El presidente Javier Milei anunció este jueves por la noche, en cadena nacional, el envío al Congreso de un paquete de proyectos que el Gobierno considera el andamiaje institucional de su programa económico. La iniciativa incluye la modificación de la Carta Orgánica para el Banco Central (BCRA), una regla de equilibrio en las cuentas públicas permanente bautizada como “grillete fiscal” y cambios en los mercados de capitales y de seguros. En qué consisten estos cambios, uno por uno.

Establecer que preservar el valor de la moneda volverá a ser el único objetivo de la entidad, dejando atrás las múltiples finalidades incorporadas durante el kirchnerismo, como: “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Se prohibirá de manera expresa cualquier forma de financiamiento monetario al sector público. La restricción alcanzará al Tesoro nacional, las provincias y los municipios e impedirá que el BCRA compre títulos públicos directamente en el mercado primario.

El Gobierno mantendrá el mecanismo actual para la designación del presidente y del directorio del BCRA, pero endurecerá las condiciones para su remoción: desde ahora será necesario el voto favorable de dos tercios tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.

Las ganancias derivadas de la valuación de determinados activos pasarán a integrar una “reserva técnica no distribuible”, mientras que los beneficios generados por la administración de la cartera solo podrán transferirse al Tesoro para cancelar deuda pública.

En el Gobierno evalúan impulsar el tratamiento de su pliego en el Senado una vez aprobada la nueva Carta Orgánica, de manera que su designación definitiva quede encuadrada bajo las nuevas reglas previstas para la conducción de la entidad. Hoy el expediente permanece en la Comisión de Acuerdos.

Es una regla permanente que impedirá aprobar o sostener presupuestos deficitarios. La iniciativa contemplará un mecanismo automático de corrección en caso de que las cuentas públicas permanezcan en rojo durante “varios meses consecutivos”.

Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán nuevas erogaciones, no podrán incorporarse empleados públicos ni adjudicarse nuevos contratos y quedarán suspendidas las transferencias discrecionales a las provincias.

Mientras permanezca vigente ese régimen excepcional, el presidente, el vicepresidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, diputados y senadores dejarán de percibir sus salarios.

Las prestaciones consideradas esenciales —como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguro de desempleo, salud, seguridad y defensa— quedarán expresamente protegidas. Milei anticipó además que invitará a las provincias a adherir al mismo esquema.

Busca canalizar el ahorro privado hacia el financiamiento de empresas e inversiones productivas. La iniciativa contempla modificaciones a distintas leyes para reducir regulaciones, disminuir la intervención del Estado y ampliar los instrumentos disponibles para empresas e inversores.

La posibilidad de emitir obligaciones negociables en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de cuenta. También se propone flexibilizar el régimen de financiamiento colectivo (crowdfunding), eliminando requisitos.

Eliminará el sistema de autorización previa para nuevos productos y lo reemplazará por un régimen en el que las compañías podrán diseñar libremente sus coberturas, mientras que el regulador solo controlará la solvencia de las aseguradoras y protegerá a los asegurados.