El fiscal Franco Picardi llamó nuevamente a indagatoria a Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini como parte de una nueva ronda de citaciones que amplía la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desde, al menos, diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

Según el fiscal se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo.

De acuerdo a la investigación judicial, las maniobras que implicaron la erogación de $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial.

Para el fiscal Picardi existió una estructura delictiva organizada entre funcionarios de la agencia y representantes y directivos de empresas privadas para direccionar contrataciones, inflar precios mediante un sistema especial de contratación y repartirse el dinero público.

Spagnuolo, la máxima autoridad de la entidad durante el periodo investigado, ya fue indagado y procesado en la causa, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Está acusado de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita”, según la hipótesis que sostiene el fallo de Sebatián Casanello, el anterior juez del caso, que hoy está en manos de Ariel Lijo.

Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados, son Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Calvete y el médico Pablo Atchabahian.

“Las personas involucradas, actuando de manera articulada y con roles claramente definidos, conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y personas sin otra cobertura médica que la que brinda el Programa Federal “Incluir Salud”

En el centro de la acusación fiscal permanece el sistema de especial de compras para insumos médicos SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Según Picardi, habría sido manipulado por los funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas y en detrimento de las arcas públicas.

“Las compulsas de precios sobre medicamentos e insumos fueron direccionadas intencionalmente hacia determinadas personas jurídicas y funcionarios/as públicos/as de la ANDIS brindaron información sobre las fechas de las compulsas”, dice el fiscal.

“[Los funcionarios] dieron cuenta de fechas de pagos e incluso brindaron claves de usuarios de funcionarios/as del organismo para que personas de las firmas que comercializaban con ANDIS ingresarán directamente al SIIPFIS, mecanismo mediante el cual se administraban las prestaciones PACBI”, agregó.

Los llamados a indagatoria son Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués.

También Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.

Hasta el momento, los nuevos hallazgos de la fiscalía buscan demostrar que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público, por Spagnuolo y Garbellini y, desde el sector privado, por Calvete y Atchabahian.

La investigación que lleva la fiscalía hace siete meses determinó, según Picardi, que en la Andis funcionó como una “verdadera ventanilla” administrada discrecionalmente para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal.

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