La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido para acceder a una suspensión del juicio a prueba –una “probation”- del jefe de seguridad del complejo Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, acusado de haber alertado a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, de que la policía iba a allanarlo en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Para Arroyo Salgado, el proceder de De Vincentis fue mucho más grave que un entorpecimiento simple de un procedimiento judicial por el que se encontraba procesado y había solicitado una “probation”. ¿Por qué? Porque para la magistrada, el comisario retirado de la Policía Federal habría cometido un encubrimiento doblemente agravado, por la gravedad del delito precedente y por su condición de funcionario público.

La decisión de Arroyo Salgado colocó a De Vincentis ante un horizonte judicial mucho más sombrío. Estaba procesado por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, lo que le permitía un juicio correccional ante un solo juez con una pena máxima de tres años -y, por tanto, sin pisar una celda-. Pero ahora, Arroyo Salgado dispuso remitir la causa a los tribunales orales federales de San Martín, donde el imputado enfrentará un juicio colegiado y el riesgo de una pena de hasta 6 años de prisión efectiva.

Arroyo Salgado fundó su decisión en que De Vincentis, como comisario retirado, sigue siendo policía, ya que el retiro no extingue el “estado policial”, que solo se pierde con la baja, según estipula la ley orgánica de la Policía Federal, que también establece que los retirados deben “concurrir al mantenimiento del orden público, la seguridad y la prevención y represión del delito”.

Defendido por Guillermo Soares Gache, excolaborador de Patricia Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad con Mauricio Macri, De Vincentis argumentó que esa noche se encontraba de licencia, que se acercó por su responsabilidad funcional, que solo cumplió con su deber y que no generó demoras. Pero en tribunales se dio por probado que interfirió con el operativo, lo que reforzó luego en un chat interno. Ordenó que ningún empleado facilitara información a las fuerzas de seguridad sin la autorización previa del área legal de Nordelta. “El imputado calificó el accionar de la fiscalía y la policía de forma despectiva, sugiriendo que ‘creían estar en Fuerte Apache”, dijo la Cámara Federal de San Martín cuando confirmó el procesamiento por encubrimiento simple.

Para Arroyo Salgado, “no existen dudas en arribar a la conclusión” de que “la conducta reprochada a De Vincentis debe ser considerada como desplegada por un funcionario público, en ejercicio de sus funciones”. Y le cerró así la puerta a la probation porque el Código Penal excluye de manera explícita esta solución cuando un funcionario participó del delito en ejercicio de su cargo.

La magistrada recordó, además, que De Vincentis “no actuó como un particular cualquiera” cuando comenzó el allanamiento en Nordelta. Actuó desde “una singular posición de control”, reforzada por la ley provincial que regula las actividades de seguridad privada, que obliga a las empresas prestadoras a cooperar y subordinarse a la autoridad de seguridad pública.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 21 y la mañana del 22 de agosto de 2025. El juez federal Sebastián Casanello había ordenado allanamientos, registros domiciliarios y requisas personales sobre Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker en el barrio La Isla, en Nordelta. También había dispuesto secuestrar las grabaciones de los ingresos y egresos del complejo. Los procedimientos buscaban celulares, computadoras, otros dispositivos electrónicos y documentación de interés para la investigación.

Con esas pautas generales, el comisario a cargo del operativo, Lucas Alberetti, les prohibió a los vigiladores de la garita de ingreso que llamaran o alertaran de cualquier otro modo a los sospechosos que estaban por ser allanados para aumentar las probabilidades de éxito del operativo.

Según la imputación, De Vincentis llamó con insistencia a sus empleados. En una comunicación que atendió el propio Alberetti, se presentó como supervisor y quiso saber a dónde se dirigía la comitiva judicial. Y a las 00.42 del 22 de agosto, el vigilador Hugo Martín Bogarín atendió otra llamada de su jefe y llegó a decirle que buscaban a los Kovalivker, antes de que le quitaran el teléfono. Tres minutos después, Jonathan Kovalivker salió del barrio y así frustró su requisa personal.

Eso no fue todo. Luego irrumpieron cuatro patrulleros de la Policía bonaerense que habían sido convocados desde el área de seguridad de Nordelta bajo la “falsa invocación” de que “falsos policías” o personas no identificadas habían tomado la garita e impedían que la gente saliera. Pero los efectivos constataron la legalidad del procedimiento y se retiraron.

Según Arroyo Salgado, el registro posterior de la casa de Kovalivker “exhibió rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso”. Y en ese contexto, fundó el primer agravante en que en la “causa Andis” se investiga la conformación de una presunta asociación ilícita que habría cobrado sobornos a las droguerías para repartirlos entre intermediarios, agentes del organismo, como Diego Spagnuolo, y altos funcionarios del Gobierno. En ese esquema, Suizo Argentina habría sido “el canal” de los pagos ilegales.

La magistrada consideró que la gravedad de ese delito precedente justificaba el agravamiento del encubrimiento. A esa circunstancia sumó la condición de funcionario público que atribuyó a De Vincentis por su estado policial y las obligaciones legales que conserva como comisario retirado.