Axel Kicillof sumó un nuevo capítulo a la historia de las peleas por dinero entre los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y la Nación. En un contexto de fuerte tensión política con el presidente Javier Milei, el gobernador que fue reelecto en 2023 se refirió al reparto de fondos públicos y la distribución de la recaudación de impuestos y habló de una “injusticia” entre el aporte que realiza la provincia y lo que recibe en materia de coparticipación.

Se trata de un reclamo histórico que cruzó diferentes administraciones de la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor producto bruto geográfico del país y que más aporta en términos de recaudación de impuestos nacionales. En ese sentido, los indicadores de ingresos bonaerenses en materia de coparticipación, el régimen que marca cómo se realiza la distribución de algunos impuestos entre la Nación y las provincias, la ubica entre las más desfavorecidas, junto a la Ciudad de Buenos Aires. Esto ocurre desde hace años.

A su vez, hay que considerar en este análisis otros rubros en la gestión de fondos públicos y el vínculo entre estados, como las transferencias discrecionales, vinculadas con giros corrientes y de capital (obra pública). Y en ese escenario, la provincia de Buenos Aires cobra mayor relevancia. Según estimaciones de Ieral, en 2023 el distrito gobernado por Kicillof recibió $1 de cada $4 que el Gobierno nacional transfirió a las provincias (24,2%).

Esa participación se mantuvo por encima del 24% durante toda la gestión de Alberto Fernández. Para comparar, Entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, nunca había sido mayor al 20,7%. Con Mauricio Macri, siempre superó el 21%.

Según estimaciones del Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), con base a 2022, la provincia de Buenos Aires estuvo un 45% por debajo del promedio nacional en cuanto al ingreso de fondos per cápita en el marco del régimen de coparticipación. Ese año, de acuerdo con este informe realizado a partir de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía, la provincia recibió $71.288 per cápita, lejos del $128.500 que representó el promedio nacional.

“Buenos Aires es la que menos gasto por habitante tiene, y es la que, junto con CABA, por realidades muy distintas, menos coparticipación por habitante tiene. Y eso es porque es un aportante neto de recursos: genera mucho más de lo que recibe”, apunta Nadin Argañaraz, economista y presidente del Iaraf, quien de todas maneras advierte que mirar únicamente la coparticipación muestra un análisis incompleto, porque hay que considerar otros factores como transferencias, fondos de asignación específica o exenciones.

Según sus datos, la Ciudad de Buenos Aires ($45.092), Mendoza ($118.058) y Córdoba ($127.274) también estuvieron por debajo de esa media. En el otro extremo aparecen distritos como Tierra del Fuego ($368.991), Catamarca ($365.702) y Formosa ($342.587).

En la práctica, un aumento de la coparticipación para Buenos Aires implicaría una reducción del ingreso por esa vía para otras provincias.

“Si uno calcula el aporte a la recaudación nacional de la provincia y lo contrapone con lo que recibe, claramente hay una brecha. Pero eso se achica si se considera la ejecución del gasto nacional, pero claramente si no es la más, está entre las más perjudicadas”, explica el economista Gabriel Caamaño, quien de todas maneras apunta contra las decisiones de gastos y egresos provinciales.

Ante la consulta de LA NACION, desde el gobierno bonaerense sumaron números a los planteos de Kicillof. “En base a esa distribución de los recursos coparticipables, la provincia de Buenos Aires recibe el 21,2% de los recursos que se distribuyen entre las provincias. Si se toma toda la recaudación nacional (incluyendo los no coparticipable), PBA recibe apenas el 7,5%, cuando aporta también el 40%”, indicaron fuentes oficiales.

“Es cierto que Buenos Aires es una de las provincias más perjudicadas, desde el punto de vista del federalismo fiscal, pero a pesar de eso no tiene un estado austero. Esa situación no justifica lo que Kicillof dice. La provincia gasta mal. La provincia tiene que hacer sus ajustes, gasta en cosas que no debería gastar y no lo hace en otras en las que sí debería”, agrega el economista.

A este respecto, fuentes del gobierno bonaerense sostuvieron que “al tercer trimestre de 2023, el gasto público por habitante de la provincia fue de poco más que la mitad del resto de provincias y CABA. Son $342.000 contra $612.200 del promedio. Así, esta brecha negativa asciende a $269.300 por habitante”

Desde la consultora Invecq aportan otra metodología para estimar el lugar de las provincias y su disputa por fondos con Nación, al estimar los pesos recibidos por cada $100 que aportan al régimen de coparticipación, y ubican a Buenos Aires como “estructuralmente perdedora”, según la define el economista Matías Surt.

Con este indicador, CABA, Neuquén, Chubut y Buenos Aires son las más perjudicadas (aportan más que lo que reciben), mientras que distritos como La Rioja, Catamarca o Formosa resultan los más beneficiados. En el último caso, sus ingresos por coparticipación más que cuadruplican lo que aportan al sistema.

Kicillof también planteó que su provincia y Córdoba son las dos con menor cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes.

Según estimaciones de Invecq, con datos correspondientes a 2022, las estadísticas convalidan esta afirmación. De acuerdo con registros de la consultora, Córdoba contaba a fin de ese año con 32 empleados públicos registrados cada 1000 habitantes, el menor registro de la Argentina.

Buenos Aires aparece en segundo lugar, con 37 empleados estatales provinciales cada 1000 habitantes en 2022. La serie muestra, sin embargo, una evolución particular. A fines de 2015, eran 41 empleados cada 1000, y a fines de 2019, luego de la gestión de María Eugenia Vidal, había caído a 36 (12,2%). En los años siguientes, se revirtió parcialmente la caída.

“Claramente, Buenos Aires no es la que más empleo público tiene en proporción al empleo total, su población o al producto geográfico, más allá de que en términos absolutos es de los estados más grandes”, advierte Caamaño.

El tercer lugar en este listado corresponde a Santa Fe, que en 2022 tenía 40 empleados cada 1000 habitantes (mismo registro que en 2015 y 2019).

El listado aparece condicionado por un factor poblacional: las tres provincias que encabezan el ranking son, también, las tres con mayor cantidad de habitantes (9,65 millones en Buenos Aires; 2,13 millones en Córdoba; 1,97 millones en Santa Fe).

Entre las provincias con mayor cantidad relativa de empleados públicos, en tanto, están Tierra del Fuego (128 trabajadores estatales cada 1000 habitantes), Santa Cruz -la misma cifra-, La Rioja (114 trabajadores estatales cada 1000 habitantes), Catamarca (108) y Neuquén (102).