La decisión del presidente Javier Milei de firmar un decreto para declarar sujeta a privatización a la empresa Aerolíneas Argentinas, según el mecanismo establecido en la ley de reforma del Estado, provocó reacciones dispares entre los dialoguistas en la Cámara de Diputados, donde esta semana habían comenzado a debatirse en comisión dos proyectos impulsados por las bancadas de Pro y la Coalición Cívica que van en el mismo sentido del planteo del Ejecutivo.

Mientras que varios radicales aplaudieron que Milei haya optado por la vía del decreto para iniciar formalmente el proceso de privatización de la empresa estatal, que tuvo un déficit operativo de 84 millones de dólares en el corriente año, según cifras oficiales, otros aliados lucen escépticos sobre los efectos concretos que tendrá la disposición de la Casa Rosada para apurar la discusión parlamentaria. “La privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirá una mejor prestación de servicio, el cuidado de las arcas públicas y principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”, argumentó la Secretaría de Transporte.

En el bloque macrista no ocultaron su sorpresa y desconcierto por el contenido del anuncio que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni. “El Presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización”, puntualizó. Apenas la noticia llegó a sus oídos, los diputados de Pro iniciaron un estudio técnico y jurídico de la jugada. Proliferaban las dudas y el chat de diputados entró en ebullición por unos minutos. “No sabemos qué tipo de norma es”, replicó una de las espadas legislativas de Pro ante la consulta de LA NACION. Al principio, dudaron de si Milei evaluaba firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Poco después, interlocutores en la Casa Rosada les aclararon que trabajan en un decreto simple.

“Si en realidad podían privatizar por decreto, ¿para qué incluyeron una lista de empresas sujetas a privatización en la ley de Bases”, bramaron.

Hace quince días, en una de las reuniones de coordinación parlamentaria que se realizan los lunes en la Casa Rosada, los representantes del Gobierno les habían confirmado a sus socios de Pro que empujarían la iniciativa elaborada por Hernán Lombardi. Por esa razón, la discusión comenzó el miércoles en el plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto en plena escalada del conflicto con los gremios aeronáuticos. Tanto el proyecto de Lombardi como el presentado por Juan Manuel López plantean la necesidad de darle la autorización inicial al Poder Ejecutivo para que luego mande el pliego de privatización al Congreso y arranque el procedimiento establecido en la ley de reforma del Estado.

El miércoles, el oficialismo y sus aliados no lograron firmar dictamen. Convencidos de que el debate se iba a dilatar en un tire y afloje para construir consensos, los libertarios buscaron un “atajo” para retomar la iniciativa y acelerar el tratamiento. Según fuentes parlamentarias de LLA, intensificarán las gestiones en las próximas horas para concretar la conformación de la bicameral de privatizaciones, uno de los reclamos que habían hecho los dialoguistas para destrabar las tratativas. “Esto no detiene el proceso, va en sentido de lo que proponíamos. Es una incógnita cómo lo van a encauzar”, comentan fuentes de la bancada que lidera Ritondo. En la cúpula de Pro sospechan que el Gobierno buscó dar un golpe de efecto para capitalizar políticamente la ofensiva para privatizar a Aerolíneas Argentinas y no entregarle el crédito a un proyecto del macrismo.

No obstante, Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de Pro, interpretó la decisión como una señal de voluntad política de acelerar el debate. “Ante las amenazas de paro cada vez más sorpresivos y violentos, el Gobierno busca en la caja de herramientas que tiene para dar una solución a la conectividad área de todos argentinos”, señaló Giudici, cercana a Patricia Bullrich.

En el bloque de la UCR se mostraron satisfechos porque piensan que Milei retomó el planteo que representantes de su fuerza habían hecho durante el debate de la ley de Bases: el Ejecutivo es quien tiene la facultad de declarar la empresa sujeta a privatización. Y el Congreso debe convalidar o no esa decisión, según la ley 23.696. Dicho de otro modo: el proceso debía arrancar con un decreto simple. Con esta maniobra, asumen en la bancada que conduce Rodrigo de Loredo, podría “ponerse en marcha la maquinaria” para avanzar con el proceso de privatización. En la UCR una mayoría de la bancada se inclinaría, al menos, por acompañar una “desestatización” de Aerolíneas Argentinas, pero procuran saber cuál es la modalidad de privatización y esperan auditorías.

Pamela Verasay (UCR), titular de Comisión de Transportes, advirtió que el movimiento de la Casa Rosada no modificará la lógica del trámite parlamentario que comenzó el miércoles. “El anuncio del decreto no altera el trabajo que se viene realizando en el plenario de comisiones. El Poder Ejecutivo Nacional dispuso el envío de la norma en el marco de la ley 23.696 de Reforma del Estado y al efecto de sumar su intención declarar sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas”, indicó Verasay a LA NACION. La diputada mendocina, cercana a Alfredo Cornejo, recordó que la autorización inicial para declarar a la empresa sujeta a privatización “ya se encuentra manifestada en los proyectos que están en tratamiento”.

En esa misma línea, los referentes de la Coalición Cívica consideran que la jugada podría tener un efecto neutro en el Congreso y no aceleraría el debate. Argumentan que, por más que el artículo 9° de la ley de Reforma del Estado, que se sancionó durante el menemismo, le asigna un trámite parlamentario “de preferencia” a los proyectos de esa naturaleza, el Gobierno igual deberá negociar para cosechar voluntades firmar el dictamen en el plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto.

En Encuentro Federal, el espacio que lidera Miguel Pichetto, también analizaban los alcances de la decisión del Gobierno. Pero interpretan que el Ejecutivo procura meterles presión. En ese espacio adoptan una posición más firme ante las idas y venidas de los funcionarios de Milei: no quieren darle un “cheque en blanco” a la Casa Rosada. Quieren ver auditorías y conocer si el Presidente planea una venta parcial o total.

“Como no pueden resolver la paritaria y el conflicto gremial, se quieren deshacer de la empresa. Como no saben gestionar, van por la fácil: rompen o apagan el Estado. Que nos digan cuál es el plan”, advierten. Durante el debate en el plenario de comisiones, Nicolás Massot reclamó que Milei explique su plan de privatización y brinde detalles sobre el “formato, la metodología, los controles y beneficios” para el eventual comprador.