Está en boca de todos los empresarios y expertos a la hora del reclamo por sus efectos distorsivos, y cada año que pasa la situación se agrava. Para seis de cada 10 ejecutivos de finanzas, el Impuesto a los Ingresos Brutos (II.BB) representa el principal obstáculo para la fijación de precios, el crecimiento de la economía y los planes de inversión, según la 11° edición de la encuesta anual de impuestos que elabora la consultora KPMG, a la que accedió LA NACION.

El relevamiento, que incluyó a más de 80 directores financieros y especialistas tributarios de compañías medianas y grandes, dejó al descubierto que la preocupación por el impacto negativo de Ingresos Brutos viene en ascenso: en el sondeo anterior correspondiente a 2025, el 54,4% de los consultados había expresado sus objeciones respecto del tributo; en la encuesta actual, ese porcentaje subió al 60,8%.

El sondeo de KPMG también reveló el desincentivo que significa el marco fiscal para la inversión: el 35,1% de las empresas señaló que se vio obligado a desinvertir el último año por la presión impositiva y para el 60,81% el resultado fue neutro (es decir, no efectuó o dejó de efectuar desembolsos por ese motivo).

Consultados sobre qué impuestos impactaron con mayor fuerza en los precios de los productos y servicios comercializados, los directores financieros mencionaron en primer lugar a II.BB con el citado 60,8%, bien lejos del resto de los gravámenes que aparecen en la lista: impuesto a las Ganancias (8,1%); otros impuestos, 13,5% (un 50% de ellos consignó impuestos municipales); el IVA, 12,1%; y el impuesto a los débitos y créditos (conocido como impuesto al cheque), con el 5,4%.

“Ingresos Brutos es un impuesto que incide cada vez más fuerte en el valor de los productos, en una época de lucha contra la inflación”, señala a LA NACION Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG y responsable de la encuesta.

El especialista de KPMG hace notar que la opinión negativa sobre II.BB –cuya alícuota recae sobre cada eslabón de la cadena de producción y comercialización, en efecto cascada- se consolida año tras año y que la brecha por sobre los demás tributos “es muy elocuente y persistente en el tiempo”. En esa línea, analiza que “de estas opiniones se desprende que es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”.

Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Ingresos Brutos representó en 2024 una recaudación para las provincias equivalente a 4 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y es, por lejos, la principal fuente de recursos locales, muy por encima de otros impuestos como Sellos (0,38% del PBI) e Inmobiliario (0,26%).

Ante la consulta de cuáles son las provincias que resultarían más costosas si fuera posible determinar precios de los productos diferenciados según su carga fiscal, el ranking fue liderado por la provincia de Buenos Aires, seguida de Misiones, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Respecto de un año a otro, Córdoba ascendió al cuarto lugar y Tucumán bajó al quinto.

Si bien la mayoría de las empresas señala que no restringió operaciones de venta de productos o servicios en alguna provincia debido a su carga fiscal, no deja de ser significativo –resalta KPMG- que un 28% de las firmas sí admita que lo ha hecho. Ese porcentaje, de todos modos, mostró una caída en la última encuesta respecto del año anterior (cuando un 33% de los ejecutivos se había expresado en esa dirección).

Misiones y Tucumán son las provincias más votadas a la hora de mencionar aquellas que, por su accionar fiscal, terminan conduciendo a una oferta más restringida de productos, indicó la encuesta. “Se trata de las mismas dos provincias que son captadas por esta pregunta en todas las ediciones de la encuesta anual”, indica Quiroga Lafargue y agrega que también llama la atención que existan empresas que opten por no vender a residentes de la provincia de Córdoba por razones fiscales, “pese al tamaño relevante de su mercado”.

El socio de la consultora resalta que, debido a esa voracidad fiscal, no solo se perjudican los fiscos de esas provincias, sino también los consumidores, “que ven achicada la chance de acceder a productos que se consiguen en otras provincias”.

En tanto, el 71,6% de las empresas no advirtió un incremento de II.BB durante 2025, pero un 28,3% sí, otro aspecto que resulta preocupante en el contexto actual. “Cuando la lógica debería ser no subir más, 3 de cada 10 respondieron que sufrieron una suba [de Ingresos Brutos]. Eso muestra que hay espacio del lado de los fiscos para fijar nuevos aumentos”, dice el socio de la consultora. Las jurisdicciones más mencionadas por esos incrementos fueron la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

La problemática de Ingresos Brutos tiene además otra dimensión que viene reflejando la encuesta en los últimos años: los saldos a favor que poseen las empresas considerando la multiplicidad de regímenes. Ante la pregunta de si la compañía cuenta con saldos de Ingresos Brutos, solo el 16% de los consultados respondió que no. Casi tres de cada 10 empresas (29,7%) dijo tener menos de $100 millones a favor; un 14,8%, entre $100 y $250 millones; un 16,2%, entre $250 y $500 millones; y un 22%, más de $500 millones.

En suma, un 84% de las empresas –2% más que el año último y 4% más que en 2023- tiene saldos a favor de impuestos provinciales de distintas magnitudes, un dato que refleja el funcionamiento anómalo de la estructura recaudatoria de Ingresos Brutos, según KPMG. “La generalización de este tipo de inmovilización financiera para las empresas es altamente perjudicial”, remarca Quiroga Lafargue y enfatiza que se trata de uno de los principales problemas que enfrenta la actividad privada.

“Las empresas pagan de más, lisa y llanamente, y los fiscos provinciales naturalizan la situación”, dispara el socio. “No le crean al contribuyente mecanismos ágiles para devolverles lo que pagaron de más. Da la sensación de que están cómodos. Es una locura”, completa.

Esa percepción empresaria de que a las provincias no les interesa reducir su presión fiscal se vio con claridad en otra de las preguntas de la encuesta. Consultados sobre cuáles son los interlocutores gubernamentales mejor predispuestos para atender sus reclamos impositivos, el que rankeó en primer lugar fue el Ministerio de Economía de la Nación, con un promedio de 5,70 (los entrevistados debían calificar a los organismos de 1 a 10). Las direcciones de renta provinciales sacaron un 3,2 y ARBA (provincia de Buenos Aires), un 3,1, ubicándose en el último lugar.

Quiroga Lafargue apunta al respecto que muchas empresas perciben que, si llevan sus reclamos por los saldos a favor a las justicias provinciales (ámbito natural para esa disputa), sienten que los fallos no tienen objetividad. “La mirada de las compañías es que no existe predisposición al cambio y que difícilmente la haya. Las provincias están recaudando más de la capacidad contributiva de esos contribuyentes”, advierte.

Tal vez por ese motivo es que los ejecutivos financieros de las compañías no tienen expectativas en que se avance este año en una reforma impositiva integral, que incluya la cuestión de los impuestos provinciales como eje central. “Casi un 90% de los encuestados no advierte predisposición ni viabilidad en el ámbito provincial para avanzar en reformas de la ley de coparticipación y de gravámenes provinciales en paralelo con una discusión de reforma tributaria”, indica el socio de KPMG.

Para las empresas, la mencionada reforma debería contemplar, en primer lugar, una simplificación tributaria en trámites, inscripciones, registros y demás aspectos formales; y, en segundo término, el mencionado replanteo de II.BB. Luego, el pedido empresario apunta a la consideración total del impuesto a los débitos y créditos a cuenta del impuesto a las Ganancias e IVA.

Al Gobierno nacional le ven mayor propensión a evaluar futuras reducciones de gravámenes que a otros niveles gubernamentales. En una calificación de 1 a 10, la administración nacional sacó un 6,9% y, en el otro extremo, la provincia de Buenos Aires obtuvo un 2,7%.

En cuanto a la relación con los organismos del Estado en general, la encuesta también destaca una brecha entre la valoración del ámbito nacional y el provincial. La Corte Suprema de Justicia obtuvo la mayor calificación en materia de objetividad, con 6,2 puntos, seguida de ARCA, con 6,1 puntos. Por el contrario, las administraciones provinciales enfrentan una percepción desfavorable, con ARBA ubicada en el extremo inferior del ranking, con 3,9 puntos.