La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará contra la reforma laboral al Congreso el próximo miércoles 11 de febrero, instancia en la que el Senado sesionará para tratar la iniciativa de un oficialismo que se jacta de tener avanzados los acuerdos para lograr su media sanción. En un escenario de negociaciones con gobernadores “de centro” que se tornó adverso en los últimos días para la central obrera, la resolución se definió en una deliberación de consejo directivo encabezada por los triunviros Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) en la sede de Azopardo 802.

“Dado que el próximo 11 de febrero se va a abrir la sesión de debate en la Cámara de Senadores, nos vamos a movilizar a la Plaza de los dos Congresos. Será a partir de las 15 horas de forma contundente y multitudinaria”, anunció Sola, uno de los jefes de la CGT, durante una conferencia de prensa. Además, indicó, “en cada una de las sedes de las casas de gobierno de las provincias se llevará a cabo una similar movilización para demostrar también en esos lugares nuestro rechazo a esta ley que se va a tratar”.

En la previa de la cumbre, la idea de llamar a una huelga general había perdido fuerza. Fuentes gremiales deslizan que la cúpula de la CGT se guarda la carta de la huelga para presionar al Gobierno cuando el proyecto se trate en Diputados -en caso de conseguir la media sanción en el Senado la semana que viene-.

La cúpula de la CGT ratificó que “rechaza en forma íntegra” el proyecto denominado por el Ejecutivo de “modernización laboral” y, en paralelo, puso paños fríos sobre el no llamado a una huelga general. “Venimos llevando adelante un plan de acción que viene siendo estratégico y a futuro. Todavía esta no es una batalla que la damos por perdida, simplemente estamos incrementando cada vez más la protesta que hay”, argumentó Sola, que le pasó la pelota a la dirigencia política y a los legisladores. “La responsabilidad y la solución no es gremial, la responsabilidad y la solución es política. A los que tienen que preguntarle qué es lo que van a hacer sobre lo que están tratando es a los legisladores”, señaló.

Del encuentro, que arrancó a las 11, participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA) y Hugo Benítez (Textiles); Julio Piumato y Maia Volcovinsky (Judiciales), entre otros. Además, hay presencia de referentes gremiales con bancas legislativas, como el diputado nacional Sergio Palazzo (La Bancaria) y su par de bloque y asesor legal del cuerpo de abogados de la CGT, “Huguito” Moyano, hijo del jefe camionero Hugo Moyano, quien hoy no será de la partida.

“La idea es que en esta convocatoria soberana analicemos las circunstancias que se presentan. Yo acompaño el hecho de que el día que se trate, el 11, tengamos una movilización”, había anticipado Martínez, antes del encuentro.

El hombre fuerte del gremio de la construcción expresó que “la vía judicial siempre está abierta” e intentó enviarles un guiño a los gobernadores al afirmar que “han sido solidarios” con las problemáticas planteadas por la central obrera.

A su ingreso, el diputado Moyano calificó de “vergonzoso” el ataque del Gobierno a la industria y criticó que el eje de la discusión en las últimas jornadas sobre la reforma laboral haya estado centrado en el capítulo impositivo de la ley –las provincias presionan por la pérdida de recursos- y no en los trabajadores. “No puede ser que una cuestión coyuntural, importante seguramente como es el financiamiento de las provincias que tanto está castigando este gobierno y que no se va a solucionar por esta negociación, esté sometiendo la sanción de algo que va a tener efectos permanentes, estructurales y duraderos para los trabajadores”, manifestó el hijo del líder de Camioneros.

La propuesta del gobierno de Javier Milei es calificada por la CGT de “regresiva” y acusada de quitar derechos colectivos e individuales al flexibilizar las contrataciones y despidos, restringir el derecho a huelga y recortar la fortaleza de las organizaciones sindicales. Entre los puntos que generan mayor rechazo, están la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de “la ultraactividad”, las restricciones de acciones sindicales en los espacios de trabajo, la posibilidad de la ampliación de jornadas de hasta 12 horas y el llamado Fondo de Cese Laboral (FAL) para reemplazar a las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de Anses.

Otro que habló fue Benítez, quien afirmó que la Casa Rosada tiene “una especial desidia con la industria textil” y le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, quien había encendió la polémica luego de revelar que no compra ropa en Argentina. “Es un insulto al trabajo argentino y un insulto a todo lo que reclamamos nosotros desde la CGT”, indicó el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), además de advertir que “desde que está el gobierno de Milei se han perdido cuatro mil puestos de trabajo en el sector”.

Desde la CGT activaron una movilización luego de negociaciones frustradas con algunos gobernadores que se habían mostrado críticos de la reforma laboral, como el peronista Martín Llaryora (Córdoba) y el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe). A último momento ambos optaron por no mostrarse con la mesa chica de la central obrera en lo que se esperaba una foto de apoyo a los reclamos del sindicalismo, que sí llevaron a cabo un encuentro secreto con cinco mandatarios provinciales del peronismo duro el miércoles en el centro porteño para diagramar la estrategia que hoy será tratada.

“Por supuesto que para nosotros no fue bienvenido, teníamos una convocatoria con los gobernadores Pullaro y Llaryora, que son parte de Provincias Unidas. La cancelación corre por su cuenta. Sobre todo de quienes provienen de sectores gremiales (en relación al mandatario cordobés, que es hijo de un sindicalista bancario), que tienen que defender los derechos de sus trabajadores y no solamente sus administraciones”, apuntó Sola sobre el frustrado encuentro.

Las alarmas para los gremios se intensificaron, en paralelo, luego de que la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, haya asegurado que la reforma laboral estaba “95 por ciento acordada” con sectores dialoguistas de la Cámara alta. Los secretarios generales, si bien sostienen que “el gobierno exagera en los números”, entienden que la chance de que el quórum se caiga hoy es remota.