CARACAS.– A medida que la comunidad internacional continúa pronunciándose sobre el operativo militar con el que Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron ayer “cualquier intento de control gubernamental, de administración o de apropiación externa de los recursos naturales o estratégicos” de Venezuela. La posición fue expresada en un comunicado conjunto difundido por la Cancillería de Colombia, que buscó fijar un límite explícito frente a la posibilidad de una tutela extranjera sobre el país sudamericano.

El pronunciamiento se conoció mientras Maduro y su esposa permanecen detenidos en Nueva York, a la espera de ser presentados ante la Justicia estadounidense, y en un contexto de creciente inquietud regional por el precedente que podría sentar la acción militar norteamericana. Los seis gobiernos advirtieron que la incursión y las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump podrían abrir un escenario de inestabilidad política, jurídica y de seguridad en América Latina, en especial si Washington avanza en su idea de “gobernar” Venezuela durante un período de transición.

En el comunicado, los países expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente” en territorio venezolano, las cuales “contravienen principios fundamentales del derecho internacional”. Además, denunciaron que dicho actuar constituye un “precedente sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, y pone en riesgo a la población civil.

Esa preocupación se vio reforzada por las afirmaciones de Trump sobre el petróleo venezolano, al que definió como un objetivo estratégico central de su política hacia Caracas. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, y el énfasis puesto por la Casa Blanca en ese recurso encendió alarmas en varias capitales de la región, donde se teme que la intervención siente un precedente de apropiación de activos estratégicos bajo el argumento de restaurar el orden democrático o combatir el narcotráfico.

Mientras tanto, el chavismo respondió con la designación de la exvicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina, en un intento por exhibir continuidad institucional y preservar el control interno del aparato del Estado. Sin embargo, la falta de reconocimiento internacional, sumada a la ambigüedad de las señales enviadas desde Washington sobre el alcance real de su control, profundizó el clima de incertidumbre política.

La Unión Europea (UE) también fijó posición. En una declaración respaldada por 26 Estados miembros –todos excepto Hungría–, el bloque pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y sostuvo que ese es “el único medio para resolver la crisis”. El texto buscó marcar un delicado equilibrio: desconocer la legitimidad democrática de Maduro, pero rechazar cualquier solución unilateral que vulnere la soberanía venezolana o el derecho internacional.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, llamó “a todos los actores a mostrar calma y moderación” para evitar una escalada del conflicto. “Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo el único camino para restablecer la democracia y superar la crisis actual”, afirmó. El mensaje también apuntó a evitar fisuras dentro del propio bloque europeo, donde algunos gobiernos temen que la acción estadounidense reactive lógicas de confrontación propias de la Guerra Fría.

El comunicado europeo recordó que “en toda circunstancia deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas” y subrayó que los miembros del Consejo de Seguridad tienen una “responsabilidad particular” en la defensa de esos principios, considerados pilares de la arquitectura de seguridad global. Además, reiteró el apoyo a una transición democrática “liderada por los venezolanos y respetuosa de la soberanía del país”, y reclamó la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.

Desde el Vaticano, el papa León XIV sumó una voz de fuerte peso simbólico. Tras la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, afirmó que “el bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración” y llamó a garantizar la soberanía del país. “Ese bienestar debe conducir a la superación de la violencia y a la apertura de caminos de justicia y paz”, sostuvo el pontífice, en un mensaje destinado a bajar la intensidad de la confrontación internacional.

En el plano multilateral, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció la convocatoria a un Consejo Permanente extraordinario para el martes, a pedido de Colombia, actual presidente del organismo. Aunque Venezuela abandonó formalmente la OEA en 2017, la oposición desconoció esa decisión y el organismo con sede en Washington sigue considerando al país como miembro pleno. El Consejo Permanente ya había rechazado las elecciones presidenciales de 2024, que Maduro asegura haber ganado y que la oposición venezolana y amplios sectores de la comunidad internacional califican como fraudulentas.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, volvió a pedir una “salida pacífica y negociada” a la crisis, mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatirá el caso de urgencia este lunes. Se anticipa una sesión tensa, marcada por el choque entre Estados Unidos y sus aliados europeos, y las posiciones críticas de Rusia y China, que ya exigieron la liberación inmediata de Maduro y denunciaron una violación flagrante de la soberanía venezolana.

En paralelo, una reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro, concluyó sin una declaración conjunta de condena al arresto de Maduro. El intento fracasó tras el rechazo de la Argentina y otros nueve países, lo que dejó al descubierto la profunda fragmentación regional frente a la crisis venezolana.

Ese desenlace expuso las dificultades de América Latina para articular una posición común ante un evento de esta magnitud. Para varios analistas, la captura de Maduro marca no solo un punto de quiebre en la política venezolana, sino también un momento crítico para el equilibrio regional, con efectos que podrían extenderse más allá de Caracas y reconfigurar la relación de Washington con sus aliados y vecinos en el hemisferio.

Agencias AP, AFP y ANSA