En una tercera señal de respaldo, la Procuración del Tesoro de la Nación informó este sábado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un Memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para respaldar nuevamente a la Argentina en el juicio por la estatización de YPF. Según el Gobierno, se realizó a través de una moción de emergencia con el objetivo de suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso.

El nuevo apoyo es frente al pedido de desacato y de sanciones promovido por los demandantes en el marco del juicio que condenó al país en primera instancia a pagar US$16.100 millones.

“Cabe recordar que, en su moción de emergencia presentada el 6 de marzo, la Argentina solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026″, indicó la Procuración, a cargo del exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio.

El texto luego enumera lo que consideró la administración de Donald Trump en su memorándum: “Sostiene que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad. Señala que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos”.

Y continúa: “Al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior”.

En consecuencia, el memorándum solicita que ”el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores". Hacia el final del comunicado del gobierno de Javier Milei, se agradece el respaldo a Estados Unidos.

En febrero, la jueza que condenó a la Argentina, Loretta Preska, le había negado al país la suspensión del proceso de discovery, que busca bienes del Estado que puedan ser embargados ante el eventual cumplimiento de una sanción por el caso de la estatización de YPF.

Del otro lado de la Argentina está el demandante -el estudio internacional Burford Capital- que compró los derechos a litigar de las sociedades (Petersen Energía y Petersen Inversora) creadas por la familia Eskenazi. Esta firma no sólo busca que la Justicia estadounidense ratifique la sentencia, sino que, en paralelo, impulsa el expediente que busca bienes embargables.

La primera señal de respaldo estadounidense es del 26 de febrero. Por medio de un escrito presentado en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York de la jueza Preska, el Departamento de Justicia advirtió que el “litigio en tribunales de Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.

El documento, espontáneo, fue una declaración de interés “para presentar la opinión de Estados Unidos sobre la moción pendiente presentada por los demandantes en estos casos, solicitando sanciones y un fallo de desacato” contra la Argentina.

“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad y debe ser rechazada”, amplió la presentación norteamericana.

También destacó los “esfuerzos realizados por el país” para cumplir con los “requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.

Menos de una semana más tarde, en los primeros días de marzo, el Departamento de Justicia solicitó intervenir en defensa del Estado argentino en la audiencia prevista para el 16 de abril, en la que se analizará la orden de primera instancia que obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes.

El proceso del juicio por la expropiación de la empresa comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso para el Estado argentino en 2023.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tiene tres alternativas: confirmar la sentencia de primera instancia, revocarla o reducir el monto de la indemnización fijada. Se espera que la decisión se conozca este año.

En 2012, se ordenó la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol. Fue Axel Kicillof, entonces secretario de Política Económica, quien lideró la estrategia técnica y política detrás de la medida.

En 2014, ya como ministro de Economía, encabezó las negociaciones que culminaron en un acuerdo de compensación. La Argentina se comprometió a pagarle a la petrolera española US$5000 millones en bonos. El Congreso aprobó el acuerdo, que Kicillof defendió como una solución para evitar litigios prolongados.

Los demandantes, los fondos Petersen Energía y Eton Park (que habían adquirido acciones de YPF), argumentaron que el país debía haberles ofrecido comprar sus acciones bajo las mismas condiciones. Como esto no ocurrió, presentaron la demanda en los tribunales de Nueva York, alegando un incumplimiento contractual.