La candidatura del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, cuestionada desde bastos sectores académicos, jurídicos y empresariales, recibió ayer otro apoyo, aunque quizás desde un lugar no deseado por el gobierno de Javier Milei: el expresidente Alberto Fernández destacó la relación de “afecto” que lo une desde hace muchos años con el magistrado, al que diferenció –para elogiarlo– de otros jueces federales que, dijo, durante el gobierno de Cambiemos aplicaron la “doctrina Irurzun” para hacer “persecuciones judiciales” en casos de corrupción del kirchnerismo.

“A mí me complica el nombre de Lijo porque fue alumno mío, lo conozco hace muchos años y tengo una relación de afecto por él. Ahora, con lo cual, en términos judiciales, me afectan las generales de la ley, con lo cual mi testimonio no puede ser absolutamente imparcial”, afirmó el expresidente, ayer, consultado por Lijo en Radio con Vos, durante el pase entre los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase.

Hecha esa introducción, buscó destacar al juez federal diferenciándolo de otros magistrados, con los mismos argumentos que ya había utilizado cuando era presidente cada vez que buscaba defender a Cristina Kirchner del avance de investigaciones por corrupción como los cuadernos de las coimas, el caso Vialidad o el expediente Hotesur y Los Sauces.

“Solo digo que a Lijo no se le pueden atribuir cosas que hicieron otros jueces como... en la época de Macri. Él nunca aplicó la doctrina Irurzun, no aplicó la preventiva como mecanismo anticipado de pena, no le conozco ninguna persecución judicial”, afirmó Fernández, hoy investigado por las millonarias comisiones que durante su gobierno pagó el Estado a brokers de seguros con los que él tenía relación.

La “doctrina Irurzun”, bautizada así por el camarista federal Martín Irurzun, endureció las condiciones para liberar a exfuncionarios acusados de corrupción apuntando al “poder residual” que mantenían, que podría entorpecer las investigaciones. Sin embargo, sobre ese razonamiento jurídico se basó Lijo cuando detuvo al exvicepresidente Amado Boudou, antes de incluso indagarlo, en una escena que fue ampliamente difundida.

Como argumento, Lijo dijo que detenía a Boudou porque “por el lugar que ocupaba en el Estado Nacional” tenía entonces “contactos” y acceso a la información suficientes para entorpecer la causa. Agregó que Boudou estuvo “en las más altas esferas de influencia del poder estatal durante un extenso período” y que de acuerdo con los “lineamientos” trazados por la Cámara –la “doctrina Irurzun que Fernández dijo que no utilizó el juez– correspondía detenerlo porque, de lo contrario, podría “evadir el accionar jurisdiccional”, “dificultar la producción de pruebas” o complicar “el recupero de activos” de origen ilegal.

Curiosamente, la detención de Boudou es el argumento que usó Milei para defender a Lijo, sin tener en cuenta que el juez fue severamente cuestionado por aletargar la causa Ciccone mientras el kirchnerismo estaba en el poder y que detuvo a Boudou tras la llegada de Cambiemos y después de un llamado de atención de los tribunales de alzada.

¿Otra curiosidad? La candidatura de Lijo fue respaldada por el propio Irurzun, que es cercano al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, padrino del cuestionado juez federal.

La Comisión de Acuerdos del Senado comenzó a recibir ayer, y por espacio de una semana, impugnaciones y adhesiones a las candidaturas de Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, propuestos por el gobierno de Javier Milei para convertirse en miembros del máximo órgano del Poder Judicial.

El proceso repetirá el que ya se registró en el Poder Ejecutivo entre el 24 de abril y el 8 de mayo últimos. Durante ese período, el Ministerio de Justicia recibió 328 impugnaciones y más de 3500 adhesiones a la postulación del controvertido juez Lijo. Por su parte, García-Mansilla tuvo el apoyo de más de 3100 personas y organizaciones y 110 cuestionamientos a su nominación. Se espera que u esquema parecido de presentaciones se produzca ahora en la Cámara alta.

Lijo será el primero de los dos candidatos en someterse al escrutinio de la Comisión de Acuerdos y del resto de los senadores. Su audiencia pública está programada para el próximo 21 de agosto a las 10 horas en el Salón Azul del Congreso. El juez federal, quien es severamente cuestionado por su cualidades como magistrado, por sus escasos antecedentes académicos y por su patrimonio, además de la actuación de su hermano, Alfredo Lijo, como operador judicial, está propuesto para ocupar el sitial que dejó vacante Elena Highton de Nolasco con su renuncia, presentada el 5 de octubre de 2021. Desde entonces, ningún gobierno pudo reunir el amplio consenso que requiere la designación de un juez del máximo tribunal de justicia, el voto de los dos tercios de los presentes en una sesión del Senado, y el cargo permanece vacante.