CÓRDOBA.- CÓRDOBA.– Hace unos días, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anticipó que si el peronismo gana en las próximas elecciones llevará adelante expropiaciones y les pidió a los inversores que no se entusiasmen con las medidas de Javier Milei porque, si el PJ regresa al poder, “va a revisar absolutamente todo”. Para el mandatario no era solo una advertencia. Quintela tiene experiencia en su provincia. Durante su gestión expropió el predio del Golf Club de La Rioja y casi 5000 hectáreas que pertenecían al director técnico Ramón Díaz.

“Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”, advirtió Quintela el 6 de agosto en declaraciones radiales.

La oposición riojana señala que Quintela ya encabezó varios procesos de expropiación. Dos de los casos más notorios son los terrenos del Golf Club La Rioja, en la capital provincial, y las tierras compradas por Ramón Díaz en el departamento Independencia. En ambos casos, el Estado provincial invocó la utilidad pública para recuperar inmuebles privados y destinarlos a objetivos definidos por el Gobierno.

El 29 de abril de 2021, la Legislatura riojana aprobó la ley 10.379 que expropió el Golf Club La Rioja. El texto establece que los terrenos serían destinados a la instalación y funcionamiento de espacios deportivos y recreativos. Según la ley, “las medidas, linderos y superficies definitivas surgirán del plano de mensura existente o de los que a tales efectos confeccionarán y aprobarán los organismos competentes”. También señalaba que el inmueble expropiado sería destinado a la instalación y funcionamiento de espacios deportivos y recreativos. Y prometía que se realizaría “la planificación integral de la zona” y se proyectaría “la distribución de los terrenos que quedarán afectados al cumplimiento del fin previsto”. Nada de eso se hizo. La cancha de golf sigue funcionando y las familias siguen viviendo en las casas construidas en el predio.

Esas tierras, que están al frente del Parque de la Ciudad, eran originalmente del Ejército Argentino, que las entregó a la provincia, que a su vez las pasó a la municipalidad, que finalmente, entre 1999 y 2000, se las transfirió a una fundación.

Esa fundación las pasó después a la institución Golf Club La Rioja Asociación Civil y a antiguos propietarios privados de la zona. La cancha –un campo de 18 hoyos identificado con varias matrículas registrales en la capital riojana– se inauguró el 12 de diciembre de 1999, en el final de la presidencia de Carlos Saúl Menem, quien tuvo allí “La Rosadita”, una casa con el mismo nombre de la de Anillaco. Esa casa del Golf actualmente está alquilada.

Sin embargo, lo que siguió no fue un proceso expropiatorio legal sino, según surge de los propios documentos judiciales, una toma de posesión por la fuerza, sin decreto expropiatorio previo, sin notificación oportuna al propietario y sin el pago de un solo peso de indemnización previa ni posterior.

La ley provincial de expropiaciones, la 4611, establece que en los procesos de urgencia el Estado debe consignar judicialmente, antes de tomar posesión, el importe de la valuación fiscal o el que determine el Tribunal de Tasaciones. Ese procedimiento no se cumplió. De hecho, el cesionario de los derechos del Golf Club, Alejandro Almarza, inició en noviembre de 2021 una demanda de expropiación inversa para obligar al Estado provincial a completar el proceso y pagar la indemnización. En octubre de 2022, la Justicia riojana ordenó al Estado provincial depositar el dinero correspondiente a las valuaciones fiscales. La orden no se acató.

También hay, al menos, “desprolijidades” respecto de la superficie involucrada en la expropiación, la que fue modificada. Una reforma de la ley sancionada a fines de 2021 incluyó tres inmuebles: dos lotes de aproximadamente 1,7 y 3,3 hectáreas y otro de casi 24 hectáreas correspondiente al área de la cancha. No se consignó a ciencia cierta su dimensión. Serían unas 30 hectáreas.

Al año siguiente, Quintela entregó la administración del predio a la Asociación Riojana de Golf. El gobernador firmó una concesión por dos años y presentó la recuperación estatal como una forma de fortalecer la actividad. Un año después, anunció la posible construcción de un hotel.

El 11 de agosto del 2025, la Sala Unipersonal 4 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, a cargo de María Paiaro, hizo lugar a la demanda de expropiación inversa promovida por el Golf Club La Rioja Asociación Civil contra el Estado Provincial y lo condenó a pagar una indemnización de $6.679.823.921 en concepto de indemnización principal, más $341.469.100 por mejoras realizadas en el predio. Sobre ambas sumas, corren intereses desde el 24 de noviembre de 2024 –fecha fijada como valuación–. La jueza remarcó “la conducta del expropiante en cuanto a la desobediencia de las normas constitucionales”. Según algunas fuentes consultadas por LA NACION, la causa sigue debatiéndose en el Tribunal Superior de Justicia y una parte, de manera tangencial, llegó a la Corte Suprema.

En octubre de 2024, la Legislatura de La Rioja aprobó la expropiación de 4586 hectáreas pertenecientes a Díaz, distribuidas en dos inmuebles de aproximadamente 4400 y 349 hectáreas en la zona de Los Mogotes, cerca de Patquía. Esas mismas hectáreas habían sido expropiadas anteriormente a una empresa de Buenos Aires que era la propietaria desde 1973, a la que la provincia nunca le pagó.

Los terrenos fueron comprados por Díaz en 2003, durante la gobernación de Ángel Maza. Según los legisladores oficialistas, la operación había tenido un valor equivalente a unos US$26.785 y el proyecto original estaba asociado a un desarrollo turístico de la zona. Dos décadas después, la administración de Quintela decidió recuperar las tierras porque el emprendimiento comprometido no se había concretado y los inmuebles tenían un potencial que podía ser aprovechado para desarrollar políticas turísticas, económicas y culturales. Otro de los argumentos estuvo relacionado con los recursos hídricos disponibles en la zona.

El oficialismo riojano sostuvo que las tierras podían servir para mejorar el acceso al agua de los habitantes de Patquía, una localidad de alrededor de 2000 habitantes. La oposición cuestionó la decisión y puso el foco en la falta de precisión sobre el destino de los inmuebles.

También hubo una discusión sobre la indemnización. Los legisladores oficialistas plantearon que Díaz recibiría una suma similar a la que había pagado al adquirir las tierras. El episodio escaló a punto tal que después de la decisión de la Legislatura, Díaz se reunió con Javier Milei, Luis Caputo y Martín Menem, quien defendió públicamente al entrenador y cuestionó que Quintela hubiera impulsado la expropiación. Para el gobernador, la práctica no era nueva.