La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dio un nuevo paso en la consolidación de su fallo favorable a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF: dejó en suspenso todas las apelaciones pendientes vinculadas al caso y canceló la audiencia que había programado para este jueves, en la que iban a tratarse esos recursos. La decisión es la consecuencia del fallo de fines de marzo, que revocó la condena de US$16.100 millones impuesta por la jueza de primera instancia Loretta Preska, y apunta a ordenar el proceso mientras ese pronunciamiento no adquiera firmeza.

Entre las apelaciones que quedan suspendidas se encuentra la presentada por la propia Argentina contra la orden de Preska que le exigía entregar acciones de YPF como garantía. Al congelar ese y otros recursos derivados, el tribunal evita avanzar en cuestiones que podrían tornarse abstractas si el fallo queda finalmente confirmado.

El fallo quedará firme recién una vez que se agoten —o venzan los plazos para intentar— los dos recursos que la ley le permite interponer a los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Park. El primero es el pedido de revisión, un mecanismo por el cual no solo el panel de tres jueces que emitió el fallo, sino la totalidad de los magistrados de la Cámara del Segundo Circuito analizarían el caso.

El segundo camino es un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que recibe entre 7000 y 8000 peticiones por año y acepta revisar apenas alrededor de un centenar, generalmente vinculadas a cuestiones de derecho federal con amplias implicancias para el sistema jurídico. Un litigio centrado en la interpretación del derecho privado y público argentino difícilmente cumpla ese umbral.

Los especialistas que siguen de cerca el expediente coinciden en que las chances de revertir lo resuelto son bajas en ambos casos. Los mercados ya habían anticipado ese diagnóstico: cuando se conoció el fallo de alzada a fines de marzo, las acciones de Burford se desplomaron un 40% en Wall Street y un 46% en Londres.

A fines de marzo, la Cámara del Segundo Circuito revocó, con dos votos a favor de la Argentina y uno en disidencia, la sentencia de primera instancia. Esta había ordenado al Estado argentino pagar más de US$16.100 millones más intereses por no haber respetado los derechos de los accionistas minoritarios de YPF durante la estatización de 2012. El tribunal también confirmó que YPF quedaba eximida de toda responsabilidad en el proceso.

Los jueces Denny Chin y Beth Robinson determinaron que Preska había interpretado erróneamente el derecho argentino: los estatutos de una empresa no generan obligaciones bilaterales entre accionistas que habiliten una demanda de daños contractuales ante un tribunal estadounidense, y la ley de Expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación. El juez José Cabranes votó en disidencia, respaldando la posición original de Preska.

El fallo no fue una absolución moral para la Argentina. El propio tribunal reconoció que el Estado violó los estatutos de YPF y que su negativa a cumplir las promesas hechas a inversores extranjeros durante la privatización de los años 90 daña la credibilidad del país como destino de inversión. Pero separó esa valoración de la cuestión jurídica central: el remedio legal elegido por los demandantes sencillamente no existe bajo el derecho argentino aplicable al caso.

Burford, que había adquirido los derechos de litigio de las empresas Petersen por €15,1 millones y que, en caso de haber cobrado, se habría quedado con el 70% de la indemnización, mantiene abierta la posibilidad de seguir peleando.