WASHINGTON.– La indignación crecía este viernes en Estados Unidos y en el mundo por la decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de transmitir en directo el fusilamiento de un condenado por el asesinato de soldados estadounidenses.

Nidal Hasan, un psiquiatra militar musulmán de origen palestino de 56 años, mató a 13 personas en un ataque en la base militar Fort Hood en 2009 inspirado por la organización jihadista Al-Qaeda.

Su ejecución, prevista para el 3 de diciembre y validada el lunes por el presidente Donald Trump, será la primera que realicen las Fuerzas Armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

Hegseth declaró que será pública y transmitida en vivo. El secretario de Defensa dijo al influencer y activista de derecha Jack Posobiec que un pelotón se encargará de cumplir con la orden.

“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, de que sea público”, afirmó en un video del Pentágono. “La gente tiene que entender que hay serias consecuencias ante este tipo de actos”, añadió.

El presidente Trump no se ⁠ha pronunciado públicamente sobre el plan de transmitir la ejecución. En un acto celebrado este viernes en la Casa Blanca, recordó que el psiquiatra sería ejecutado por fusilamiento, pero no hizo ningún comentario sobre la difusión. Trump había dicho el miércoles en un mitin en Texas que “vamos a hacer justicia definitiva a un asesino malvado”.

Quien sí se pronuncio fue el vicepresidente, JD Vance, quien dijo que no la vería. “No sé si eso realmente vaya a suceder”, dijo Vance en declaraciones a la prensa mientras hacía campaña en Ohio. “Si finalmente se transmite en vivo, no voy a verlo”, precisó.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció este viernes la difusión en directo de la ejecución como una forma de “tortura”.

“Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante”, dijo su oficina. “La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura”, insistió.

Kyinzom Dhongdue, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, calificó a su vez de “profundamente impactantes” las declaraciones de Hegseth. “Son un terrible menosprecio por la dignidad humana”, afirmó.

“Convertir una ejecución ordenada por el Estado en un espectáculo público no hace más que agravar la crueldad de la pena de muerte”, añadió en un comunicado.

Según Amnistía, se sabe de al menos 17 ejecuciones públicas realizadas en 2025: seis en Afganistán y 11 en Irán. En otra estadística, de acuerdo con la ONG Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 135 soldados han sido ejecutados por el Ejército de Estados Unidos desde 1916.

Tanto legisladores demócratas como republicanos repudiaron la decisión. “Es un regalo para quienes reclutan terroristas antiestadounidenses. Es absolutamente vergonzoso y atenta contra los valores fundamentales” del país, escribió en X Jack Reed, principal demócrata en la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado.

Otro senador demócrata, Chris Murphy, calificó el hecho de “repugnante”. “Comprendo que en este país tenemos la pena de muerte, pero las ejecuciones públicas son medievales”, declaró a CNN.

“Respaldo totalmente la condena a muerte, pero difundir ejecuciones en directo es lo que hacen los jihadistas”, afirmó a su vez el diputado republicano Austin Scott.

El presidente de la conferencia episcopal estadounidense, el arzobispo Paul Coakley, condenó en un comunicado la “promoción bárbara de una cultura de la muerte”.

Doce de los muertos y 30 de los heridos en el ataque por el que Hasan fue condenado eran soldados. Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la policía civil y quedó minusválido y se desplaza en silla de ruedas. Fue sentenciado a muerte por un jurado militar en 2013.

Durante el juicio asumió su propia defensa, pero no llamó a ningún testigo ni rindió declaración ni intentó negar los cargos. Los abogados defensores designados por el tribunal creían que estaba buscando la pena de muerte.

Al tribunal que lo condenó se le informó que él se oponía a las ocupaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. También que había hablado con una figura de Al-Qaeda, el clérigo radical Anwar al Awlaki. De origen yemení y con ciudadanía estadounidense, Al Awlaki murió en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen.

Mientras la mayor parte de Estados Unidos eliminó las ejecuciones de sus códigos o dejó de practicarlas, un puñado de estados sigue enviando a los condenados al patíbulo, contemplando métodos que parecían relegados al pasado: desde la silla eléctrica hasta el pelotón de fusilamiento, como el anunciado esta semana.

Entre los estadounidenses el apoyo a la pena capital se encuentra en su nivel más bajo en más de medio siglo. Según una encuesta de Gallup de junio, apenas el 52% la considera “moralmente aceptable”, frente al 80% de 1994, mientras que entre los menores de 55 años sus partidarios representan menos de la mitad.

Agencias AFP, ANSA y Reuters