El gobierno de las Islas Malvinas anunció, días atrás, que prorrogó las licencias petroleras en Sea Lion por cinco años con opción a dos más. “Lo hacemos con el fuerte apoyo del Reino Unido”, señaló en un comunicado. Sin embargo, en medio de una escalada diplomática y de acciones sancionatorias anunciadas por el gobierno argentino, en septiembre cayeron las acciones de las dos empresas involucradas. En la Bolsa de Londres, Rockhooper perdió un 17,9% de su valor bursátil, mientras que Navitas, en la Bolsa de Tel Aviv, perdió un 11,5% y la petrolera estadounidense Halliburton Company decidió no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion.

Ante esta situación, el gobierno británico confirmó ayer, ante la Cámara de los Comunes, que a partir de ahora, todas las licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del Foreign Secretary, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Asume así una responsabilidad con ese permiso, entendiendo que fortalecerá la confianza empresarial que solo contaba, hasta ahora, con contratos firmados por el gobierno isleño, con apoyo del Reino Unido.

Sin embargo, evitó precisar si Londres intervino específicamente en la autorización del proyecto petrolero Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028, que opera con licencias ya existentes, prorrogadas recientemente, pero no con una nueva, de acuerdo a lo que explicó el funcionario en el Parlamento.

Según medios británicos, también consignados por el sitio Mercopress, fue el Partido Conservador quien llevó la pregunta sobre Sea Lion. El representante Lord Moynihan, miembro conservador de la Cámara de los Lores, fue directo al grano ante Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario del Foreign Office, sobre los “permisos de Sea Lion”. El consultado no confirmó ni negó esa intervención. Pero ratificó que de aquí en más “todas las licencias petroleras en las islas deberán ser autorizadas por el Foreign Office”.

La respuesta fue entregada al Parlamento británico en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en las aguas cercanas al archipiélago. El 15 de septiembre pasado, ante la requisitoria del opositor Partido Conservador, el Foreign Office envió una nota a la Cámara de los Comunes advirtiendo que el secretario de Estado debe consentir las nuevas licencias de hidrocarburos otorgadas en las islas, bajo legislación local, pero ayer lo ratificó con una respuesta mucho más enfática, anunciando que directamente no se podrán otorgar licencias de explotación de petróleo en Malvinas sin el consentimiento del secretario de Estado.

En Westminster, en paralelo con el endurecimiento argentino por el reclamo de soberanía sobre las islas, comenzó a darse un debate propuesto por el Partido Conservador, que hizo públicas sus intenciones de exigir que las regalías que pueda otorgar la explotación petrolera en las islas sean compartidas con el Reino Unido, para que con esos recursos se puedan financiar los gastos de defensa de las islas, cargados en el presupuesto británico, unas 75 millones de libras esterlinas al año, para liberar recursos y aplicarlos al presupuesto de defensa del Reino Unido, como pide la OTAN, que disminuyó progresivamente desde 2016, cuando se confirmó la salida de los británicos de la Unión Europea, lo que se conoció en el mundo como el Brexit. Según los conservadores, “esa medida también aliviará la carga de los contribuyentes británicos”.