EL CALAFATE.- Entre 2003 a 2015, bajo los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por la obra pública vial y el 80% de las obras se otorgaron a las empresas constructoras de Lázaro Báez, que ganaron 51 licitaciones públicas. Las obras concretadas, las que no se terminaron e incluso las que no tuvieron avances importantes cambiaron la geografía de Santa Cruz para siempre. Las rutas de la provincia vivieron el auge de la construcción y también el abandono.

Detrás de estas obras se montó una trama de corrupción. Esta mañana, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner, por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. El delito es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El perjuicio que le provocó la maniobra a la Administración Pública Nacional, según el voto de del juez Mariano Borinsky, fue de 84.000 millones de pesos.

La historia de la causa Vialidad, que este miércoles escribió un nuevo capítulo, tiene en las rutas de esta provincia su principal escenario. Obradores abandonados a la vera del camino, mares de áridos, piedras amontonadas sin destino y estructuras de hormigón arrumbadas a un costado de las rutas son testigos silenciosos de las obras que quedaron inconclusas.

Con 243.943 kilómetros cuadrados, Santa Cruz es la segunda provincia en extensión del país. Cuenta con 1,4 habitantes por kilómetro cuadrado distribuidos en una veintena de localidades separadas entre sí por cientos de kilómetros. Algunas de ellas, como Lago Posadas, quedan aisladas durante los temporales de invierno.

Más de 2400 kilómetros de rutas nacionales atraviesan Santa Cruz; entre ellas, la épica Ruta 40, que nace en el faro de Cabo Vírgenes, en el extremo austral continental, y la Ruta 3, que funcionan como corredores de conexión norte-sur. También la atraviesan las rutas 281, 288 y 293 (esta última, que completa un tramo limítrofe con Chile). A ellas se suman varias rutas provinciales, de ripio y asfaltadas, que también fueron receptoras de obras públicas, algunas terminadas con éxito y otras inconclusas.

Hace nueve años que Austral Construcciones se retiró de la febril actividad que mantuvo durante más de una década y solo una de las 24 obras que quedaron sin terminar tuvieron intentos de continuidad, sin registrar demasiados avances. Sobre la gran mayoría de ellas hay un enorme interrogante respecto de su futuro.

Según el fallo del Tribunal Oral que condenó a 14 imputados de la Causa Vialidad, la operatoria de esos fondos marcó “un grave hecho de corrupción sin precedente, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”. En paralelo Lázaro Báez, principal beneficiado de la obra pública, registró un crecimiento económico exponencial.

Con el objetivo de desarrollar el turismo, a partir del 2003 se inició el asfalto de la columna vertebral cordillerana. De los más de 5000 kilómetros tiene “la 40″, en Santa Cruz está su tramo más extenso, con 1400 kilómetros de paisaje estepario. Tanto turistas como pobladores deben consultar el estado de la calzada antes de emprender una travesía, ya que cuenta con dos tramos de ripio y otros, que aún asfaltados, -como el que se extiende entre Bajo Caracoles y Gobernador Gregores o bien entre La Esperanza y Tapi Aike- hay que transitar “con extrema precaución”. “Presencia de baches. El personal va a estar trabajando en perfilado de banquinas”, advierte el reporte de la página oficial de la Dirección Nacional de Vialidad consultado hoy y que se actualiza a diario.

En esta ruta hay dos tramos especialmente conflictivos: uno es el conocido como “los 73 kilómetros malditos”, un tramo ubicado entre el pueblito Tres Lagos y el Lago Cardiel, que LA NACION recorrió este fin de semana. Se trata de una obra que en 2009 se presupuestó en $259 millones a favor de Austral. El plazo inicial para la obra era de 40 meses y se había extendido a 80 meses cuando le rescindieron el contrato a la empresa de Báez. Según el Ministerio Público Fiscal, Vialidad consignó en sus planillas una ejecución de obra del 78%. La recorrida realizada por este medio este fin de semana confirma lo que aquí es el comentario frecuente de quienes la transitan: se hicieron las primeras obras básicas, pero no hay ningún kilómetro de asfalto realizado.

De Austral queda un obrador abandonado que se destaca en medio del paisaje desértico. El fin de semana pasado, la policía de Tres Lagos rescató sobre ese tramo a una pareja de turistas brasileños que sufrieron un accidente a bordo de una motocicleta Triumph, color negra. Los viajeros, de 44 y 47 años, oriundos de San Pablo, recibieron el auxilio de la policía y del personal del Puesto Sanitario de Tres Lagos, y fueron derivados al hospital Samic de esta ciudad. Según el informe preliminar de la policía, “el incidente fue provocado por las condiciones del camino de ripio con piedra suelta”.

Otro tramo peligroso de la misma ruta son los 82 kilómetros sin asfaltar entre Rospentek y Bella Vista, que también quedaron inconclusos. En este caso se hicieron cinco licitaciones entre los parajes Rospentek y Güer Aike, obras que fueron adjudicadas por $616 millones. Dos de los tramos fueron rescindidos y ya no se retomaron. “Son tramos de muy difícil tránsito y tras la gran nevada del invierno quedaron en muy mal estado”, detalló un emprendedor turístico de 28 de Noviembre que recorre la zona semanalmente.

Por fuera del grupo de las 51 obras investigadas, en las últimas dos décadas hubo obras viales que cambiaron la vida y el perfil de localidades, como el asfalto que llegó desde la ruta nacional 40 hasta El Chaltén, el pueblo que cada verano recibe miles de viajeros atraídos por las desafiantes paredes de granitos y los senderos boscosos que invitan a la escalada y el trekking. También se completó el pavimento de la ruta provincial 11, que garantiza la llegada por ruta de asfalto hasta el glaciar Perito Moreno. Hasta el 2004, aún mantenía numerosos tramos de ripio y ralentizaba el tránsito entre esta ciudad y el Parque Nacional Los Glaciares.

Sin embargo, hay otros destinos menos famosos, como Lago Posadas -pequeño pueblo donde viven 500 personas-, que aún sufren la desconexión. La localidad, ubicada sobre la cordillera junto al lago homónimo, aún vive atada al peligroso ripio de la ruta 39. Austral Construcciones ganó la licitación por $223 millones por la obra de enripiado de 73 kilómetros de esta ruta y le terminaron pagando $363 millones, según la investigación del Ministerio Público Fiscal en la causa Vialidad. La obra figura como concluida, pero no está exenta de dificultades: cada invierno la población queda aislada por la intransitabilidad de la ruta.

Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, el kirchnerismo local le adjudicó al gobierno central la interrupción de las obras en Santa Cruz, aun cuando fue Alicia Kirchner quien solicitó la rescisión de los contratos de Austral Construcciones y, durante su segundo período al frente de la gobernación, durante la administración de Alberto Fernández, hizo sus propios intentos de reactivar obras viales con el soporte del estado nacional.

Así fue como en octubre de 2022 anunció el comienzo de ejecución de obras básicas, enripiado y pavimento para la ruta provincial 39, el mismo tramo que Báez ya había enripiado. Según la información publicada en la página oficial, se trataba de una inversión de $4754 millones y contemplaba “el enripiado, apertura de traza y pavimento de la ruta”. La obra la ganó la empresa CPC, de Cristóbal López. En noviembre de 2023, antes de la asunción del nuevo gobierno, la empresa se retiró de la obra.

Del anuncio solo quedaron la apertura de rutas auxiliares que facilitaron los voladeros de nieve y se convirtieron en una trampa para el tránsito en medio del temporal de nieve de este el invierno, que agravaron el aislamiento del pueblo. “No se hizo nada, solo hubo movimientos de suelo, se tiró una imprimación por dos o tres kilómetros y los vehículos empezaron a andar por allí así que ya quedó en cero, se levantó todo y hay que hacer todo de nuevo”, detalló Rubén Guzmán, comisionado de fomento de Lago Posadas a LA NACION, mientras espera que en los próximos días las máquinas de Vialidad Provincial repasen las rutas.

En marzo del 2023, Alicia Kirchner firmó con Vialidad Nacional dos convenios para realizar obras de pavimentación y mejoras en dos rutas provinciales por un monto de $10.000 millones: la 43 entre Pico Truncado y Las Heras, y la 41 (ex RP 11) en el tramo que se extiende entre el empalme con la ruta nacional 40 y los accesos a El Calafate, en una longitud total de 28 kilómetros y con un plazo de ejecución de 24 meses. La obra iba a mejorar la accesibilidad al aeropuerto internacional Comandante Amando Tola. Aquí, en El Calafate, la obra jamás se inició.

“Desde diciembre se encuentra frenada la [obra de la] autovía entre Caleta y Comodoro Rivadavia. La vieja traza de la Ruta Nacional 3 tuvo arreglos, pero mucho no van a durar si no se realiza la autovía. Es una obra muy necesaria, pero si se abandona, todo lo que se invirtió se deteriorará y volverá prácticamente a cero”, dijo a LA NACION Sergio Bucci, secretario de Medios del gobierno provincial y oriundo de Caleta Olivia.

Por trabajo, por estudios o por vida social, la historia de cientos de caletenses y comodorenses se entrelaza con la ruta y el imaginario de la autovía prometida. La autovía que une las dos provincias tiene una demora de casi 20 años. Se licitó en 2006 por primera vez, y quedó dentro de las 51 obras de la Causa Vialidad. Tras la rescisión del contrato a Báez, durante el gobierno de Macri, las obras fueron licitadas otra vez. Ganó CPC del empresario Cristóbal López y ante los incumplimiento y la debacle de las empresas del grupo, el contrato fue rescindido.

En septiembre de 2021 la autovía fue adjudicada nuevamente a CPC y Rigel por un presupuesto total $9994 millones, con un plazo de obra de 18 meses. A finales del año pasado, quedaron paralizadas con el congelamiento de la obra pública tras la llegada a la presidencia de Javier Milei. “La obra está neutralizada de común acuerdo, el contrato está vigente, CPC no se retiró”, explicó a LA NACION el libertario Paulo Croppi, a cargo del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad.

Por lo que implica el desarrollo de la industria petrolera en la zona y el alto tránsito entre las dos ciudades, que alcanza los 4238 vehículos por día, de acuerdo a datos oficiales de la Vialidad Nacional, la obra urge en las dos provincias. Tras un acuerdo con el actual gobernador santacruceño Claudio Vidal, el gobierno nacional incluyó en el presupuesto 2025 trabajos en la autovía Caleta-Comodoro por $15.614 millones, monto que no alcanzaría a terminar la obra, pero permitiría su reactivación.

Además de esa obra, se incluyeron fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales 281, 288, 293 y 40. “Estamos trabajando en conservación de obras de bacheo y en demarcación de eje de ruta, tanto en la Ruta Nacional 40 como en la Ruta 3, en diferentes tramos”, explicó Croppi, y agregó que en las rutas de ripio, aún aquellas que fueron objeto de la causa judicial y quedaron abandonadas, esperan en función del presupuesto 2025 poder incluir un mejoramiento en diferentes tramos.

Entre Vialidad Nacional y la Administración General de Vialidad Provincial se llevan adelante convenios que establecen trabajos concesionados, en especial durante el invierno. Por estas tareas, el subsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Ezequiel Verbes, aseguró que Vialidad Nacional le debe a la provincia cerca de $7000 millones en certificados de mantenimiento de rutas que ya están aprobados.

En el marco del Pacto de Reparación Federal, para cancelar deuda, el gobierno nacional ofreció a las provincias, en parte de pago, entregar bienes del Estado Nacional. “Eso quiere decir que la deuda está documentada, determinada y hay un retraso en el pago”, afirmó Verbes, y continuó: “Lo primero que hay que hacer en este caso, como se hace desde el sector público, es determinar lo que sería deuda de un lado o del otro, conciliar la misma y después llegar a un acuerdo”.