Desde su departamento en San José 1111, donde cumple su condena por corrupción, Cristina Kirchner reapareció en una entrevista con The Washington Post en la que cuenta detalles del encierro, lanza definiciones políticas y pronostica una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Además, no descarta una candidatura, pese a la prohibición judicial: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

“El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, dijo la expresidenta argentina sobre los comicios legislativos de Estados Unidos que se llevarán a cabo mañana y cuyo resultado podría tener un impacto en la Argentina, teniendo en cuenta el alineamiento de Javier Milei con la administración trumpista.

En prisión domiciliaria en un departamento de 200 metros cuadrados, Cristina Kirchner conserva algunos hábitos. Dice que lee y que está informada. También mira la televisión, sobre todo canales de noticias. Tiene a mano su teléfono celular, pero sospecha que sus comunicaciones son vigiladas, según le dijo al corresponsal del prestigioso diario estadounidense. Lleva una alimentación saludable, hace ejercicio de cuatro a cinco veces por semana —utilizando una cinta de correr, una plataforma de ejercicios y pesas— y estudia inglés y chino “para evitar que mis neuronas envejezcan”.

“No tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno. Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos”, se defendió Cristina Kirchner por la condena en la causa Vialidad, en la que se la acusó por el direccionamiento de proyectos de obra pública hacia las empresas del empresario santacruceño Lázaro Báez.

Y añadió: “Díganme dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en prisión. Estaría libre, ya que habría podido comprar al sistema judicial argentino, dado que es corrupto”.

Representada por el abogado brasileño Rafael Valim, Cristina Kirchner solicitó al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso, argumentando que se vulneraron su debido proceso y sus derechos fundamentales. Es la misma vía que siguió Lula da Silva; de hecho, Valim fue asesor en su caso.

Kirchner y Valim sostienen que se le atribuyó injustamente la responsabilidad por las acciones de su jefe de Gabinete y otros ministros, y que a su defensa se le impidió el acceso a pruebas clave. La prioridad, según dijo Valim a The Washington Post, es restituir los derechos políticos de Kirchner y anular la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos.

El comité de la ONU puede determinar si se han vulnerado los derechos de un acusado, pero no tiene la facultad de anular las decisiones de los tribunales nacionales. Desde Naciones Unidas se conoció la semana pasada que la resolución no será inmediata.

“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, se pudo leer en el documento que compartió el organismo, según consignó la agencia de noticias EFE.

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