dejó sin efecto un fallo de la Cámara de Casación que había enviado el caso a Campana, como pretendían los acusados

AI
  • 🏛️ La Corte Suprema decidió que corresponde al juzgado federal de Daniel Rafecas investigar la causa, no al juzgado de Campana.
  • ⚖️ Anuló la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había enviado la investigación al juzgado de Campana.
  • 🧭 Los tres jueces (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) señalaron que la Casación violó la garantía del juez natural y las reglas de competencia.
  • 🗣️ La Corte afirmó que la Casación omitió analizar los argumentos fiscales que pedían intervenir desde la justicia federal de Buenos Aires.
  • 🧩 La investigación no se limita a la quinta de Villa Rosa; se trata de una presunta maniobra de lavado de activos con una red de intermediarios y uso de sociedades.
  • 💼 El objeto procesal se amplió con nuevas denuncias y pruebas, sin limitarse a un inmueble.
  • 🏦 La causa comenzó con Pantano y Conte y la adquisición de la quinta a través de Real Central SRL, con sospechas de testaferros.
  • 🧭 La disputa de competencia pasó por múltiples tribunales (Comodoro Py, fuero penal económico, Campana, Casación) hasta este fallo.
  • 🌐 Con este fallo, la investigación continuará en el juzgado federal de Rafecas para profundizar en el lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA.

La Corte Suprema resolvió hoy que sea el juzgado federal de Daniel Rafecas el que investigue la causa en disputa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, en Pilar, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

La Corte dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había resuelto que, como pretendían las defensas, la investigación la llevara adelante el juzgado federal de Campana, cuyo titular es Adrián González Charvay.

Los tres jueces de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- sostuvieron que ese fallo de la Casación afectó de “modo severo e inequívoco” la garantía de juez natural; que cometió una “grosera” violación a las reglas de la competencia y que incurrió en un evidente apartamiento de las constancias de la causa y de las normas aplicables.

La Corte afirmó que la sentencia, firmada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, “omitió deliberadamente” analizar los argumentos planteados por la fiscalía, que había sostenido que le correspondía intervenir a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires.

“No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa -dijo la Corte-, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales”. La Corte destacó que “a medida que avanzó la pesquisa, el objeto procesal fue ampliándose mediante sucesivos requerimientos de instrucción fiscal, a partir de nuevas denuncias y de los elementos que fueron incorporándose al expediente”.

La causa se inició por una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, que figuran como quienes adquirieron, a través de la firma Real Central SRL, la quinta de Villa Rosa, en Pilar. La sospecha es que son testaferros porque de las pruebas reunidas surge que no tendrían la capacidad económica suficiente para justificar esa operación. Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de más de 2.000.000 de pesos. Conte, su madre, es jubilada y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

La causa le tocó a Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py, pero este juez se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico, que tampoco asuimó el caso. Quedó así configurada la primera pelea de competencia.

La causa volvió entonces a Comodoro Py y la Cámara Federal dijo que le correspondía intervenir al fuero penal económico.

Pero la defensa se presentó entonces en el juzgado federal de Campana. Sostuvo que era el tribunal territorialmente competente para tomar el caso porque la quinta está dentro de su jurisdicción.

El juzgado federal de Campana hizo lugar a ese planteo y le reclamó el expediente al juzgado en lo penal económico, que se negó a enviárselo. Argumentó que la investigación no se centraba en el inmueble de Pilar, sino en supuestas maniobras de administración fraudulenta de los directivos de la AFA, cuyo domicilio estaba en la ciudad de Buenos Aires.

Esta disputa por la competencia fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en favor del juzgado federal de Campana, pero la historia no había terminado.

La fiscalía apeló y el caso llegó así a la Cámara Federal de Casación que, por mayoría, dispuso mandarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que resolviera la contienda. Ese tribunal dijo que debía intervenir el juzgado en lo penal económico N° 10.

Pero la defensa presentó un nuevo recurso de casación. En esta segunda intervención, la Sala I del máximo tribunal penal hizo lugar al planteo de la defensa y declaró competente al juzgado federal de Campana.

Pero el Ministerio Público Fiscal, en desacuerdo, llevó el caso hasta la Corte, que hoy resolvió finalmente la cuestión.

El argumento central de la Corte para enviar el caso al juzgado de Rafecas fue que lo que se investiga excede las sospechas sobre la propiedad de la quinta de Villa Rosa.

“El Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación -dijo la Corte-. La vinculación de esa jurisdicción con el caso deriva únicamente de la ubicación de un inmueble, el cual estaría inscripto a nombre de personas que se sospechan testaferros de los verdaderos autores del delito, pero no sirve para dirimir la competencia territorial cuando la hipótesis delictiva consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero”.

Los jueces de la Corte fueron duros con los camaristas de Casación que enviaron el caso a Pilar. “El juez Barroetaveña ignoró lo planteado por el fiscal Villar en torno a la competencia territorial, mientras que el juez Borinsky, tras aludir a ‘las alegaciones efectuadas por el Fiscal General (...) afirmó que ‘de su lectura se advierte que el propio Fiscal admite que las supuestas circunstancias allí alegadas ‘…no se circunscriben al recurso aquí presentado por la defensa de Pantano y Conte’, motivo por el cual, en tanto excede el objeto de la presente incidencia de competencia, no corresponde efectuar consideraciones al respecto”. Según la Corte, “la Cámara de Casación, al reseñar el recurso del fiscal general Villar, reconoció que el Ministerio Público había planteado la existencia de elementos objetivos que, a juicio del órgano fiscal, eran suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que debía investigarse en el fuero de excepción de esta jurisdicción, pero omitió deliberadamente analizar sus argumentos”.

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