Contadores de la AFIP ayudaron a reconstruir la ruta de los sobornos
Declararon los dos últimos empleados del organismo recaudador que trabajaron en el caso de los Cuadernos; la semana que viene está citado Javier Iguacel, exdirector de Vialidad durante el macrismo
- 🔎 Se cierra un capítulo del juicio por los Cuadernos de las Coimas, centrado en las salidas de dinero de las empresas investigadas y su posible paso a funcionarios del Kirchnerismo.
- ⚖️ El tramo actual fue impulsado por la acusación y busca demostrar que esas salidas de dinero podrían haber ido a manos de funcionarios.
- 💼 Es un tramo complementario pero importante para sostener la acusación contra empresarios y funcionarios involucrados en el circuito ilegal encabezado por Cristina Kirchner.
- 🗝️ Las confesiones de funcionarios y empresarios arrepentidos respaldaron los cuadernos y la reconstrucción de los viajes de sobornos descritos por Centeno.
- 🗂️ Declaraciones de Fernando Lerendegui y Candela Marcellini sobre informes de AFIP en torno a Metrovías y una UTE IECSA-JCR para una obra en la ruta 9.
- 💼 En Metrovías, se mencionó una facturación superior a 11 millones de dólares vinculada a dos proveedores observados.
- 💵 Marcellini expuso operaciones de empresas ligadas a Angelo Calcaterra, incluida la compra de US$600.000 por IECSA en 2009, con retiro en ventanilla y sin registro de tenencia.
- 💳 También se señaló una operación similar de Creaurban SA ( Calcaterra y Altieri) por US$380.000, con retiro similar.
- 🧭 Se destacó una posible coincidencia con el mecanismo descrito por Carlos Wagner: IECSA participaba en un sistema de reparto de obras que exigía entregar entre 10% y 20% a funcionarios.
- 💡 Ernesto Clarens explicó que si el anticipo llegaba al 20% del contrato, se reclamaba la mitad de ese anticipo (10% del valor total de la obra).
- 🏗️ En una obra analizada, la UTE IECSA cobró un primer anticipo de alrededor de 109.18 millones de pesos y, en los dos meses siguientes, compró US$3 millones (aprox. 10% del anticipo), retirados en efectivo y no registrados como tenencia.
- 🔍 Según AFIP, estos datos ayudan a confirmar un circuito de dinero entre constructoras y el pago de coimas a funcionarios.
- 🧰 Durante este tramo, los contadores señalaron maniobras como cheques correlativos, retiros en efectivo no reflejados y facturaciones a proveedores incluidos en bases APOC, entre otras irregularidades.
- 🗓️ La próxima semana declararán exfuncionarios, entre ellos Javier Iguacel, ex administrador general de la DNV durante el macrismo.
Con las dos últimas declaraciones de contadores que trabajaron en la AFIP, el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas cerró un capítulo con el que la fiscalía buscó reconstruir las salidas de dinero de las empresas investigadas y determinar si parte de esos fondos pudo haber terminado en manos de funcionarios del kirchnerismo.
El segmento del juicio que hoy llegó a su fin fue impulsado por la acusación. Estuvo orientado a demostrar que distintas salidas de dinero de las compañias, reflejadas de algún modo en sus números, pudieron haber terminado en manos de funcionarios.
Es un tramo complementario, pero de peso para la fiscal Fabiana León, que debe sostener y fortalecer la acusación contra los empresarios y funcionarios que habrían participado del circuito ilegal de coimas, encabezado, según la fiscalía, por la expresidenta Cristina Kirchner.
En el centro de la prueba, sin embargo, se ubican las confesiones de funcionarios y empresarios arrepentidos que con sus declaraciones respaldaron los cuadernos en los que el chofer Oscar Centeno describió con detalle los viajes durante los cuales habría recaudado los presuntos sobornos.
El supervisor Fernando Lerendegui y la inspectora Candela Marcellini declararon sobre informes que elaboraron a pedido de la Justicia en torno a la empresa Metrovías y una UTE conformada por IECSA SA, la constructura vinculada a Angelo Calcaterra, y JCR SA, la compañía creada por Juan Carlos Relats, para ejecutar una obra sobre la ruta 9.
En el caso de Metrovías, Lerendegui se refirió a una facturación superior a los $11 millones vinculada con dos proveedores observados, que figuraban en una base de contribuyentes sospechosos.
Marcellini, que se desempeñó como investigadora en el área de grandes contribuyentes, expuso una serie de operaciones realizadas por empresas vinculadas a Angelo Calcaterra.
Una de ellas fue la compra, en junio de 2009, de US$600.000 por parte de IECSA.
El dinero fue retirado por ventanilla por Juan Carlos Palacios y, según explicó la inspectora, no apareció luego registrado como tenencia al cierre del ejercicio.
También mencionó una operación similar de Creaurban SA, vinculada también a Calcaterra y a Santiago Ramón Altieri, por US$380.000.
En ese caso, los fondos también fueron retirados por Palacios.
Otra de las operaciones resultó relevante por su posible coincidencia con el mecanismo descripto por el empresario arrepentido Carlos Wagner.
Wagner declaró que IECSA era una de las compañías que participaban del sistema de reparto de obras.
Al describir el funcionamiento del sistema, Wagner sostuvo que la empresa que resultaba adjudicataria debía entregar a los funcionarios entre el 10% y el 20% del valor de la obra.
El contador Ernesto Clarens, por su parte, explicó que, cuando el adelanto financiero equivalía al 20% del contrato, se reclamaba la mitad de ese anticipo, una suma equivalente al 10% del valor total de la obra.
En una de las obras analizadas, la UTE integrada por IECSA cobró en octubre de 2008 un primer anticipo de $109.179.942, según las constancias incorporadas a la causa.
Durante los dos meses siguientes, la unión de empresas compró US$3 millones, equivalentes entonces a $10.240.000: aproximadamente el 10% del monto de aquel primer anticipo.
Los dólares fueron retirados en efectivo de la casa de cambio Transcambio y no quedaron registrados posteriormente como tenencia de la empresa.
La importancia de los datos de los empleados de la AFIP es que ayudan a corroborar la existencia de un circuito de dinero de las empresas constructoras, que ganaban contratos para obras durante el gobierno kirchnerista, y el pago de coimas a funcionarios.
A lo largo de este tramo del juicio, los contadores expusieron distintas maniobras detectadas en las compañías investigadas: cobros de cheques correlativos que podían permitir eludir controles del Banco Central, retiros de efectivo que no quedaron reflejados en la contabilidad y facturaciones de servicios a proveedores incluidos en bases APOC, que reúne a contribuyentes sospechosos, entre otras irregularidades.
La semana próxima comenzaran a declarar exfuncionarios, entre ellos, Javier Iguacel, que durante el macrismo fue Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
