Desde las cuentas que el Sindicato de Camioneros y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos creados hace poco más de un año y vinculados a Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano y la administradora del holding de empresas que orbitan alrededor del gremio.

Los giros de dinero se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, casi en paralelo a cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores a la obra social, la viga maestra de los negocios del imperio camionero. Además, las transferencias se dieron un mes después de activarse en la Justicia una causa por un presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel que el sindicato tiene en Mar del Plata.

Las primeras dos de las cinco operaciones que activaron alarmas internas en el sindicato se concretaron el 5 de septiembre, según los detalles de las transacciones a los que accedió LA NACION. Una fue de casi $50 millones con destino al fideicomiso Thoth y otra fue de más de $90 millones para Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado que en 2008 se asoció a Moyano en la creación de una empresa llamada Organización de Seguridad Las Marías SA. Al poco tiempo de vincularse con el jefe camionero, Sodini fue designado como director de Transporte de Cargas del gobierno bonaerense que por entonces encabezaba Daniel Scioli, hoy funcionario libertario. Sodini no respondió el viernes a los llamados de LA NACION.

La tercera de las operaciones se concretó el 9 de septiembre y fue por $147 millones con destino a un fideicomiso llamado Khasis. El dinero salió de la cuenta del sindicato. Las últimas dos transferencias fueron giradas desde la cuenta de la obra social. El 16 de septiembre se enviaron casi $30 millones a un fideicomiso llamado Dhanvantari. Al día siguiente, hubo un nuevo depósito, pero de casi $590 millones. Dhanvantari es el dios hindú de la medicina, el rubro que le abrió hace décadas las puertas de los grandes negocios a Zulet. Ni ella ni Moyano respondieron a la consulta de LA NACION.

Dos de los tres fideicomisos se registraron el mismo día (1° de noviembre de 2024) mientras que el restante lo hizo al mes siguiente, el 1° de diciembre de 2024. Pero lo más sugestivo es el domicilio fiscal: los tres lo situaron en la avenida Belgrano 1255, donde están las oficinas de las empresas Iarai (de salud y asistencia), Aconra (una constructora) y Dixey (dedicada a la industria textil). Se trata de las históricas compañías que integran el holding que encabeza Zulet y que encadenó ganancias extraordinarias a pesar de tener a un solo cliente: el gremio de los camioneros. En las tres sociedades figura contratado a sueldo Jerónimo Moyano, el hijo de 26 años que tienen Zulet y el sindicalista.

Iarai, que es la que administra la obra social, no tiene hoy casi deuda con el sistema financiero. Pero Aconra (la constructora) y Dixey (la de industria textil), también manejadas por Zulet y sus hijos, arrastran un pasivo de $47.000.000 y de $2.309.000, respectivamente.

Desde hace años, en los directorios de estas empresas se alternan roles Zulet con dos hijos que tuvo de otros matrimonios: Valeria Alejandra Salerno (45 años) y Juan Noriega Zuleta (39 años). El 21 de noviembre de 2016 ambos ingresaron al blanqueo de capitales US$ 1.100.000 provenientes de actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). La investigación de la UIF, publicada por entonces por LA NACION, reveló además que las sociedades proveedoras del gremio que manejan los hijastros de Moyano compraron seis casaquintas en Parque Leloir, una zona a la que el jefe camionero solía frecuentar hasta que hace unos años decidió alquilar una casa en el exclusivo country Abril, en Hudson, según fuentes que conocen la dinámica familiar de uno de los sindicalistas más poderosos del país.

Según fuentes que conocen los movimientos de dinero del Sindicato de Camioneros, las transferencias al fideicoimiso Khasis tendrían como destino final Aconra, mientras que los fondos girados a Thoth irían a la textil Dixey. Los millones de pesos derivados a Dhanvantari terminarían en Iarai, la administradora de la obra social de camioneros que fue creada en 2003, en plena expansión del poder gremial y económico de Moyano, y que hoy está atraviesa por una crisis financiera asfixiante, con una deuda que rondaría los $60.000 millones, según fuentes sindicales. “Las transferencias de dinero a estos fideicomisos o a estas empresas de Zulet son habituales, se hacen todos los meses” dijo en reserva un histórico dirigente moyanista que sospecha de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato.

Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.

El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en suspenso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. “No pueden justificar gastos. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial, que está a cargo del fiscal Carlos David Bruna y de la jueza Lucrecia María Bustos. Por este caso, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa.

Moyano y Zulet podrían jactarse de tener un polirubro de empresas. Administran desde una prestadora médica y una constructora a una fábrica textil y una aseguradora. También influyen en una transportista y en una agencia de seguridad. La preocupación del matrimonio que hace negocios con el sindicato de camioneros no pasa hoy por lo judicial sino por mantener en pie el imperio, sobre todo, la obra social.

La deuda de la obra social solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza a febrero de este año los $32.400.067 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió LA NACION. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $60.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. Para auxiliarla, Moyano recurrió a la ayuda de los empresarios. Desde hace más de un año, se acuerda en paritarias un aporte empresarial mensual que va directamente a la caja de la obra social del gremio. El monto es hoy de $25.000 por cada trabajador registrado. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.

Ni siquiera este salvavidas empresarial les permitió a Moyano y Zulet sostener los servicios de la obra social. De los cinco sanatorios que tienen en Buenos Aires, solo el de San Justo está en pleno funcionamiento. Además, se suspendieron beneficios en los descuentos en los medicamentos, los afiliados tienen que pagar un coseguro para realizarse estudios y los salarios del personal y de los médicos no se pagan en tiempo y forma, según informaron fuentes de Oschoca. Zulet fue blanco de los reclamos internos el año pasado, cuando el conflicto alcanzó su cima de tensión por un paro en las clínicas del gremio.

Enfrentado a Zulet, Pablo Moyano, secretario adjunto y virtual número dos del gremio, renunció por carta hace dos años al directorio de la obra social. Responsabiliza directamente a la esposa de su padre por el déficit de la prestadora médica. Además, habría manifestado su rechazo a la venta de propiedades del gremio para solventar la crisis de Oschoca. Se trataría de una reciente operación inmobiliaria por un inmueble del gremio en la avenida Independencia.

Bajo su conducción, Moyano expandió la riqueza del sindicato, que cuenta con unas 280 propiedades distribuidas estratégicamente por todo el país, lo que representa un tesoro inmobiliario incalculable. Ese botín, más otros negocios que orbitan alrededor del sindicato, son motivo de disputa entre los herederos del patriarca, que a los 82 años no piensa todavía en el retiro.