El oficialismo debate en Diputados y se encamina a darle media sanción esta noche a la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que busca ampliar el universo de contribuyentes que puedan formalizar ahorros que mantienen fuera del sistema sin penalidades.

Los libertarios confían en que la iniciativa será aprobada sin sobresaltos. De ser así, será girada al Senado para continuar su trámite legislativo.

El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025. Entre otros cambios, elimina los topes para ingresar al sistema: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos. Se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, sostuvo que la reforma apunta a “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos” y dejar de tratarlo como sospechoso por haber recurrido al ahorro informal para protegerse durante períodos de alta inflación.

También aseguró que permitirá a ARCA concentrar sus controles en quienes presenten inconsistencias relevantes: “Aquellos que tienen discrepancias de determinados montos que generen sospechas de que esa persona está generando un ingreso que no corresponde”.

La oposición, en cambio, denuncia un nuevo blanqueo y cuestiona que se reduzca la capacidad del Estado para fiscalizar fondos cuyo origen no pueda ser justificado.

“Es mucho más que una simplificación tributaria”, sostuvo Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria (UP), quien advirtió sobre “un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias” y una presión sobre la Unidad de Información Financiera (UIF) para flexibilizar la normativa contra el lavado de activos.

“Los que tienen más patrimonio e ingresos tienen más posibilidades técnicas de ocultar o diferir ingresos”, agregó.

A pedido de los bloques aliados, el oficialismo incorporó una restricción para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero no accederán a sus beneficios.

La restricción alcanza, entre otros, a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.

En esos casos, no regirá la presunción de que lo declarado es correcto ni la protección de la llamada “discrepancia significativa”. ARCA podrá fiscalizarlos ante cualquier diferencia detectada y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.

“No nos tiembla el pulso a la hora de generar más transparencia y menos impunidad”, afirmó Rodríguez Machado. Aclaró además que, ante una denuncia por un posible delito, “se lo va a investigar” y caerá la presunción prevista por el régimen.

La diputada recordó que los funcionarios deberán seguir presentando sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y que se mantiene el régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP) para ellos y sus familiares. “Tienen que informar cuando tienen una transacción comercial, cuando abren una cuenta, cuando exteriorizan su moneda. Eso no se elimina”, señaló.

El cambio buscó blindar el proyecto frente a las críticas por casos de funcionarios que se habían acogido al régimen, entre ellos el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert. “Algunos pretendieron ponerle a esta ley un nombre propio destinado a algunos funcionarios”, reconoció Rodríguez Machado.

El dictamen también reduce en un 25% las multas por determinadas infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. A eso se suma una quita del 50% para ciertas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que se regularice el incumplimiento.

Además, limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de “discrepancia significativa” y aclara que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas son compatibles con el régimen.

Rauschenberger cuestionó esos cambios y advirtió que implican una “reducción deliberada de la capacidad fiscalizadora de ARCA para controlar fondos no justificados”. “Defender esa capacidad significa defender un sistema impositivo equitativo y que tenga herramientas para hacerlo”, afirmó.