La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desestimó una eventual candidatura como representante de La Libertad Avanza (LLA) las próximas elecciones legislativas y aseguró que su objetivo es seguir en sus funciones.

“Yo no quiero ser candidata. Estoy haciendo un trabajo en el Ministerio de Seguridad, que le hace falta al país. No quiero ser candidata a senadora, prefiero seguir con esto”, aseguró en una entrevista en LN+.

Acasi 49 años del ataque del 5 de octubre de 1975 al Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, en el que combatieron el Ejército Argentino y Montoneros, el Gobierno indemnizará a familiares de soldados víctimas de aquel episodio. A través de la resolución 39/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la vicepresidenta Victoria Villarruel aprobó la retribución.

“En vísperas del aniversario del ataque al Regimiento de Infantería de Monte N°29 ‘CR Ignacio Warnes’ de Formosa, anunciamos que las familias de los fallecidos y los heridos en combate el 5 de octubre de 1975 podrán acceder finalmente a la compensación económica del DNU 829/19″, comunicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de X para comunicar la medida.

El decreto al que refiere la cartera fue sancionado en 2019, bajo el mandato de Mauricio Macri en la presidencia, y estableció que “tendrán derecho a percibir una compensación económica las personas que participaron de la defensa del regimiento”.

Por Claudio Jacquelin

“Esta guerra es a matar o morir”. Esa es la respuesta que casi sin variaciones suele dar Javier Milei a quienes le cuestionan el fondo de algunas medidas, las formas con las que las presenta y las defiende o el maximalismo que le imprime a muchas de sus decisiones. Colaboradores y aliados la han escuchado innumerables veces. A todo o nada. Aunque, a veces, el Presidente corrige o matiza, cuando el enojo no le nubla la comprensión del riesgo.

En esa lógica se inscribe la disputa con el sistema universitario público nacional. Por eso no ha habido retroceso alguno frente a la sanción de la Ley de financiamiento que acaba de vetar. Ni aún después de la segunda marcha multitudinaria en todo el país en apoyo de esa norma, que ahora el Congreso amenaza con sostener en la sesión en la que el veto se tratará la semana próxima.

En pocos días, podría registrarse una doble derrota para el oficialismo, que por segunda vez tuvo en las calles a una multitud lanzada a cuestionar algo más que la asignación de fondos para revertir el retraso salarial que sufren docentes y no docentes desde que comenzó el mandato de Milei.

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A través del decreto 880/2024, el Gobierno dispuso la intervención por 180 días de la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM) y facultó al Ministerio de Salud a prorrogar ese plazo si lo considera. La medida tiene como base las irregularidades que, según afirma el texto oficial, encontró la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La decisión oficial- que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones- se conoce a más de un mes que la administración nacional designara a Martín Esteban Gutiérrez como administrador provisorio de la entidad.

Por Cecilia Devanna

Con la mira puesta en lo que empezará a pasar el próximo miércoles en el Congreso y tras haber oficializado el veto a la ley de financiamiento universitario, el Gobierno trabaja para blindar la decisión presidencial, en medio de la indefinición de Pro, aliado fundamental del espacio. A diferencia de lo que sucedió con el primer veto de Javier Milei, por la ley de movilidad jubilatoria, en el que el oficialismo obtuvo el apoyo para mantenerlo, este nuevo escenario aún es incierto. En paralelo a esas negociaciones, el líder libertario se mostró con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario, Alejandro Álvarez.

Sin embargo, la decisión de la administración es férrea y mientras el plan “A” es blindar el veto, no se descartan otras opciones en caso de que esa opción no tenga sobrevida a nivel parlamentario. Si el veto no se sostiene, en la Casa Rosada piensan en un eventual camino legal. Aunque la idea es no llegar a ese escenario, podría terminar apelándose a la ley de Administración Financiera que, entre otras cosas, “comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado”.

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