Javier Milei buscará esta semana exhibir su vigor parlamentario. En un trámite acelerado, el oficialismo intentará darle media sanción al Presupuesto 2026 y a otros dos proyectos económicos de fuerte carga simbólica para la administración libertaria: la denominada “inocencia fiscal” −con la que apuesta a incentivar la formalización de los dólares “debajo del colchón”− y la iniciativa que apunta a prohibir el déficit fiscal.

Entre el lunes y el martes, el oficialismo prevé debatir en comisiones el plan de gastos y recursos, con la mira puesta en llevarlo el miércoles al recinto de Diputados. Los números juegan a su favor. Los libertarios son el bloque más numeroso de la Cámara, con 95 legisladores, y eso se reflejará en la integración de las comisiones clave. Con aliados, el Gobierno calcula reunir las voluntades necesarias para avanzar.

Tal como contó LA NACION, la comisión de Presupuesto y Hacienda continuará bajo la presidencia del libertario Alberto Benegas Lynch. Estará integrada por 20 representantes de LLA, 18 de Unión por la Patria, cuatro del interbloque Pro-UCR, tres de Provincias Unidas y otros cuatro lugares que podrían repartirse entre los gobernadores que mantienen una relación fluida con la Casa Rosada: Raúl Jalil, de Catamarca, que se separó del espacio constituido por el kirchnerismo y conformó su propio bloque -Elijo Catamarca-; Osvaldo Jaldo, de Tucumán -que mantiene a los suyos en Independencia-; Gustavo Sáenz, de Salta -que conforma Innovación Federal junto a los misioneros de Hugo Passalacqua-; y Marcelo Orrego, de San Juan, que sostiene su espacio Producción y Trabajo.

Con el respaldo de Pro-UCR y de los gobernadores peronistas alineados con Milei, los libertarios confían en volver a quedarse con el dictamen de mayoría. En noviembre lo lograron con parte de estos espacios, muchos de los cuales acompañaron en disidencia. Con el envión de las urnas, el Gobierno apuesta ahora a desactivar reclamos y terminar de sellar apoyos en el recinto.

Aunque la prioridad será el Presupuesto 2026, el oficialismo buscará sancionar también la propuesta llamada Inocencia Fiscal -que impulsa un cambio de paradigma en la persecución de la evasión: “Todos somos inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”, explicó Juan Pazo al presentar el proyecto en junio- y la prohibición del déficit, que contempla sanciones penales para quienes vulneren el equilibrio fiscal. “Van de la mano de la discusión presupuestaria”, sintetizan cerca de Martín Menem.

La semana pasada, el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, hilvanó reuniones con todos los bloques con la mira puesta en alcanzar la mayoría que le permita imponerse en el recinto. Fue empoderado como principal negociador, una tarea que el año pasado llevó adelante el propio Menem, pero que ahora el presidente de la Cámara delegará en el cordobés libertario para replegarse y concentrarse en la conducción parlamentaria con mayor margen de maniobra.

Para avanzar con el temario completo de las sesiones extraordinarias, que incluye la reforma laboral -ingresada por el Senado- y las modificaciones a la Ley de Glaciares, el oficialismo impulsará además la constitución de otras comisiones. Se trata de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal, que seguirán bajo la conducción de los libertarios Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado. A ellas se sumarán Trabajo y Recursos Naturales, cuyas presidencias aún no están definidas.

En paralelo, el Gobierno intentará acelerar el tratamiento de la reforma laboral y emitir dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

El inicio formal del debate todavía no tiene fecha, pero es intención de Patricia Bullrich, flamante jefa del bloque de LLA en el Senado, que el plenario de comisiones comience el miércoles y finalice al día siguiente o, a más tardar, el viernes, con la firma de un dictamen que deje el proyecto en condiciones de llegar al recinto el sábado 27 o el lunes 29 de diciembre.

El objetivo luce ambicioso. Las comisiones aún no están conformadas y recién se definirán este martes, a las 11, en una reunión de jefes de bloque convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de mantener en su despacho un encuentro de casi una hora con Bullrich.

Según confirmó la propia Bullrich a LA NACION, la exministra de Seguridad se hará cargo de la presidencia de la Comisión de Trabajo, que será la cabecera del debate. En tanto, se espera que su compañero de boleta para el Senado y hombre de confianza del Presidente, el economista Agustín Monteverde, quede al frente de Presupuesto y Hacienda.

La complejidad del tema también conspira contra el trámite exprés que Bullrich imaginó desde su llegada a la Cámara alta, con el aval de Karina Milei para conducir la bancada oficialista.

Por lo pronto, y aun sin comisiones formalmente constituidas, varios senadores ya anticiparon su intención de convocar a especialistas y representantes de los sectores alcanzados por la reforma. “Hay más de cien pedidos de invitados”, admitió a este diario un senador oficialista, que usó ese dato para relativizar las chances de aprobar el proyecto antes de fin de año.

Tampoco ayuda a acelerar los tiempos la extensión del texto, que a más de un legislador le recordó a la Ley Bases y al prolongado debate que demandó en Diputados. La mezcla de materias en una sola iniciativa genera reparos incluso entre bloques que ven con buenos ojos la necesidad de introducir cambios en la legislación laboral vigente.