Los gobernadores peronistas se apelotonan en las puertas de los despachos de Javier Milei y de los ministros Luis Caputo y Diego Santilli. Los gobernadores radicales hacen un papelón parecido. Ninguno quiere saber nada con su partido. “No puedo esperar nada de mi partido, porque se disolvió”, explica uno de ellos. ¿Lo disolvió Milei? No. Se disolvió solo. Uno, el peronismo, está conducido formalmente por una mujer que estará presa durante varios años más, y que además ya está condenada definitivamente a no ejercer la función pública por el resto de su vida. Es más que probable que Cristina Kirchner sea también condenada a prisión en el juicio por el caso de los cuadernos, en el que está imputada como jefa de una asociación ilícita, y en la causa Hotesur y Los Sauces, en el que está acusada de lavado de dinero. El juicio Hotesur y Los Sauces no tiene fecha de comienzo aún, pero comenzará en algún momento. El otro partido, el radicalismo, está ausente de cualquier debate, y hasta de la más elemental conversación política (Mario Negri dixit), después de 134 años de historia. ¿Cumplirá los 135? La antigüedad no garantiza nada. Los dirigentes más notables de ese partido histórico le huyen por primera vez al ejercicio de su conducción; la decadencia, dicen, no es un proyecto seductor. Decidieron elegir presidente partidario a un buen intendente de la ciudad santafesina de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, un hombre joven, pero muy inexperto para conducir un partido histórico con la mejor organización nacional que se conozca. Una buena estructura no significa que tenga muchos simpatizantes ni tampoco votantes en un día de elecciones. Y ser un buen jefe comunal de una ciudad de Santa Fe no asegura un liderazgo eficiente del más antiguo partido político argentino. Chiarella es en los hechos la continuidad de Martín Lousteau, de Emiliano Yacobitti y de Daniel Angelici en la cima de ese partido. Son los autores de la devastación de ese partido. Lousteau provocó la primera división del bloque de diputados nacionales del radicalismo desde el cisma partidario que lideraron en la década del 50 del siglo pasado Arturo Frondizi y Ricardo Balbín. Con solo seis diputados, ahora la conducción de la Cámara les advirtió a los radicales que se quedarán sin el tradicional despacho del presidente del bloque (llamado César Jaroslavsky en homenaje al primer titular de la bancada en tiempos de Raúl Alfonsín), porque esa oficina -que tiene hasta una sala de reuniones anexa- correspondía a un radicalismo con decenas de legisladores. Los bloques mayoritarios se integran ahora con legisladores de La Libertad Avanza y del peronismo, con 95 y 94 diputados respectivamente. Los libertarios están pidiendo el amplio despacho de Jaroslavsky, que ocuparon en los últimos tiempos los líderes del bloque radical Negri y Rodrigo de Loredo.

Dicen que la única coincidencia de Karina Milei y Patricia Bullrich consiste en terminar con Pro y con el liderazgo de su fundador, Mauricio Macri. Es probable. Los hermanos Milei no carecen de ambición; de hecho, ambos ocupan los tres despachos más importantes del primer piso de la Casa de Gobierno. Todo el poder se distribuye solo entre ellos: el Presidente se ocupa de la economía, de la relación con los Estados Unidos y de propagar las ideas libertarias por el mundo, y su hermana se hizo cargo del resto del gobierno. El 30 por ciento del gobierno lo maneja él; el 70 restante lo maneja ella, asegura una fuente oficial. Esa voracidad de la diarquía por los espacios lo condenó a Santilli, ministro del Interior, a ocupar una oficina que no está a la altura de su cargo. El histórico despacho del ministro del Interior, en la planta baja de la Casa de Gobierno, terminó en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No tenía dónde ir. Nicolás Posse fue el último jefe de Gabinete que ocupó la oficina que le correspondía al lado del despacho de los presidentes. Hay cierto regodeo en la hermana del Presidente y en la popular y flamante senadora Bullrich cuando lo despluman de legisladores a Macri, que no es un enemigo del Gobierno, sino un aliado con coincidencias y desacuerdos. Cerca de Macri no culpan a Javier Milei, pero sí a su hermana y a Patricia Bullrich, la política que más favores recibió del creador de Pro. Resignación: la política nunca ofreció gratitud y mucho menos cuando se habla de una dirigente como Bullrich, que recorrió toda la panoplia de ideas con sus sucesivas lealtades, desde la izquierda peronista hasta la derecha libertaria. Un caso parecido es el de la presidenta de Pro en Santa Fe, Gisela Scaglia, vicegobernadora del mandatario Maximiliano Pullaro, y quien acaba de asumir como diputada nacional; prefirió integrarse al bloque de Provincias Unidas en lugar de ir al suyo. No hay pruebas de que hayan influido en Scaglia ni Karina Milei ni Patricia Bullrich, pero hay testimonios que señalan que la noticia de esa deslealtad les agradó. “Conservamos lo mejor del partido y con eso es suficiente para empezar de nuevo”, atemperan al lado de Macri. Para peor, los más conocidos dirigentes de Pro saben que deberán buscar un candidato a jefe de gobierno de la Capital para 2027. Jorge Macri tiene un alto grado de rechazo entre los porteños, lo que le impide aspirar a una reelección; encima, Patricia Bullrich está midiendo bien en las actuales encuestas sobre el futuro liderazgo capitalino. ¿Qué haría Bullrich en ese lugar si no borrar todo vestigio de macrismo? Pero, ¿le dejará Karina Milei ese estratégico lugar a una persona con la que tiene más diferencias que acuerdos? ¿Acaso, la propia Bullrich no elegirá con más entusiasmo ser la candidata a vicepresidenta de la Nación de Javier Milei? Quién lo sabe. La política puede cambiar varias veces en dos años. Un político británico, Harold Nicolson, explicó la fugacidad de la vida pública con una frase que se hizo célebre: “Una semana es mucho tiempo en política”. Otro político británico, Harold Wilson, dijo lo mismo con un plazo apenas más largo: “No sirve de nada pensar la política más allá de las próximas dos semanas”.

Tal descripción sirve para comprender por qué Milei nada en aguas tranquilas, a pesar de que el prestigioso Observatorio Social de la UCA acaba de señalar que cerca de la mitad de los argentinos dice que no llega a fin de mes con sus ingresos. Esa medición coincide con la caída del consumo en el mes de septiembre reconocida por el Indec, y con un informe de CAME (la Cámara que nuclea a las pequeñas y medianas empresas), que registró un derrumbe de las compras de más del 9 por ciento en noviembre. Sin embargo, la administración de Milei sigue despertando, según las encuestas más serias, la esperanza de una mayoría social. La ausencia de alternativas políticas es la mejor aliada del Presidente.

Los logros económicos de Milei son fácilmente comprobables. Aquel informe de la UCA también subraya una caída de casi 10 puntos porcentuales en el nivel de pobreza del país. La inflación de noviembre fue alta, 2,5 por ciento, pero infinitamente más baja que la que dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa. Una parte de la sociedad se había acostumbrado a comprar en cuotas durante la última administración kirchnerista, porque sabía que la inflación se haría cargo de pagar la mitad del crédito. Ya no es así, pero muchos argentinos siguen comprando en cuotas con la vieja costumbre de una economía inflacionaria. La morosidad en los bancos aumentó con las tarjetas de crédito, porque una parte de los que eligieron las cuotas no pueden pagarlas después de que juntaron varias compras. En los últimos días, el Gobierno accedió por primera vez en ocho años al mercado financiero local cuando consiguió colocar bonos a cuatro años por 1000 millones de dólares. Esos préstamos están sometidos a la leyes argentinas (es decir, a los tribunales nacionales). Fue una buena noticia, aunque el Gobierno deberá conseguir 3500 millones de dólares más para pagar los vencimientos de enero -significan 4500 millones- y otra cifra total parecida antes de mediados de año. Durante 2026 deberá hacerse cargo de vencimientos por más de 9000 millones de dólares entre capital e intereses. Tales cantidades no las conseguirá nunca en el mercado local; deberá, por lo tanto, explorar en los mercados financieros internacionales, siempre reacios a prestarle dólares a un país que hizo del default un manera de vivir por encima de sus posibilidades. El gobierno de Washington aclaró diáfanamente que el swap de 20.000 millones de dólares era el favor final que le hacía a Milei; su amigo Donald Trump ingresará dentro de pocos días a un año electoral para renovar el Congreso norteamericano. El jefe de la Casa Blanca no está bien en las encuestas actuales, y aquel favor a la Argentina provocó demasiada polémica con sus adversarios.

Milei no quiere comprar dólares porque para eso debería emitir pesos y teme que estos se vayan también a la compra de dólares, pero por parte de los argentinos. De hecho, la caída de los ingresos desde abril pasado no justifica una caída aún mayor del consumo en casi el mismo período. Algunos economistas llegaron a la conclusión de que muchos argentinos eligieron comprar dólares antes que cambiar el auto o refaccionar sus casas. Milei no le gusta esa afición tan argentina por el dólar porque podría aumentar el precio de la moneda norteamericana y, al mismo tiempo, la inflación. No carece de razón, aunque según esa lógica el Gobierno no comprará dólares nunca. Y la compra de reservas de dólares es el viejo reclamo del Fondo Monetario al gobierno de Milei.

El proyecto de reforma laboral fue la primera decisión de Milei para equilibrar la cancha (metáfora que suelen usar desde Juan Carlos de Pablo hasta Paolo Rocca) en beneficio de los industriales argentinos frente a la importaciones, sobre todo de China. Es cierto que muchos empresarios nacionales están acostumbrados al cómodo y viejo proteccionismo argentino (peronistas y radicales coincidieron con esa política que les negó a los argentinos los beneficios de la competencia), pero es igualmente veraz que los empresarios extranjeros no deben sobrellevar la agobiante carga impositiva argentina ni la industria del juicio laboral ni las enormes cargas sociales para contratar trabajadores. El fuero de la justicia laboral está controlado por los sindicatos, que históricamente nombraron jueces de primera instancia y a los camaristas que terminan resolviendo siempre los conflictos a favor de los trabajadores cuando existe una denuncia contra empresarios. Los abogados de las empresas suelen aconsejar a estas que hagan acuerdos extrajudiciales porque perderán el juicio. Un caso emblemático es el reciente anuncio del conocido restaurante Piegari, que amenazó con cerrar si debe cumplir con una sentencia de primera instancia de la justicia laboral. Una jueza ordenó un embargo por 155 millones de pesos por el juicio iniciado por un empleado. El dueño del restauranet, Alberto Chinkies, aseguró que lo que le está pasando “le pasa a cientos de personas y empresas que no tienen nuestra visibilidad”. Un problema de difícil solución es que en el país hay impuestos nacionales, provinciales y municipales y que cada gobernante -del gobierno federal, de las provincias y de los municipios- hace lo que quiere con esa carga de gravámenes. Los argentinos tienen cada vez menos margen para vivir sin financiar a un Estado interminable. Un ejemplo de esta anomalía es la situación que viven los vecinos de Pilar, que deben pagar un 2 por ciento más en todas sus compras por decisión del intendente, el peronista Federico Achával. Es una carga municipal. La conclusión, si el problema no se resuelve, será que la mayoría de los vecinos de Pilar irán a otras ciudades cercanas a hacer sus compras.

La reforma laboral es (o debería ser) solo el principio de una política para equilibrar la cancha entre los empresarios locales y las importaciones, sobre todo cuando se trata de competir con China, un país que no respeta las más elementales condiciones laborales de sus trabajadores. Nadie ha hecho tanto para devaluar la situación de los trabajadores que un país gobernado por un llamado Partido Comunista. A veces, la historia sorprende con sus contradicciones.