Una réplica del respetado constitucionalista Daniel Sabsay se multiplica por 100 en el bloque kirchnerista cuando, como ahora, ellos no están en el poder. Cuestionan impecablemente las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo, pero les falta autoridad moral para decirles a otros que no hagan lo que ellos hicieron. Todos los presidentes kirchneristas (Néstor y Cristina Kirchner y Alberto Fernández) gobernaron con facultades delegadas. Tales oposiciones a que el Congreso entregue parte de su poder pueden tenerlas los diputados de Elisa Carrió, porque ellos y su lideresa se opusieron siempre a esa cesión de facultades. O podría exponerla también, si quisiera, el expresidente Mauricio Macri, porque él dejó caer en 2017 las facultades delegadas. Esos dos años, de 2017 a 2019, fueron los únicos de la democracia en que un presidente gobernó solo con las atribuciones que le confiere la Constitución, que son muchas. El matrimonio Kirchner reclamó poderes excepcionales aun en los años más felices de la economía argentina, cuando entre 2003 y 2008 el precio de la soja se acercó a los 600 dólares por tonelada. Alberto Fernández tuvo tales superpoderes que pudo congelar las jubilaciones o crear una fórmula más mezquina para aumentarlas. El debate parlamentario estuvo teñido en los últimos días por la hipocresía o por el doble rasero. El Partido Obrero, por ejemplo, estuvo dentro del Congreso, donde hay representantes suyos, y estuvo fuera del Congreso protestando contra el Congreso. Nadie debe ni puede interrumpir el normal funcionamiento de un poder constitucional, ni la izquierda alborotada ni las “almas sensibles” (Pichetto dixit).

Milei es duro, pero tiene sensores que le avisan cuando está por chocar contra la pared

En ese extraño contexto se despliega una batalla sorda entre la casta y la anticasta política. El Presidente parece enamorado de su discurso de campaña contra la casta política, que realmente existe. Las pruebas de la existencia de una estirpe derrotada al frente de la nación política pueden advertirse en los resultados prácticos de 40 años de democracia; durante esas cuatro décadas poblaron la política muchos dirigentes cada vez más ricos, mientras la sociedad se empobrecía, la gente común se acostumbraba a sufrir durísimas crisis cíclicas y las mejores generaciones de jóvenes elegían el camino del virtual exilio económico. La otra prueba de que existía un fracaso nacional previo a los comicios presidenciales fue la elección misma de Javier Milei como presidente de la Nación. Un hombre casi sin partido, sin historia política y sin poder parlamentario se convirtió de pronto en el presidente con el mayor caudal de votos en la historia nacional. Tan significativo como eso es que Milei haya logrado conservar buena parte de la simpatía que tuvo en el balotaje luego de hacer un ajuste muy severo de la economía. Milei es un duro entre los duros frente a lo que él mismo calificó como casta política. Alrededor de él, revolotean los que entre oficialistas llaman “los gurkas”; es decir, los mileístas que no quieren saber nada con acordar con nadie. El problema que tiene Milei cuando está en la Casa de Gobierno es que al final de la avenida donde él habita está el Congreso, que debe aprobar gran parte de las decisiones presidenciales, sobre todo las de más calado institucional o económico. Una parte de la casta, no toda desde ya, se aloja en ese Congreso, a veces esquivo, otras veces fastidioso. Milei no puede saltar por encima del Parlamento, como está constatando en estos días. No puede hacerlo porque se interpretaría como un autogolpe. Tranquilos: nadie en la Argentina escuchó hablar de tales barbaries. Al contrario, es el ministro del Interior, Guillermo Francos, el que tiene la ingrata misión de columpiarse entre la casta necesaria y la hostil anticasta, el que habla con los gobernadores peronistas, el que resucita a Daniel Scioli, el que intenta seducir a propios y extraños o el que, al final, le dice al Presidente hasta dónde llegó la capacidad de persuasión del Gobierno. El Presidente le confió a Francos la libertad de hacer y decir, mientras el mandatario se reservó el derecho a seguir denunciando a sus adversarios políticos. Es la incómoda tensión que a veces se advierte en un Francos que coincide con Milei, pero que debe negociar con la casta. Un ministro del Interior no hace lo quiere, sino lo que debe y, a veces, solo lo que puede. Es raro en un mileísta como Francos, pero aseguran que son habituales sus diálogos con los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes fungieron hasta hace poco como kirchneristas convencidos.

Jaldo y Jalil podrían ser las adquisiciones peronistas del gobierno de Milei. El proyecto político del Presidente no se puede agotar en una victoria que ya fue. Scioli es parte de la casta –cómo no–, pero tiene algunas terminales en el peronismo que podrían servirles a los mileístas para sumar más adeptos en futuras elecciones. Milei se ve en el espejo del extravagante presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aunque no en la forma de gobernar, sino en la manera de construir poder parlamentario. Bukele llegó a la presidencia en 2019, también como el primer presidente salvadoreño que rompió con un bipartidismo de 30 años, y en clara minoría parlamentaria. Posteriormente, Bukele, popular en su país por haber restituido cierta noción de la seguridad pública, alcanzó la mayoría parlamentaria. La ilusión de Milei debería ser más módica: la Argentina tiene otro ritmo electoral para renovar el Congreso, mucho más lento que en El Salvador. El proyecto de Milei incluye una alianza con Pro para las próximas elecciones legislativas, en 2025, y algún acuerdo probable con sectores del radicalismo. Ese proyecto político aguarda todavía su parte sustancial: qué sucederá en los meses por venir con el gobierno de Milei y, más pronto aún, qué pasará con su ley ómnibus, parecida ya a una miniley si se la compara con el texto original, y cómo quedará el decreto de necesidad y urgencia, declarado inconstitucional por algunas instancias judiciales. Siempre debe recordarse que el artículo de la Constitución que admite los DNU establece, con otras palabras, que estos podrán dictarse solo cuando no sea posible el debate en el Congreso. El Congreso está debatiendo.

Milei es un duro, pero tiene sensores que le avisan cuando está a punto de chocar contra la pared. Les entregó a los legisladores de la oposición dialoguista dos terceras partes de su ambiciosa ley ómnibus en la que había de todo: lo necesario y lo accesorio, lo urgente y lo importante. Pasó de tener más de 600 artículos a poco más de 200. La poda fue significativa para las ínfulas con que ese proyecto llegó al Congreso. Funcionarios mileístas se quejaban de la posición intransigente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que aconsejaba negociar poco y nada. “Primero debería disciplinar a sus diputados de Pro”, dicen en la cima del mileísmo. Con Bullrich o sin Bullrich, todavía no se sabe si el Gobierno tendrá los votos necesarios para aprobar las dos columnas principales de la ley que quedó: el artículo por el que el Congreso le delegará facultades al Presidente y el artículo que lo autoriza a privatizar varias empresas públicas. El Gobierno cedió partes importantes de esos artículos para lograr su aprobación. Todo bien hasta ahí. Pero ¿qué pasará con el impuesto PAIS, que se aplica a las compras en dólares con tarjetas o a la propia compra de dólares? El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclama a gritos que el Gobierno cumpla con el compromiso de coparticipar con las provincias ese impuesto. Ese discurso es muy seductor para otros gobernadores y sus diputados. El Gobierno, a su vez, tiene razón cuando dice que el plazo de ese impuesto es muy breve, porque dentro de poco se levantará el cepo a las transacciones con dólares y dejará de existir.

El destino vacila. Un gobierno muy frágil surgiría de una eventual derrota en el Congreso. Eso es lo que empujó a Macri a hacer una apelación desesperada a sus diputados para que ayuden a aprobar cuanto antes la ley que soñó con ser una megaley. Milei contó hasta con la buena voluntad de tres diputados con experiencia parlamentaria: Pichetto, el macrista Cristian Ritondo y el radical Rodrigo de Loredo; los tres saben que no es momento para un fracaso político del Gobierno. Todavía quedan otras batallas. No pocas voces oficiales señalan que los artículos económicos de la exmegaley promovieron una intensa agitación de los lobbies empresarios y que muchos de ellos lograron cambiar la opinión de algunos diputados. Hasta señalan que interceden pequeñas empresas vinculadas al manejo financiero del narcotráfico, aunque ese vínculo presunto no es público ni conocido. Ni siquiera hay constancia de que sea cierto. Pero el rumor ronda, alarmista, entre distintos despachos de la Casa de Gobierno. Oficialistas y opositores deberían acordar que el tráfico de drogas no participará nunca de la confección de leyes. La alternativa a ese compromiso será una nación fallida, un pobre país de mafias y mafiosos.