SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Doce miembros de la comunidad mapuche Campo Maripe fueron imputados este miércoles por haber impedido la explotación de una cantera en un campo de Añelo, en el yacimiento de Vaca Muerta de la provincia de Neuquén.

El fiscal Pablo Vignaroli y la asistente letrada Tanya Cid les formularon cargos por haber turbado la posesión de un predio mediante amenazas y bloqueos, lo que impidió el desarrollo de una actividad minera en el lugar. Además, solicitaron medidas de coerción para evitar la reiteración de los hechos.

Según la acusación, el 24 de enero pasado, doce integrantes de la comunidad mapuche, junto a otras personas no identificadas, ingresaron a una cantera y bloquearon el acceso.

“En ese contexto, interceptaron a trabajadores que se dirigían al predio para iniciar tareas de explotación, les impidieron el paso y los amenazaron con dañar e incendiar los vehículos. Para concretar el bloqueo, colocaron camionetas sobre el camino de ingreso, lo que obligó a los operarios a retirarse”, sumaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino.

La fiscalía agregó que la ocupación se extendió hasta el 5 de marzo, “período durante el cual permanecieron en el lugar con estructuras precarias y relevo de personas, impidiendo de manera sistemática el acceso al propietario”.

Esa situación generó un perjuicio económico al impedir la explotación de la cantera. El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, integrado por la fiscal del caso Rocío Rivero y la agente Aylinne Mora Marcos, detalló como evidencia las denuncias, testimonios, actas policiales, registros audiovisuales y documentación sobre la titularidad del inmueble.

La fiscalía solicitó además que los imputados se abstengan de realizar actos que afecten la posesión, que no bloqueen caminos o accesos y que no mantengan contacto con el denunciante ni con personas vinculadas a la actividad.

Por su parte, la defensa rechazó la acusación, se opuso a las medidas cautelares e intentó recusar a la jueza de Garantías Carina Álvarez. Ese último planteo fue rechazado.

La jueza, en tanto, tuvo por formulados los cargos por el delito de turbación de la posesión (artículo 181 inciso 3 del Código Penal) en carácter de coautores, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y resolvió imponer medidas de coerción por ese mismo período.

En concreto, ordenó a los imputados abstenerse de realizar cualquier acto de turbación o bloqueo de accesos al predio y les prohibió mantener contacto con el denunciante, su familia y trabajadores.

A principios de febrero pasado, el MPF había intimado mediante oficio a los integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe para que se retiraran del lote ubicado cerca de la ciudad de Añelo. La denuncia había sido presentada por el dueño de una empresa de explotación de áridos por el presunto delito de turbación de la posesión.

En ese momento, se otorgó un plazo de seis horas a los integrantes de la comunidad Campo Maripe para que desocupen “completamente el inmueble, levantando y llevándose gazebo, sillas y demás elementos emplazados en el lugar, como también retirando todos los vehículos, bajo apercibimiento de ser desalojada/o compulsivamente con el auxilio de la fuerza pública y del secuestro de todos los elementos mencionados y vehículos”.

Desde la comunidad Campo Maripe expresaron: “Seis horas para desalojar 140 años de historia. Responsabilizamos a la Justicia neuquina por actuar con celeridad cuando se trata de proteger intereses petroleros, mientras demora o ignora los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Responsabilizamos al poder político por habilitar actividades extractivas en territorio comunitario sin consulta previa, libre e informada”.

Y añadieron: “Lo que está en juego no es solo una cantera. Es el avance de un modelo racista y petrolero que criminaliza a las comunidades mapuche cuando defienden su tierra”.