“La última vez que lo vi me regaló un frasco de una mermelada de arándanos que él producía en unos terrenos que tenía en San Pedro. Es un gran final. Siempre se portó muy bien hasta que se portó mal”. El testimonio es de Santiago Bonta, damnificado de una presunta estafa a manos de Christian Silbergleit, un empresario con reconocidos emprendimientos inmobiliarios, como el primer edificio tokenizado del país, y negocios gastronómicos.

Según la denuncia que Bonta radicó en la Unidad Especializada en Ciberdelitos (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Alejandro Musso, el 26 de noviembre de 2024 le entregó a Silbergleit US$210.000 a través de un depósito en su billetera virtual con la promesa de un retorno. El acuerdo era que US$200.000 serían restituidos el 10 de marzo de 2025 para comprar o refaccionar un inmueble, pero el dinero nunca regresó y Silbergleit dejó de atenderle el teléfono tras 25 años de relación.

“Cada vez que iba a la oficina, me venía con un vino”, dice Diego Cossalter, que conocía a Silbergleit desde hace más de 30 años. En su caso, a junio de este año tenía invertidos más de US$580.000, mientras que su esposa, Flavia, tenía más de US$132.000 y su hermano, US$134.000. Ellos tuvieron feedback del empresario hasta fines de junio, principios de julio, cuando también les dejó de contestar y luego abandonó las oficinas que tenía en Puerto Madero.

Cossalter y su esposa radicaron una denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo de Ricardo Farías. Allí mismo recayó otra denuncia que asciende a 28 damnificados que habrían perdido US$12 millones. El abogado de ese grupo es Alfredo Soares Gache, quien habla directamente de un esquema ponzi.

“Tenemos comprobado que las últimas inversiones que recibió fueron para pagar intereses. Cuando empezás a hacer eso, eso es la estafa, y en el momento en que dejás de recibir fondos, colapsa. Entre abril y mayo había subido el interés y prometía retornos anuales en dólares de hasta el 15%, cuando antes los contratos eran por 9%, 10% o 12%”, explicó.

La mayoría de sus clientes tenía firmados contratos de mutuo con la empresa Auto Leasing, mediante la cual Silbergleit inyectaba fondos en emprendimientos de la economía real.

El más glamoroso es un edificio que se está construyendo en Punta del Este llamado Signature at the Sea. Allí, Silbergleit era accionista del proyecto a través de Izory S.A. LA NACION intentó contactar a la inmobiliaria que lo comercializa para conocer cuál es la participación del empresario, pero no obtuvo respuesta.

En Buenos Aires, también estaba construyendo el primer edificio tokenizado del país, en la calle Salta 1173, a través de la sociedad Salta 1173 S.A., ligada a Cocinarq S.A. Desde la empresa que colaboró con la tokenización, R3al Blocks, dicen que no tienen noticias del arquitecto ni del encargado del proyecto desde hace tres meses. Más allá de esto, recalcaron que quienes invirtieron a través de R3al no perdieron el dinero y tendrán sus retornos.

Según los damnificados, en el rubro gastronómico, Silbergleit tendría participaciones societarias en el restaurante Glorias de River Plate, en locales de Vico Wine Bar y en la distribuidora de vinos Dreamkers. Además, tendría un proyecto minero en San Juan llamado Golden Mining.

LA NACION contactó al entorno de Silbergleit. Su novia, Lorena Carrizo, dijo que él se encuentra “transitando una enfermedad grave, que fue estafado por sus socios y que se está presentando a derecho en todas las causas”. Además, negó que exista delito, como lo había indicado el Juzgado N°14. Allí, el empresario fue sobreseído por el fiscal Pablo Recchini en la causa iniciada por Cossalter, pero luego la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento. Cuando la causa volvió al Juzgado 14, se acumuló a la de los 28 denunciantes y el fiscal interpuso un recurso de apelación para que la investigación la lleve el juez. Ahora es la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la que deberá dirimir quién asume la investigación.

Los damnificados están decididos a continuar la pelea judicial a la espera de que en los tribunales se determine si estaban frente a un negocio que se derrumbó o ante una estafa cuidadosamente construida durante un tiempo.