El proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y que será tratado en Diputados busca disponer que, como contrapartida del ingreso de dinero a un fondo para eventuales pagos por desvinculaciones de personal, los empleadores tengan una rebaja en la contribución destinada a financiar las prestaciones de la seguridad social a cargo de la Anses.

De acuerdo con el texto finalmente votado en la Cámara Alta, el pago de los empleadores con destino a un Fondo de Asistencia laboral (FAL) será de 1% de las remuneraciones del personal en el caso de las grandes empresas, y de 2,5% si se trata de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo ingresado se descontaría de las contribuciones para la seguridad social, que así se verían reducidas.

En principio, el mecanismo se pondría en marcha el 1° de junio próximo, aunque el Poder Ejecutivo podría postergar la entrada en vigencia hasta un máximo de seis meses, según el texto votado. Y podría establecer más adelante que las alícuotas suban hasta 1,5% y 3%, según sean grande o micro, pequeñas y medianas empresas.

Ambas decisiones dependerán de la situación fiscal, porque la medida le quita recursos al Estado para el pago de las prestaciones.

Y lo cierto es que la reducción de las cargas no provocaría una caída en los ingresos jubilatorios ni de otro tipo que cobra mensualmente parte de la población (como las asignaciones por hijo).

No están previstas, de hecho, modificaciones ni al cálculo de los haberes iniciales de quienes se jubilan, ni a la movilidad posterior de esos ingresos. Lo que ocurrirá, entonces, es que los recursos que no le lleguen a la Anses por efecto del recorte de las contribuciones, le deberán llegar desde otras fuentes, que hoy ya son utilizadas para los pagos de la seguridad social.

De todas maneras, es cierto que el gasto previsional podría achicarse este año, o crecer de manera más moderada que en otros períodos, por una razón diferente a la de un cambio en el cálculo de los haberes o en la movilidad. El motivo sería una menor cantidad de nuevos jubilados, considerando que ya no rige la principal moratoria por la cual en los últimos años se otorgó la mayoría de las prestaciones. El sistema previsto por la ley 27.705 para quienes estaban en edad jubilatoria y no habían reunido como mínimo 30 años de aportes, perdió vigencia el 23 de marzo de 2025, y en todo ese año los nuevos jubilados fueron 338.553, un 20% menos que en 2024 (de todas maneras, siguen rigiendo alternativas para cubrir faltantes de aportes).

La iniciativa del Gobierno prevé una reducción “en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social” de igual porcentaje de las remuneraciones que el aporte al FAL.

La ley 27.541 fija una alícuota de 20,4% de las remuneraciones para las grandes empresas privadas de servicios o de comercio, y de 18% para el resto de los empleadores (otras actividades y todas las pymes, además de entidades y organismos del sector público).

Los recursos de esas contribuciones van a diferentes destinos de la seguridad social, apunta el abogado previsionalista Daniel Pérez. Alrededor de 60 de cada 100 pesos van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 26 de cada 100, a asignaciones familiares; algo más 5 de cada 100, al Fondo Nacional del Empleo, y unos 8 pesos de cada 100, al PAMI.

Si se pusiera en marcha el FAL, el Estado debería enviar a la Anses más fondos provenientes de impuestos. Eso tendría un efecto fiscal, que el proyecto del Gobierno no indica cómo compensará.

Las prestaciones pagadas por la Anses tienen tres fuentes de financiamiento: los aportes y contribuciones de empleados y empleadores y de monotributistas y autónomos; una parte de la recaudación de tributos con asignación específica (como todo el impuesto al cheque y algo más de 10% del IVA), y las asignaciones del Tesoro para cubrir el déficit del sistema.

Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2025 el 79,4% de los recursos del sistema fueron “propios”, entendiendo como tales a los aportes y contribuciones y a los impuestos con asignación específica), y el 20,6% fue cubierto con giros del Tesoro (dinero de la recaudación general). En 2024, los recursos propios habían cubierto el 87% de los pagos, luego de que a partir de 2021 ese porcentaje subió año a año (en 2020 se tocó un piso de 55%).

Si se aprueba la rebaja de las contribuciones, tendería a ampliarse la participación del Tesoro en el financiamiento. “Están considerando una mayor afluencia de impuestos” para el pago de prestaciones, sostiene Pérez, quien enfatiza que no se afectarán los montos de las jubilaciones, porque eso está definido por la ley de Presupuesto.

En rigor, el discurso del Gobierno apunta al optimismo respecto de que, como efecto de la ley, crecería la ocupación laboral registrada y, en consecuencia, la recaudación por contribuciones. Pero, ¿en qué medida realmente podría ocurrir eso? “Imposible responder”, analiza el economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, quien sostiene que, más allá de eso, existen varias razones para una reforma previsional. “La Argentina tiene un gasto previsional relativamente elevado (más alto que el de países con demografía parecida), se gasta mal (hay muchas inequidades, malos incentivos e ineficiencias) y aumenta la expectativa de vida a la vez que baja la natalidad”, describe.

Para este año, la ley de gastos del Estado nacional no contempla cambios para el cálculo de las jubilaciones ni para la movilidad mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tampoco se prevé una suba del bono de hasta $70.000 para los ingresos más bajos. Ni se proyectan pagos extraordinarios. Y, si bien el Gobierno pretendió quitarle la movilidad a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al salario familiar del empleo formal, ese punto no se aprobó en el Congreso, por lo cual seguirán los reajustes mensuales por IPC.