En su primera declaración formal ante los investigadores que lo indagan en Bolivia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el exasesor del presidente Javier Milei, Fernando Cerimedo, declaró que acumuló ingresos por US$ 1 millón por mes durante 2025 y 2026, y que asesora a políticos de distintos países con las empresas que montó en la Argentina y Estados Unidos.

Cerimedo, que además afronta una acusación por intento de femicidio, detalló que ofreció “consejos de comunicaciones digitales” al presidente boliviano, Rodrigo Paz, al que prestó servicios como “consultor político”, función que también desarrolló en otros países, pero se negó a aportar más detalles al sostener que su detención es parte de un “intento de golpe de Estado” en marcha en Bolivia.

Uno de los dueños de “La Derecha Diario” en la Argentina (vendió desde la cárcel sus acciones al español Javier Negre) y otros países de la región declaró en La Paz, acompañado por uno de sus abogados defensores, José Vega, ante el fiscal de La Paz, Miguel Cardozo Ramírez, y un investigador policial asignado al caso, el teniente Gabriel Quispe Mendoza, según surge de la copia de la “declaración informativa” que obtuvo LA NACION.

A lo largo de la audiencia, Cerimedo se negó a responder más de 150 preguntas de los investigadores, a los que solo se replicó que sus consultas “no tienen nada que ver con el caso” por el que se encontraba detenido y prestaba declaración. Entre otros motivos, porque le preguntaron si él tenía acceso al presidente Paz, si le escribía discursos o lo asesoraba en cuestiones gubernamentales.

La declaración se produjo siete días después del allanamiento que derivó en su detención. Según consta en el propio expediente, los investigadores allanaron un inmueble en La Paz, el 20 de agosto, donde secuestraron documentación, un arma de fuego, el título de propiedad de esa vivienda y un automóvil.

Durante ese operativo, el representante legal de una casa de cambios de la Zona Sur denominada “Exchange” se escapó tras retirar unos US$ 700.000 de las cajas fuertes. A través de esa casa de cambios, según la Fiscalía, Cerimedo recibió “sumas en dólares”, además de acumular cajones repletos de dinero y moverse con una credencial de la Policía boliviana.

En ese contexto, la Fiscalía acusa a Cerimedo de haber “aumentado su patrimonio de manera desproporcionada sin justificación alguna” durante 2025 y este año, a lo que el consultor argentino replicó que trabaja como “consultor político”, que en 2021 montó la empresa Numen Group Inc en Estados Unidos, y que en la Argentina tiene una “empresa de publicidad”, Numen, en la que trabajan 35 empleados, en dos sucursales, con 12 clientes, cuyos nombres no detalló.

Cerimedo enumeró, también, otras tres patas de su entramado de negocios: la Academia Numen, que dicta “cursos de tecnología” asociados a un proyecto que llamó “Magament Institute”; una productora audiovisual, y una razón social propia con facturación. En la firma estadounidense, aclaró, es “socio único”; en el resto, “soy socio con mi esposa”, por Natalia Basil.

Detalló, además, que controla otras empresas, pero sostuvo que no tienen movimientos porque su intención era radicarse en Bolivia, donde quería montar una firma de marketing, “para poder establecerme acá”, pero que al momento de su detención todavía no había concretado.

-¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?-, le preguntaron los fiscales.

-Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia-, replicó.

-¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2026?

-Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior.

En ese contexto, detalló que no percibía ningún otro ingreso, que no tiene cuentas bancarias en Bolivia y que sí las tiene “en Argentina y Estados Unidos”, y negó tener inversiones, sociedades, propiedades o activos registrados a nombre de terceros. “No, ni en Bolivia ni en Argentina”, sostuvo, “tengo todos a mi nombre”.

Cerimedo adujo, sin embargo, no recordar cuándo o quién lo contactó con el presidente Paz, al que asesoró durante la campaña electoral que lo llevó al poder durante el segundo semestre del año pasado. “No recuerdo”, replicó, reiteradas veces, ante las repreguntas de los investigadores. Sí admitió que ya conocía a Paz antes de las elecciones de 2025, aunque tampoco recordó en qué circunstancias. Y precisó que no hubo contrato escrito por sus servicios de campaña.

-¿Quién coordinaba sus actividades en Bolivia?

-Yo.

-¿Quién era su principal contacto dentro del entorno de Rodrigo Paz?

-El presidente Rodrigo Paz.

-¿Quién le proporcionaba información para desarrollar sus actividades?

-Nadie.

-¿Quién financiaba esas actividades?

-Nadie.

A partir de ese momento, y hasta casi el final de la audiencia, Cerimedo casi no aportó más datos. “No entiendo qué tiene que ver con el caso” por el que se encuentra detenido -presunto lavado de activos- replicó a más de 150 las preguntas; entre otras, si él imparte “instrucciones” en Bolivia, si él escribe discursos del Presidente, si ocupa un cargo formal en el gobierno o cuál era su función “respecto de las redes sociales” de Paz.

El cuestionario, de 219 preguntas, avanzó sobre casi todos los resortes del poder boliviano. Los investigadores quisieron saber si Cerimedo participó en la elaboración o modificación de decretos y proyectos de ley, en decisiones económicas y en asuntos de combustibles, seguros, empresas públicas, seguridad, militares, policiales e internacionales; si tenía oficina dentro de la Casa Grande del Pueblo, credencial y acceso permanente; si participaba de reuniones de gabinete y si los ministros tomaban sus opiniones; y quién tenía las contraseñas de las cuentas de redes sociales oficiales del Presidente y si él podía eliminar o modificar publicaciones. A todas respondió lo mismo: “No tiene que ver con el caso”.

-¿Alguna vez sostuvo reuniones con empresas o autoridades extranjeras en nombre del Presidente?

-No tiene nada que ver con el caso-, insistió.

-¿Quién le permitía acceder a funcionarios y ministros?

-No tiene nada que ver con el caso.

Ya sobre el final, Cerimedo aportó la respuesta más extensa de su declaración.

-¿Tiene algo más que señalar o declarar?

-Sí, quiero declarar que esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales. Me reservo el derecho de accionar legalmente en Bolivia y ante cortes internacionales contra todos los que han vulnerado mis derechos internacionales, y que no entiendo los cargos que me han señalado ahora.

Recluido en la cárcel de Palmasola, Cerimedo había enviado antes un mensaje a la prensa, en la misma senda. Rechazó las “mentiras” y “chismes” que lo vinculan con supuestos negociados o actividades ilícitas, y sostuvo que su rol como colaborador del presidente Paz no le otorgaba autorización, ni poder, para actuar o representarlo a él o a la familia presidencial.