A fines de julio del año pasado, Eduardo Hecker estaba en Catamarca. Lo presentaban en un acto del sector minero y, un segundo antes de que el presidente del Banco Nación subiera al escenario, miró su celular: lo habían “renunciado”. Mientras, pasó algo similar, pero en Estados Unidos.

Silvina Batakis, entonces ministra de Economía, se despidió de Jorge Argüello en el Aeropuerto de Washington. El embajador, anfitrión de la funcionaria, le había preparado una agenda de presentación en el centro del poder político americano. Ella, satisfecha, tomó un avión a Houston, desde donde abordaría otro a Buenos Aires. Durante la escala, encendió el celular y se encontró con la sorpresa: había sido reemplazada por Sergio Massa.

Llegó a Buenos Aires y pidió la presidencia “del Nación”, como se lo conoce al banco estatal. Se la dieron, y corrieron a Hecker, el otro desplazado, como director del Banco Central. Algo así como minimizar los riesgos de despecho con plata estatal. Desde entonces, Batakis consolidó una tendencia contra cíclica en el sector bancario: mientras toda la banca fue restrictiva con el ingreso de nuevos empleados, la fugaz exministra hizo crecer la planta en la entidad.

La paradoja no es menor. De su corto e intrascendente paso por el Palacio de Hacienda quedó apenas un legado. Se trata de un decreto, el 426 del 21 de julio de 2022, que establece que “las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional (...) no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. Taxativa y elocuente, y la norma termina con la siguiente rúbrica: “FERNÁNDEZ [tal como firma los decretos el Presidente, con mayúscula y sin el nombre] - Juan Luis Manzur [entonces Jefe de Gabinete] - Silvina Aída Batakis “.

Desmemoriada, la presidenta “del Nación” violentó la norma no solo con su exmarido y con una numeróloga, sino que incorporó 334 empleados nuevos desde julio del año pasado hasta agosto, último dato oficial que publica el Indec todos los meses, donde se cuentan los empleados públicos de toda la administración nacional, además de los dependientes de las empresas públicas y de los organismos descentralizados.

Aquel decreto era preciso y tenía como finalidad mandar una fuerte señal de austeridad a una sociedad a la que había que ajustar ante una escapada del gasto público. El 11 de julio de 2022, en una conferencia de prensa, Batakis estaba rodeada de tres ministros (Daniel Scioli, Julián Domínguez y el único sobreviviente de los tres, Matías Lammens), además del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la también desplazada directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

En el centro de la mesa, pero también de la escena económica del invierno pasado, Batakis fue directa: “Todos los organismos deben estar alineados a buenas prácticas financieras. Vamos a hacer una modificación en la Ley de Administración Financiera en dos sentidos: la primera es que todos los organismos del Sector Público Nacional tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del Presupuesto y las erogaciones” , dijo. Y luego completó: “La implementación de congelamiento de la toma del personal que hoy tenemos vigente se amplía a todos los organismos del Estado”, anunció.

A los 10 días, se publicaba el decreto, arqueología regulatoria de por medio, quizá el único legado de su paso por el ministerio. “La prohibición comprende a las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos previstas por el decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017″, dice la norma que dejaba sin efecto un régimen de contrataciones especiales de profesionales y técnicos que no podía pasar los 12 meses.

Pero ya sentada en el sillón más importante del principal banco público de la Argentina, Batakis dejó de lado su propia norma para hacerse de un gerente cercano, su exmarido, Héctor Javier Silva, en un puesto clave, además de contratar a Verónica Laura Asad, más conocida como Pitty, la numeróloga, según informo el programa Periodismo para Todos.

Varias cosas se esconden detrás de estos nombramientos. El ingreso de su exmarido tiene algunas aristas y tres personas que conocen de adentro la entidad coincidieron en que no es posible que ingrese un gerente sin la anuencia del gremio, La Bancaria, que maneja Sergio Palazzo.

Para hacerlo efectivo, la gerente general ascendida por Batakis, María del Carmen Barros, desplazó a dos gerentes Negocios y Tecnología, Gastón Álvarez y Cristian Lestani respectivamente, y los mandó a sucursales del exterior. Lestanil, de sistemas, terminó en Miami. En ese lugar ingresó Silva, sin concurso de antecedentes ni examen, toda una anomalía en para un puesto eminentemente técnico.

Cuentan que La Bancaria tiene una fuerte impronta a la hora de que se sumen empleados, especialmente en puestos medios. Además, en los nombramientos de mandos altos, también hay una pseudo corporación: “los gerentes”. Ahí conviven empleados de mucha trayectoria y antigüedad, que han hecho el camino ascendente en la entidad y noven con buenos ojos que la política coloque nuevos alfiles en ese lugar del organigrama.

De ahí que muchos cargos políticos se completan en la casilla de “asesores”, que facturan o tienen contratos de corto plazo y se renuevan cada vencimiento. Justamente, en los pasillos del organismo corre un fuerte rumor: la gestión Batakis tiene en carpeta un proyecto para que los “asesores” queden incorporados a la planta permanente.

Pero hay más la contratación de la numeróloga Verónica Assad la realizó la gerenta Barros. Tras haber solicitado una consulta particular y quedar satisfecha con el servicio, la funcionará le ofreció un contrato que sería financiado por el organismo bancario.

Según pudo saber LA NACION, ese tipo de relaciones -en este caso de $1,8 millones por semestre, a razón de $600.000 por mes-, están autorizadas sin pasar previamente por el Directorio de la entidad, dado que para una dinámica mejor, la entidad establece un monto máximo de compra directa.

Sólo después, en un informe en el que pocos se detienen, se consolidan estas contrataciones que van desde suministros a locaciones de servicio, como este caso, y completan el proceso, son un visado. Es decir, podría haber muchos más casos. Por caso, Barros tenía posibilidad de contratar dado el monto de la prestación.

Barros, a su vez, también tiene contratado a una persona de su máxima confianza: Juan Manuel Romero. El 28 de julio pasado, el jefe de los choferes cobró de sueldo en mano poco más de 512.000 pesos, a lo que se sumaron otros $606.335,62 de horas extras. El 20 de julio, además, se hizo de otros $80.000 en concepto de viáticos y movilidad, un ítem que solo los altos funcionarios cobran. Todos estos pagos están autorizados por la gerencia General, es decir, por Barros.

Pero no todo termina ahí. Al menos dos colaboradoras de prensa de La Bancaria, que se ocupan de llevar el día a día del gremio, tienen contratos en la entidad. Con solo preguntarle a Sergio Palazzo se podrían conocer sus nombres.

Ahora bien, de regreso a la nómina del banco, la gestión Hecker/Batakis ha caminado en sentido contrario a lo que ocurrió en el sector. Por caso, la banca pública, que contiene a todas las entidades estatales e incluye al Nación, tenía 39.123 en diciembre de 2020 y llegó a 38.592 en marzo pasado. En ese período, los 10 principales banco privados pasaron de 47.626 trabajadores a 43.716, lo que representó una caída de 8,6% de su dotación. Mientras el total de mercado financiero pasaba de 103.515 a 98.028 dependientes, el Banco Nación, aumentaba.

Hace un año, Batakis firmó un decreto para ser más explícita en la prohibición de contratar nuevos agentes, algo que ya estaba vigente desde hace años. Pero el kirchnerismo siempre encontró los vericuetos como para hacer del empleo público su privilegiada bolsa de trabajo, o de favores. A nadie le importó la norma de la exministra, tan intrascendente, que ella misma se ocupó de violentar cada día hábil en el que llegó a trabajar. Entró a los codazos al Banco Nación; y con ese codo poderoso borró lo que escribió con la mano.