Por segundo día consecutivo, funcionarios de Casa Militar y Policía Federal apostados en la entrada de la Casa Rosada cotejan fichas con nombre, apellido y foto de los periodistas acreditados. “Sigue todo igual”, contestan los encargados de prohibir la entrada de los acreditados de El Destape, Tiempo Argentino, La Patriada web y Ambito Financiero, los medios señalados por una investigación publicada por el sitio filtraleaks como parte de la campaña de desinformación apuntalada por el gobierno de Vladimir Putin para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024.

A última hora de ayer, se levantó la prohibición que pesaba sobre el sitio América 24. Sus periodistas asignados fueron autorizados a ingresar, mientras que los que pertenecen a los otros cuatro medios señalados perdieron la huella dactilar que los autorizaba a trabajar dentro de Balcarce 50 y cubrir las actividades que allí se desarrollan. Otros medios también señalados en el informe, como Infobae y El Cronista, no tuvieron complicaciones, y sus acreditados continúan trabajando dentro del edificio gubernamental.

Desde el Gobierno aseguraron a LA NACION que las restricciones a esos medios “van a seguir por ahora”, sin plazos concretos para dejar sin efecto la medida. Se estaría abriendo, de todos modos, algún canal de negociación con los dueños de esos medios de comunicación en relación con las restricciones, que continúan también en la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem. Colaboradores de Menem comunicaron ayer al Círculo de Periodistas Parlamentarios que quedaban suspendidas las acreditaciones de los medios La Patriada, el Destape, A24 y Gritos del Sur. Aclararon que no era algo “personal” con los periodistas, sino con los medios.

La información sobre lo sucedido alrededor del caso se conoció el último viernes, según reveló un consorcio de investigación periodística que accedió a una filtración de documentos e informes de inteligencia rusos.

Tal como contó LA NACION ese mismo viernes, un consorcio de periodistas de investigación accedió a una filtración de informes de inteligencia rusos en los que reveló que un grupo de espionaje conocido como “La Compañía” desarrolló una “campaña mediática y política para desacreditar” al gobierno libertario durante 2024, en plena guerra entre Rusia y Ucrania, y mientras el gobierno de Javier Milei hacía explícito su apoyo al gobierno de Volodimir Zelensky.

La campaña de desprestigio, según la investigación, consistió en una serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al presidente Milei y a su gobierno con la difusión de una mezcla de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.

Según el material al que accedió ese consorcio de periodistas, la campaña de desacreditación incluyó además la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y “entrevistas con expertos”, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.

Los trabajos de “La Compañía” en la Argentina también abarcaron análisis de la situación militar-industrial argentina y de los recursos petrolíferos en la Antártida, una campaña para promover proyectos de ley contra la adhesión de Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania y un plan para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas que se desarrollaron durante 2025.

Conocidas las medidas del Gobierno, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado para expresar su “preocupación” ante “la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Al mismo tiempo, pidió “evitar generalizaciones” que puedan motivar cuestionamientos al ejercicio del oficio periodístico.

Las revelaciones sobre la red de difusión de noticias apócrifas que habría contado con financiamiento de Rusia motivaron una reacción del Gobierno, incluso con mensajes de tono agresivo del presidente Javier Milei hacia el periodismo y trabajadores de prensa. ADEPA abordó el tema con un pedido de evitar las generalizaciones.

“ADEPA subraya que el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente. Este tipo de campañas ilegítimas no solo distorsiona el sentido de ese trabajo, sino que puede afectar la confianza pública en los medios. Por eso, también es prudente evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional del periodismo”, destacó la entidad en uno de los párrafos de su comunicado.