Un grupo de entidades que reúnen a centros de salud anunció que se suspenderá la atención a afiliados al PAMI por 48 horas en clínicas privadas. Será el miércoles y el jueves próximos (21 y 22 de este mes), en reclamo de una actualización de los montos cobrados por los servicios y de cambios en las condiciones en los contratos, que, por ejemplo y según directivos del sector, establecen cupos para determinadas prácticas en cada institución.

Con la medida de suspensión -que no alcanza a la atención de emergencias-, las entidades dicen buscar “una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones” y evitar un mayor deterioro que, según indican, no se limitaría a la población del PAMI, sino que se extendería al sistema sanitario en general.

Según dijeron a LA NACION fuentes del sector, entre diciembre de 2023 y julio de este año, al tiempo que la inflación general fue de 241,8%, la cápita que paga el PAMI subió nominalmente un 110,55% en promedio. Por eso, haría falta una suba de 62% para que la variación de los aranceles quedara empatada con la que tuvieron los precios de la economía en general, si se toma como punto de partida el mes en el que asumió el actual Gobierno.

Sin embargo, el retraso se acumula desde antes. Según cálculos basados en un informe sectorial, lo pagado por la obra social por las principales prestaciones debería aumentar más de 90% para equiparar la inflación que hubo hasta junio pasado desde el inicio de 2023 (el año en el que el Índice de Precios al Consumidor, IPC, del Indec, avanzó un 211,4%).

La suspensión de servicios por 48 horas fue anunciada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia. En total, esas instituciones representan a más de 100 entidades de diferentes partes del país.

“La decisión llega después de muchos meses de gestiones en los que no prosperaron las instancias de diálogo impulsadas por las cámaras y mantenidas con autoridades de la obra social de los jubilados y del Ministerio de Salud”, señala el comunicado.

A la vez, se afirma que no hubo respuesta a un pedido de audiencia urgente que se le cursó el 14 de septiembre al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, tal como informó en su momento este medio. Con el funcionario, pretenden hablar de “la necesidad de avanzar en una reforma tributaria” para el sector y de encontrar una vía de solución para las cerca de 5000 entidades que mantienen deudas con el fisco, amparadas en la medida que le impide a ARCA iniciar ejecuciones por obligaciones impagas. Esa disposición fue prorrogada varias veces en las últimas décadas.

LA NACION consultó al PAMI y a autoridades del Gobierno sobre lo anunciado por las clínicas y sobre sus reclamos a las autoridades, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.

Según directivos del sector, la falta de avances y definiciones por parte del Gobierno ante la problemática hacen “inviable que las clínicas, hospitales y sanatorios privados continúen prestando servicios en las condiciones actuales”. Sostienen, entre otras cosas, que las prestaciones para los casi 6 millones de afiliados están restringidas por el modelo que le atribuyen al PAMI, y afirman que en los últimos meses la obra social “comenzó a derivar los contratos a los hospitales públicos, ya colapsados, quitando a las clínicas los pacientes que tenían asignados”.

Un índice elaborado por Capress muestra que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor cápita del segundo nivel de atención tuvo un incremento nominal de 447,47%. Según explicaron fuentes técnicas de la cámara, eso incluye “fundamentalmente internación, cirugías de baja y mediana complejidad y otros servicios que son los de mayor tasa de utilización por parte de los afiliados de PAMI”. En el mismo período, la inflación minorista fue, según el Indec, de 942,35%, y de allí surge que los aranceles deberían recibir una suba de más de 90% para empatar con el indicador del costo de vida. En el mismo lapso, los precios de los medicamentos tuvieron un alza de 1181,70%, según un indice de Capress, elaborado sobre la base de diferentes fuentes de datos, como el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos.

Además del reajuste de los valores, los prestadores reclaman “un modelo de atención adecuado para los jubilados”, una regularización de los pagos y el “fortalecimiento de las contrataciones en el sector privado -que cuenta con el 56% de las camas del país-, sin sobrecargar a los hospitales públicos”.

En lo que va de este año, las clínicas afirman que lo pagado por el PAMI aumentó en muchos casos un 1,9% en junio y otro 8% en julio (la variación no es la misma para todas las prácticas). Además, se dispuso un adicional para los prestadores de internación que superan ciertas tasas de uso. “Son incrementos muy inferiores a la evolución de los costos y se perciben a 90 días”, afirmó un directivo.

En el caso de las clínicas de la Patagonia, el reajuste este año fue de un 8% “y aplicó solamente a una parte de los servicios”, según dijo Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII, de General Roca, en Río Negro. “El grupo de alta complejidad tuvo cero aumento e, inclusive, en octubre hay una disminución de los precios en ese grupo, y un sistema de limitación de prestaciones de hemodinamia, cirugías cardíacas y neurocirugía”, agregó.

El directivo estimó que, si se consideran las prestaciones con y sin aumento, “se podría decir que la actualización de precios del PAMI en los primeros nueve meses del año no supera, en promedio, el 4% o 5%, un dato muy variable según la complejidad de cada clínica”. En el período, el IPC general avanzó un 22,6%.

En las clínicas de la Patagonia hubo ya varias expresiones del conflicto con el PAMI que afectaron a los pacientes. A fines de agosto se suspendió la atención por 24 horas. También prestadores del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza afectaron sus servicios como una forma de manifestar sus reclamos, según consigna el comunicado de las cámaras de salud.

A la insuficiencia de los ingresos se agrega, según las entidades, la vigencia de cupos a las prestaciones ambulatorias que dispone el PAMI. Existe un tope a la atención por afiliado y otro tope por prestador. El segundo, según entienden representantes de las clínicas patagónicas, no tiene más objetivo que ponerle un techo al gasto, “sin criterio sanitario”.