El juez Jorge Gorini, quien debe instrumentar la semana próxima la detención de Cristina Kirchner hasta tanto se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario, tiene una licencia programada que inicia precisamente el lunes de esa semana crucial.

Fuentes de Tribunales aseguraron a LA NACION que el juez está intentado reprogramar su actividad.

Si Gorini se ausenta, el operativo de la detención quedará a cargo de su colega, Rodrigo Gimenez Uriburu, el otro juez titular del Tribunal Oral Federal N° 2.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena de Cristina Kirchner, Gorini firmó dos documentos judiciales. En el primero, ordenó a la expresidenta y a otros ocho reos que se presenten en su despacho en un plazo máximo de cinco días; en el segundo, le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que defina dónde se alojarán todos los convictos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propuso a Gorini cinco lugares posibles de detención, que surgen de un análisis de las fuerzas. Fueron aportados por la Gendarmería, la Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Policía Federal.

La orden de comparecencia que firmó Gorini recayó sobre la expresidenta y ocho condenados más: Lázaro Báez, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el exsecretario de Obras Públicas José López, además de Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Crlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibañes.

En ese sentido, el magistrado le remarcó al Ministerio de Seguridad que Cristina Fernández de Kirchner tiene 72 años y que requiere “especiales condiciones de seguridad y custodia”, basadas en el “hecho de haber sido presidenta y vicepresidenta de la Nación”, pero también a raíz del intento de asesinato que afrontó el 1 de septiembre de 2022.

Graduado de abogado por la Universidad del Salvador y con largo recorrido en la Justicia de instrucción, Gorini (57 años) asumió como miembro del Tribunal Oral Federal N° 2 en septiembre de 2011, durante el primer mandato presidencial de Cristina Kirchner, a quien condenó en diciembre de 2022 a una pena de seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.

Como integrante de ese tribunal, Gorini afrontó múltiples embates. La defensa de Cristina Kirchner intentó recusarlo por temor de parcialidad, basado en reuniones que el magistrado mantuvo con Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. El planteo fue rechazado por extemporáneo.

Durante el juicio por el caso Vialidad, Gorini enfrentó otras vicisitudes. Denunció presiones, tareas de inteligencia sobre él y su familia desde una unidad básica de La Cámpora cercana a su domicilio, ingresos ilegales al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para buscar sus datos biométricos y el robo de sus declaraciones juradas patrimoniales de una oficina del Consejo de la Magistratura.

En ese contexto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que incrementara la custodia de Gorini y los otros dos integrantes del Tribunal Oral a cargo del “caso Vialidad”, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes también debieron lidiar con convocatorias por las redes sociales de militantes kirchneristas para “escracharlos” a ellos y a sus familias en sus hogares.