Vaya a saber si fue desidia, desconocimiento o esa sensación de confianza de que las cosas no van a suceder. Pero, más allá de eso, lo cierto es que en una de las zonas más caras de Washington, cerca de la Embajada de la Argentina en la capital de los Estados Unidos, hay un palacete del Estado que está prácticamente abandonado. Y lo que es peor, no deja de acumular embargos en históricos juicios que decenas de acreedores le siguen al país para cobrar sus deudas.

“La casa de los embargos”, así la llaman los abogados que conocen de su existencia, es una mansión de alrededor de 700 metros cuadrados en pleno Dupont Circle, puntualmente en el 2136 de la calle R Street NW; tiene más de 10 dormitorios y nueve baños. Cuentan algunos huéspedes de la casona que, si bien no está abandonada, no tiene una mantención acorde con semejante propiedad.

“Era como llegar a una casa de estudiantes. No estaba bien mantenida, pero era vivible. Recuerdo que tenía al menos tres pisos, y había habitaciones con salas como de reunión. Pero no estaban mantenidas. Sí había una que la usaban las oficinas consulares y estaba muy bien. Era una gran residencia, muy atractiva para hospedarse porque no se pagaba nada y quedaba muy bien ubicada, muy cerca del Banco Mundial”, dijo un exfuncionario de la Procuración que se alojó en ese lugar durante años, cuando litigaba por la Argentina en el Ciadi, justamente el Tribunal Arbitral del Banco Mundial.

“La casa de los embargos” fue uno de los hitos de la diplomacia argentina. Se compró en la década del 70 con el fin de tener un lugar para que viva el embajador argentino y su familia, además de tener otro cuartel en medio del corazón político del mundo. Pero con el tiempo, y sin dinero para mantenerla, la casona dejó de ser residencia y tampoco sede diplomática.

El tiempo pasó, la familia de los embajadores empezó a alquilar residencia, modalidad que aún se mantiene, y la casona empezó a transitar un camino distinto. Era una locación para visitantes ocasionales y oficina de algunas cuestiones consulares.

De hecho, gran parte de los abogados del Estado que iban a Washington a defender al país en las decenas de procesos de arbitraje en el Ciadi tenían a la casona como lugar de residencia.

Pero, con la sofisticación de los juicios, la profesionalización de los litigios y el default por décadas que mantuvo la Argentina, y aún mantiene, con tenedores de laudos, juicios o títulos impagos, “la casa de los embargos” empezó a estar en la mira de los abogados.

En la ola de default que se dio desde la salida de la convertibilidad, hubo un fondo que la detectó. Se trató de Bainbridge, una estructura societaria con sede en Bahamas, que litigó al país por dos décadas contra la Argentina y que acaba de cerrar su negociación con el Ministerio de Economía. Se trata, como en la jerga se lo conoce, de un fondo buitre que compra bonos de países en default a valores bajos respecto del valor nominal, y que cuentan con capital, tiempo y abogados para litigar por décadas y lograr el cobro de un valor mucho más alto.

Este fondo fue el primero que detectó la casona. Allí empezó un nuevo litigio que trataba de delimitar los alcances del uso de la propiedad respecto de si era embargable o no.

Como principio general, los bienes de los estados utilizados para el funcionamiento soberano no pueden ser embargados. Pero desde mediados del siglo XX, casi todos los países, incluido Estados Unidos, adoptaron la doctrina de la inmunidad restringida: el Estado extranjero es inmune cuando actúa como soberano, pero no cuando actúa como un actor comercial cualquiera.

La casona de Washington se metió en medio de esta polémica y ya no sólo por el valor comercial, que seguramente está lejos de poder abastecer con su venta todo el reclamo de los fondos, sino por la simbología que suponía embargar un bien de la Argentina en el exterior.

El asunto es que en la justicia de Estados Unidos, que protege los bienes soberanos, la propiedad quedó expuesta, ya que no es suficiente que haya sido comprada para ser residencia del embajador en los años 70. La protegería si se usara efectivamente como tal. Y el problema de la Argentina es que durante años construyó, con sus propios actos administrativos, la prueba de que el uso es distinto, ya que el embajador vive en otra propiedad alquilada, con el Estado como inquilino.

La justicia sostuvo que la casona estaba deshabitada, con gastos de mantenimiento mínimos tercerizados (limpieza y fumigación) en lugar de actividad diplomática, además de que hay expedientes en Cancillería que muestran que el propio Estado evaluó públicamente venderla como excedente prescindible.

En el expediente, la defensa argentina que ensayó ante el reclamo de Bainbridge argumentó que ahí “se guardan documentos diplomáticos” y que, además, hay un mástil con una bandera argentina.

En 2014, con el caso “Discovery” que se dio por YPF, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que los bienes militares y diplomáticos en uso debían quedar fuera del alcance de los fondos buitre. La doctrina protege la función diplomática, no el inmueble como activo inmobiliario. Una embajada activa, con personal, archivos operativos y actividad consular diaria, es un caso de manual de inmunidad. Una casona cerrada con custodio y bandera es, para cualquier juez de Nueva York acostumbrado a litigar con la Argentina desde 2001, un activo embargable disfrazado de sede diplomática.

Así las cosas, la casona se embargó hace años. Si bien no hay información actualizada, varios litigantes llegaron con sus embargos para anotarlos en el título de propiedad de ese inmueble. La ecuación que siguió es de manual: propiedad embargada se mantiene menos.

En marzo pasado, el Gobierno negoció con los fondos Bainbridge y Attestor un acuerdo. Hace un mes, el 24 de junio de 2026, el Congreso aprobó el pago de US$171 millones para terminar con el reclamo de ambos fondos. Finalmente, se promulgó la ley 27.818 y entregó total validez al Acuerdo de Conciliación entre la República Argentina y Bainbridge Ltd. para saldar el litigio “Bainbridge Fund Ltd. v. The Republic of Argentina”. Como parte del cierre, los acuerdos implican que se le devuelvan los títulos originales y se extinga toda acción legal vinculada. Dentro de esta solución definitiva al litigio, pues se debería levantar el embargo a la casona de Washington.

Pero claro, no todo ha terminado. El reciente fallo de la segunda instancia, que confirmó el laudo del Ciadi en el caso de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, trajo consigo la posibilidad de que se vuelvan a poner en marcha todos los engranajes de ejecución de una sentencia contra el país.

Y entonces, la alicaída casona de los embargos de Washington volverá a ser escenario ya no de reuniones en el corazón del poder político del planeta, sino de peleas en los tribunales para ver si se puede embargar o no, pese al mástil y la bandera que flamea en la vereda.