En abril de 2006, el presidente Néstor Kirchner llamó a su despacho a Guillermo Moreno, entonces a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. El Jefe de Estado lo recibió en la Casa Rosada.

–Me parece que usted les tiene miedo a los empresarios– dijo el mandatario.

–Yo solamente le tengo miedo a Dios– contestó el funcionario.

–Bueno, si no les tiene miedo, quiero que Salas [Lisando, el secretario de Coordinación Técnica, que hacía los acuerdos de precios] tome su cargo y usted vaya al lugar de él.

–No tengo ningún problema, solamente necesito dos cosas: la primera es que se llame Secretaría de Comercio, porque su nombre actual nadie entiende ni sabe qué es. Y segundo, que me diga cuánto quiere de inflación para este año.

–Está bien, póngale el nombre que quiera –respondió–. En cuanto a la inflación, que esté debajo de un 11.

–De acuerdo –dijo Moreno, y se despidió. Llegó a la puerta y Kirchner lo volvió a llamar.

–Moreno: venga, venga.

–Usted me dijo muy rápido que sí. Sería mejor llegar a un 10.

–Así será –dijo el futuro secretario de Comercio Interior.

El diálogo es una parte del alegato en la causa que se investiga la intervención del Indec y que durante meses preparó el fiscal Diego Luciani junto con su colega Jose Ipohorski, un documento de 500 páginas que esta basado en las investigaciones que hicieron en su momento Carlos Stornelli y Manuel Garrido, entonces fiscal de Investigaciones Administrativas.

Poco más de 18 años después, Moreno; Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor, las empleadas del instituto Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, se sentaron en el banquillo de los acusados y escucharon los pedidos de pena: cuatro para los primeros y dos para las otras imputadas. Pero más allá de cómo finalice el juicio, por primera vez se conocieron los pormenores de aquella intervención, uno de los escándalos más importantes del kirchnerismo, ni más ni menos que la institucionalización de la mentira y el engaño como política de Estado.

Cuando Moreno cerró el despacho de Kirchner bien podría colocarse el mojón que terminó unos meses después, en enero de 2007, con el desembarco de Moreno, sus laderos y su patota en el organismo. La reconstrucción que expuso Luciani estuvo basada en decenas de testimonios que se escucharon en el juicio.

Moreno, implacable, no paró de ejercer el poder desde que se hizo cargo de la secretaría. A su manera, con sus polémicas formas que hoy son juzgadas. Desde su despacho inició la presión sobre los técnicos que hacían su trabajo en el Indec. Tenía una obsesión: quería la muestra que se hacía para relevar los precios. Pero claro, su búsqueda no era el trabajo técnico ya que pretendía saber todos los lugares donde se relevaban los precios. La intención era clara: imponer en esos lugares control a garrote y mentira para que el inspector tomara los calores que él negociaba con las cámaras empresarias pero que la mayoría de las veces no se encontraban en las góndolas. En una palabra, mentir.

Empezó, entonces, la presión sobre los técnicos del Indec. Clyde Trabuchi, una de las funcionarias del organismo, lo relató así en el juicio. “A medida que le comentaba [a Moreno] cómo levantábamos los precios, se reía. Todo con sorna. En un momento me preguntó si sabíamos que él era secretario de Estado y si entendíamos el poder que él tenía sobre nosotras”, dijo en su declaración testimonial.

En esa audiencia declaró que Moreno estaba violento, al punto que le gritó: “Cavallista, antipatria”. Contó que en un rincón de su oficina tenía una pila de papeles: eran sus mentados acuerdos de precios. “Los agarraba y empezaba a gritar: ´¡Yo quiero saber si todo esto está medido en el IPC!´”, exclamaba mientras reclamaba el detalle de negocios, direcciones, marcas, entre otros datos.

Trabuchi le explicó que lo que pedía era secreto estadístico y que junto a sus compañeros hacían un trabajo técnico, con mucha dedicación. “[Jorge Rafael] Videla también”, la cortó el secretario y le cerró la puerta en la cara.

Graciela Bevacqua, la directora de IPC más tarde desplazada, relató otro momento de presión extrema. En 2006, mientras estaba de vacaciones, en su casa recibieron un llamado. Atendió su hija, que en ese momento tenía 14 años. Era la ministra de Economía, Felisa Miceli. De acuerdo al testimonio, la funcionaria pidió a la niña el teléfono de su madre. “Su hija le dijo Miceli que no lo tenía, dado que tal como sucede en muchísimos hogares, la menor tenía instrucciones de no brindar información personal a desconocidos”, describió Luciani en su alegato. “Fue entonces cuando Miceli empezó a amenazar a su hija: ´Sabés quién soy yo; lo que te puede pasar. Soy la ministra”, relató el fiscal.

El desembarco de Moreno y los suyos en los datos se dio sin piedad. Munido del poder que le daba Kirchner y amante de la política del apriete, el secretario desafiaba cualquier secreto estadístico; estaba dispuesto a romper cualquier procedimiento con el propósito de estampar menos de 10% en el índice de precios de aquel 2006.

De a poco, empezó a mandar emisarios a los locales donde se relevaban los precios. Sus hombres llegaban, inspeccionaban, hacían multas, amenazaban y dejaban una lista “sugerida” que se debía entregar al encuestador, cuando toque el relevamiento. Alicia González, encuestadora del área de IPC relató un episodio que sucedió en shoping Alto Avellaneda, en la casa de indumentaria Cheeky. “Le entregaron una hoja preimpresa y le pidieron en el local que entregara esos precios. No era algo habitual eso, que tuviesen una hoja preparada para el Indec. Le llamó la atención porque ellos son muy sensibles a cualquier cambio de este tipo. La chica del negocio no le quería contestar el formulario de encuesta, quería que tome los precios del listado que le entregaba. Ambas se pusieron incomodas. La vendedora le dijo: ”Tomá los precios que están en esta hojita”, relató Luciani de acuerdo a las declaraciones. La empleada dijo que esa era la orden que tenía de la empresa y la encuestadora, para no comprometer a la empleada, volcó en el formulario esta información. Los precios no eran reales.

Moreno había hecho lo suyo, son los acuerdos de precios que firmaba y que pocos cumplían. Pero a él no le importaba la verdad, la simulación era lo suyo. Finalmente, los empleados no le entregaron nunca el listado de locales, pese a las horribles presiones del funcionario. El año terminó y Kirchner sonrió: el Índice de Precios al Consumidor de 2006 fue de 9,8%. Obediente y efectivo Moreno.

El año siguiente, 2007, empezó con los precios para arriba: en la primer semana ya tenía un estimado: 1,5%. La segunda proyección ya daba un 2,1% en el mes. Casi dos décadas después, sonroja escribirlo, pero sucedió. La lechuga había subido por una cuestión estacional y esta verdura, más el pan y los servicios turísticos, enfurecieron a Moreno.

Entonces, llegó la intervención. Paglieri llegó al edificio del Indec con un memorandum, según Luciani, un verdadero manual de instrucciones de la intervención. Vanina Micello, empleada de la dirección IPC recuerda. “En relación con el pan, lo que se acuerda es que Paglieri pretendía que se tomaran los precios de los acuerdos, pero cuando los encuestadores íbamos al campo no estaban esos precios″, sostuvo.

Paglieri les decía que el pan acordado por el Gobierno no estaba ofertado al público porque se agotaba rápido, o porque justo cuando iban los encuestadores del Indec, estaba horneándose. Por eso, aunque no estuviese disponible, tenían que cargar el precio del acuerdo”, relató el fiscal basado en los testimonios de la causa.

Gabriela Soroka, también empleada y testigo, recordó haber sido especialmente presionada por Paglieri por este mismo tema: “Tuvo inconvenientes con el pan. La convocó a su oficina, sacó una bolsa de pan del cajón y empezó a golpearla. Le decía que ese era el pan cuyo precio ella pretendía que tomaran”, enumeró el funcionario judicial.

Pese a las presiones, los números no daban. Finalmente, pidió que se sacara la lechuga, la verdura que obsesionó a Moreno y Paglieri. Lo hicieron y el dibujo tomó forma: el mes cerró en 1,1%, mientras que la anual, en 8,5%. La intervención estaba consumada y 18 años después, los detalles de aquella catástrofe estadística podrían terminar con Moreno condenado, uno de los grandes íconos de la mentira como política de Estado.