Con un final previsto para el último trimestre de 2027, el juicio por Hotesur y Los Sauces contra la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, se convertirá en una vidriera política que atravesará e impactará en el año electoral. No sólo porque el líder de La Cámpora se menciona como posible candidato en varios escenarios que analiza el peronismo, sino porque su madre busca también que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamine en contra de su inhabilitación política.

Para la acusación, sin embargo, el caso expone un manual de lavado de dinero. Según el fiscal Diego Velasco, la plata salía de la obra pública que el Estado le daba a Lázaro Báez y de los beneficios fiscales que recibía el grupo de Cristóbal López. El negocio que la limpiaba eran alquileres de departamentos y de hoteles de la familia Kirchner.

El 31 de mayo de 2003, seis días después de asumir la presidencia, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner le firmaron a su hijo Máximo un poder para manejar todos sus bienes. Con ese papel, Máximo vendió, compró, alquiló y pidió préstamos en nombre de sus padres durante más de una década. Por eso es una figura central del caso Hotesur y Los Sauces.

El requerimiento de elevación a juicio de los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, empezó a leerse el viernes en la primera audiencia del juicio oral y la lectura seguirá este lunes.

Allí se cuentan diversas maniobras que para la acusación prueban el lavado de dinero. Por ejemplo, que Báez les construyó a los Kirchner 18 departamentos en Río Gallegos: diez se los regaló en los papeles y los otros ocho se los alquiló a sí mismo. Las empresas de López también pagaban alquileres caros por dos departamentos de la familia en Puerto Madero. Y Báez manejó los hoteles de los Kirchner en El Calafate con una empresa que solo tenía un restaurante.

En 2005, Néstor Kirchner y Austral Construcciones, la principal empresa de Báez, acordaron hacer un edificio de diez departamentos en un terreno del presidente en Río Gallegos. Austral ponía la plata para construirlo, unos $710.000. A cambio, cada uno se quedaba con cinco departamentos.

El 2 de marzo de 2007, el edificio estuvo listo. Ese mismo día, Austral le vendió a Kirchner sus cinco departamentos por $352.000, la mitad de lo que había gastado.

“Austral Construcciones termina perdiendo dinero, ya que lo que recibió no le alcanza siquiera para cubrir los costos, lo que muestra a las claras la simulación del negocio jurídico”, escribieron los fiscales. Kirchner se quedó con los diez departamentos. Máximo firmó todos los papeles en nombre de su padre.

En 2008, Néstor y Cristina Kirchner pusieron dos terrenos de Río Gallegos en Los Sauces, la empresa familiar que presidía Máximo. Les asignaron un valor de $13.500 a cada uno. El Tribunal de Tasaciones de la Nación, el organismo que calcula cuánto vale una propiedad, valuó uno de ellos en más de $750.000.

Una constructora de Báez levantó cuatro departamentos en cada terreno. La firma ya estaba construyendo antes de que existiera un contrato y la obra iba por la mitad. Los Sauces le pagó la obra a Báez con cheques firmados por Máximo Kirchner.

Pero, antes de ese pago, otras empresas de Báez ya habían alquilado esos mismos departamentos. El contrato no decía quién iba a vivir allí. Así, la plata que Báez cobraba por construir se las devolvía a los Kirchner en forma de alquiler. Fueron cerca de $4 millones. Máximo Kirchner depositó más de 27 cheques de esos alquileres en la cuenta de Los Sauces.

Los alquileres estaban por encima del valor de mercado. En octubre de 2015, con la elección presidencial, los Kirchner dejaron de alquilarle a Báez.

Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y prima de Máximo y nueva presidenta de Los Sauces, alquiló los mismos departamentos a vecinos comunes. Ellos pagaban entre 25% y 41% menos. A los vecinos les pidieron garantes; a Báez, nunca. Para los fiscales, eso prueba “el vínculo de extrema confianza entre los contratantes y la certeza absoluta en el cobro”.

Con el grupo de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa se repitió la misma modalidad. En 2012, Máximo Kirchner le alquiló a Inversora M&S, una empresa del grupo, un dúplex de Los Sauces en el complejo Madero Center. Según el Tribunal de Tasaciones, pagaban más del doble del precio normal.

Otro departamento del mismo complejo lo pagaba Álcalis de la Patagonia, una fábrica de productos químicos de López, aunque en realidad vivía en ese inmueble la exmujer de Fabián de Sousa.

Entre 2009 y 2016, casi 9 de cada 10 pesos que cobró Los Sauces salieron de empresas de Báez y de López. La empresa familiar, que había nacido con $100.000, llegó a valer más de $12 millones.

El otro expediente, Hotesur, que se juzga de manera conjunta con Los Sauces, se refiere a cómo los Kirchner compraron tres hoteles en El Calafate y El Chaltén entre 2008 y 2009.

Para la fiscalía, buena parte del dinero para comprar los hoteles lo puso Báez. Con Máximo Kirchner como firmante, los Kirchner le vendieron casas y terrenos a Báez. Fueron nueve propiedades. Solo en dos días cobraron más de un millón de pesos. También le vendieron un terreno a una empresa ligada a Báez por seis veces lo que les había costado. Seis días después, Néstor compró la hostería Las Dunas.

Austral Construcciones le prestó a Néstor Kirchner $8,3 millones. En su declaración de bienes, Kirchner anotó la deuda pero no dijo quién era el acreedor.

El Banco Santa Cruz, de la familia Eskenazi, les prestó $10 millones casi gratis, días antes de comprar el hotel Alto Calafate. Les cobraba de interés por el préstamo lo mismo que les pagaba por sus ahorros en plazo fijo. Es decir que el banco no ganaba nada con esa operación.

A eso se sumó un terreno fiscal de El Calafate. La municipalidad se lo vendió a Néstor Kirchner a $7,50 el metro cuadrado. El presidente pagó $135.000 en total y, poco más de un mes después, lo vendió por 2 millones de dólares, es decir unas 45 veces más.

Ya comprados los hoteles, los Kirchner se los alquilaron a Valle Mitre, una empresa de Báez, que hasta ese momento solo tenía un restaurante y nunca había manejado un hotel.

Valle Mitre pagaba alquileres altísimos por todo el hotel. Por el Alto Calafate pagaba cada mes más de lo que ese hotel había ganado en todo un año con sus dueños anteriores. Con esos alquileres, los Kirchner recuperaron en un año y medio lo que les había costado Las Dunas, y en cinco meses lo que les había costado La Aldea.

Valle Mitre, en cambio, perdía plata porque les pagaba a los Kirchner en alquileres más que lo que ingresaba a sus arcas. Seguía funcionando porque las otras empresas de Báez le mandaban dinero, que los fiscales calcularon en unos 86 millones de pesos.

Para la fiscalía, en eso consistía el lavado: la plata de la obra pública con la que se benefició Báez en la causa Vialidad entraba a Valle Mitre y salía hacia los Kirchner como pago de alquileres.

La Unidad de Información Financiera (UIF) lo llamó un negocio “utópico”, pues los que pagaron la compra de los hoteles eran los mismos que después pagaban los alquileres por usarlos.

Para explicar a la AFIP por qué Valle Mitre recibía tanta plata, las empresas de Báez firmaron contratos que la AFIP y los fiscales consideraron falsos.

Así, dos estaciones de servicio de Báez alquilaron durante cinco meses un salón del Hotel Alto Calafate para promocionar un asfalto que fabrica YPF.

Pero la empresa YPF dijo que nunca había hecho esas promociones. En 2017, las dos empresas admitieron ante la AFIP que esos alquileres nunca existieron.

Asimismo, en otro contrato, Austral Construcciones, la empresa constructora de Báez y la más grande de Santa Cruz, le pagó $2,45 millones a la firma Valle Mitre, que solo administraba un restaurante, para que levantara un complejo turístico. Otro contrato falso para la fiscalía, que busca disfrazar el movimiento de fondos.

Otro convenio sospechoso es el pago de Austral Construcción de $4 millones a Valle Mitre por asesoramiento hotelero. Pero esa consultoría que debía realizar Valle Mitre tenía un problema: la empresa no tenía consultores y su único directivo era el gerente.

La inmensidad de la Patagonia dejó en evidencia otro contrato sospechoso. Báez alquilaba habitaciones en El Calafate para obreros que trabajaban en las rutas a más de 400 kilómetros de distancia, a cinco horas de viaje.

Báez pagó incluso los impuestos del lavado. Cuando en 2013 otra empresa reemplazó a Valle Mitre, Austral le mandó $15 millones. Según los peritos, el 91% se usó para pagarle a la AFIP.

La acusación incluye dos viviendas a nombre de Los Sauces. La casa de Cristina Kirchner en Río Gallegos multiplicó su precio por cinco en un año, en una cadena de ventas entre personas de confianza de la familia.

El departamento de Florencia Kirchner en Buenos Aires se pagó con certificados en dólares a nombre de otras personas.

Otro terreno de Río Gallegos pasó de Austral a Los Sauces en una supuesta venta que firmaron Máximo Kirchner y Martín Báez, los “hijos” como los denominan los fiscales. A los 15 días se anuló la operación, pero el terreno nunca volvió a Austral y no se sabe si se pagó. Para la fiscalía, fue un regalo.

Para la acusación, la plata de Báez salió de la obra pública vial de Santa Cruz juzgada en la causa Vialidad en la que fue condenado. En el caso de Cristóbal López, los fiscales sostienen que los alquileres fueron dádivas, es decir, regalos a cambio de los beneficios que su grupo recibió del Estado.

Todo se enmarca en una acusación más amplia por asociación ilícita, con Cristina Kirchner como principal acusada, además de su hijo. Las defensas sostienen que fueron negocios legales, declarados ante la AFIP, y que la causa es una persecución política.