La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el diputado Juan Manuel López pidieron que se investigue al juez federal Julián Ercolini y al fiscal federal Franco Picardi por haber cerrado la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se abrió contra el juez Ariel Lijo, hoy candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tal como informó LA NACION, esa causa se archivó en 2021. En 2018, Lijo había sido denunciado junto a su hermano Alfredo en los tribunales de Comodoro Py por Elisa Carrió, que sostuvo que los hermanos les garantizaban impunidad a empresarios y funcionarios complicados en causas judiciales. Como presunto organizador de la banda, Carrió denunció al exministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido.

El caso le tocó inicialmente al fiscal Carlos Stornelli, pero se excusó y pasó a manos del fiscal Picardi. La causa se cerró sin que ninguno de los imputados fuera indagado; por decisión de Ercolini y con el consentimiento del fiscal para su cierre. El abogado de los hermanos Lijo fue Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia.

Ahora, Carrió y López hicieron dos presentaciones en paralelo: una en el Consejo de la Magistratura, que investiga la actuación de los jueces federales y nacionales, y otra en la Procuración General de la Nación, que controla a los fiscales.

En la nota dirigida al Consejo, Carrió y López le pidieron al organismo que preside Horacio Rosatti -también titular de la Corte Suprema-, que “requiera una copia de la causa N°13.082″ (la del presunto enriquecimiento ilícito de Ariel Lijo) y una copia de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que daría cuenta de “inconsistencias patrimoniales del juez Lijo que no habría sido incorporado al expediente y/o analizado en profundidad por el juzgado a cargo de la instrucción de la causa”.

“Que, luego de ello, realice una auditoría sobre la actuación del juez Ercolini en la instrucción de dicha causa”, pidieron Carrió y López. La nota que enviaron a la Procuración es casi idéntica, pero la actuación que solicita auditar es la de Picardi, también en la causa de los Lijo.

A los dos organismos, Carrió y López les dijeron: “Consideramos necesario requerirle su intervención a fin de que el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación y, especialmente, la sociedad en su conjunto pueda tomar debido conocimiento de la persona propuesta por el Presidente de la Nación”. El Gobierno anunció que Ariel Lijo sería el candidato elegido por Javier Milei como candidato a integrar la Corte Suprema en reemplazo de Elena Highton, que se jubiló.

Carrió y López destacaron en sus presentaciones que “el Dr. Lijo ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en el desempeño como juez federal”.

“La nominación de un abogado/a para desempeñarse como ministro de la Corte Suprema -por cierto, en forma vitalicia, tal como establece nuestra Constitución- reviste suma relevancia institucional toda vez que, como es sabido, dicho órgano es la cabeza del Poder Judicial”, dijeron López y Carrió. Y subrayaron: “Consecuentemente, deben proponerse a personas con aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, con una trayectoria que demuestre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función (artículo 2° del decreto N° 222/03)”.

Cuando Carrió denunció a los hermanos Lijo presentó un pendrive con una grabación de Alfredo diciendo: “¿Alguna vez fuiste a Tribunales a llevarle plata a uno... a otro con miedo a que te peguen un tiro?”. Alfredo Lijo fue sobreseído en febrero de 2021.

Según el fallo al que accedió LA NACION, Ercolini sostuvo que no pudieron corroborarse las hipótesis planteadas en la denuncia respecto de un supuesto incremento patrimonial irregular del hermano del juez ni la relación de ese incremento con sus vínculos y su actividad como operador judicial. Después de ese fallo, Cúneo Libarona pidió el sobreseimiento del juez Ariel Lijo, que fue dispuesto por Ercolini.

Fuentes allegadas a Alfredo Lijo dijeron a LA NACION que el archivo y el sobreseimiento se dispusieron después de haberse agotado la instrucción de la causa, cuando ya no quedaba nada por investigar.

La denuncia sostenía que la supuesta banda había “pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios”.

Picardi pidió medidas para estudiar el patrimonio de los Lijo y de los demás denunciados. De acuerdo a la información que recibió de la AFIP y -según cita el juez- un informe de la UIF, no surgieron “situaciones que merecieran ser destacadas” en los patrimonios. Además, Alfredo Lijo ingresó al blanqueo y las autoridades judiciales se toparon, según dijo una fuente judicial a este medio, con los límites que impone la ley de sinceramiento fiscal 27.260. Según supo LA NACION, también declaró haber recibidos premios “por actividades desarrolladas en los hipódromos de Palermo, La Plata y San Isidro”.

Pero la investigación no profundizó en otra parte de las maniobras denunciadas por Carrió: supuestos hechos de lavado de dinero con la compañía de seguros que tenía como socio a Alfredo Lijo; los funcionarios judiciales del caso dijeron que esas maniobras eran investigadas en los tribunales en lo penal económico, en otros expedientes.

En cuanto a la acusación que los señalaba como una banda organizada, Ercolini dijo: “Los resultados obtenidos a raíz de las medidas practicadas conllevaron a descartar la ocurrencia de los extremos denunciados en los términos en que fueran presentados, dado que seguía desconociéndose las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que podrían haberse desarrollado”.

La denuncia fue ampliada en 2019 con información sobre los vínculos de los hermanos Lijo con la familia Corach, después una nota de LA NACION que reveló la cercanía entre ellos y que daba cuenta de que el juez Lijo, que instruyó el caso por las coimas de Siemens, ignoró un informe de la UIF sobre movimientos de dinero de la familia Corach en el exterior.

Lijo también afrontó denuncias en el Consejo de la Magistratura, pero ninguna prosperó.